El próximo fin de semana se realizará la celebración anual del Día del Patrimonio, que desde hace varias ediciones se extiende durante el primer sábado y domingo de octubre, esperándose que en esta oportunidad movilice unas 40.000 personas.
En su 24ª edición, el Día del Patrimonio contará con más de 1.000 actividades programadas por aproximadamente 400 instituciones de todo el país que abren sus puertas para sumarse a la verdadera fiesta de la cultura que este año se realiza bajo el lema “Patrimonio y diversidad cultural”, en homenaje a los 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos.
La misma fue adoptada por la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 en París y constituye un texto básico de la ciudadanía mundial que contiene 30 derechos humanos universales que toda persona goza desde el día de su nacimiento y a los que nadie puede renunciar dado su carácter de universalidad e inviolabilidad.
Los derechos a la vida, la libertad, la igualdad ante la ley, a la no discriminación son algunos de los más conocidos pero la Declaración incluye un amplio repertorio de derechos que a través del tiempo han sido recogidos en numerosas convenciones, declaraciones y resoluciones internacionales.
La conmemoración del Día del Patrimonio pone también en primer plano el derecho a la cultura, el cual está contenido en el artículo 27 de la Declaración, que establece que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.
La sencillez de la redacción de este artículo –así como de los demás de la Declaración– no debe llamar a engaño dado que implica obligaciones concretas para las personas que forman parte de la sociedad y para el Estado que oficia como garante de cumplimiento de tales derechos.
En este caso en particular, el derecho al acceso y la participación en la vida cultural implica el desarrollo de políticas públicas y culturales que permitan su ejercicio en forma real y tangible en la vida cotidiana de los ciudadanos con independencia del lugar geográfico del territorio donde vivan o su carácter de extranjeros residentes, aspectos que involucran especialmente a colectivos como la población rural y los inmigrantes cuya cantidad viene creciendo en forma constante en Uruguay.
En lo que respecta a la población rural, sabido es que la distancia geográfica, el aislamiento o la dificultad para acceder recursos son elementos generadores de iniquidades, las cuales hallan su expresión también en el plano de la cultura. De ahí que sean bienvenidas iniciativas como “Un pueblo al Solís”, la facilitación para que pobladores de contextos rurales y pequeñas comunidades del interior accedan a funciones de teatro en el Florencio Sánchez o reciban películas en su localidad. Pero no es suficiente. Es necesario favorecer el empoderamiento de las propias comunidades para que no sean solo espectadores de la cultura y puedan participar de la creación cultural a nivel local.
En este sentido, existen experiencias que demuestran que es posible y sustentable. A modo de ejemplo y solo por citar algunos casos, se destaca la participación de las organizaciones sociales de la comunidad y vecinos en general en iniciativas fomentadas por fondos concursables que promueven el trabajo interinstitucional para la puesta en valor de la identidad local y que en nuestro departamento ha tenido muy buenas repercusiones en proyectos como los realizados, entre otros, en pueblo Esperanza y Estación Queguay. En ambos casos, rescatando aspectos de la identidad local los vecinos han sido capaces de recuperar su historia, tradiciones y valores propios de cada zona en clara demostración que cuando las políticas culturales llegan al espacio local y la propia comunidad es capaz de gestionar y ejecutar su puesta en práctica, pueden obtenerse resultados interesantes que demuestran que es posible aquello de “gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, pueden transformar el mundo”.
En este sentido es importante tener en cuenta que el patrimonio cultural no existe por sí mismo sino que es una construcción social. Es decir, se requiere de un grupo de personas que le otorgue significado, dando valor cultural y social a elementos de la cultura material y también a los bienes inmateriales que un grupo o comunidad elige como representativos de sí mismo y transmite a través de las generaciones.
Distintos autores señalan que la comunidad y sus relaciones con la cultura y el desarrollo sostenible han tomado gran importancia en las definiciones modernas de patrimonio.
Por otra parte, Uruguay ratificó en 2007 la Convención para la Protección de la Diversidad en las Expresiones Culturales adoptada por la comunidad internacional en 2005, la cual tiene como objetivo la creación de capacidades para que las comunidades puedan asegurar su desarrollo valorizando su cultura.
En cuanto a los inmigrantes, la multiculturalidad ha sido un signo constante en nuestra evolución social dado que las corrientes inmigratorias de épocas pasadas han influido notablemente en nuestra cultura.
Datos recientes indican que Uruguay ha triplicado su movilidad migratoria en los últimos 10 años y actualmente es uno de los principales países de acogida para inmigrantes en Latinoamérica: hay más de 30.000 extranjeros que han obtenido residencias en los últimos 3 años y continúan llegando, no para hacer turismo sino para establecerse y vivir aquí.
En la actualidad, según expresiones recientes del consejero de Primaria, Héctor Florit, un 2% de los niños que concurren a escuelas uruguayas son inmigrantes provenientes de 70 países, la mayoría de España, Brasil, Argentina y Estados Unidos, pero también del resto de América Latina, Asia, África y Europa.
Indudablemente que los servicios de Estado deben atender aspectos culturales referidos a la vida de esos niños y sus familias más allá de lo que puede proporcionarles la enseñanza básica desde una actitud de respeto a su cultura originaria y la diversidad cultural que su presencia implica.
Los derechos humanos no solo comprenden los derechos individuales sino también sus manifestaciones colectivas, por lo cual es necesario atender que no existe una sola identidad en el país ni una única definición de patrimonio sino que ambos conceptos se relacionan directamente con la diversidad cultural existente, la cual es necesario poner en valor y redescubrir en épocas de globalización tecnológica y cultural que se cuela de distintas formas en nuestra vida cotidiana.
Patrimonio y diversidad cultural
