Que hagan el ajuste los otros

Cuando queda poco más de un año para las elecciones nacionales en nuestro país, es poco probable –todo así lo indica– que desde el gobierno se intente corregir desequilibrios flagrantes de nuestra economía, y mucho menos si tomamos en cuenta que un día sí y otro también desde el equipo económico de gobierno –incluyendo al propio ministro de Economía y Finanzas, Ec. Danilo Astori– se difunden conceptos y discursos autocomplacientes que minimizan y hasta soslayan lo que el ciudadano común ve a diario, que es un parate en la economía, caída del consumo y creciente desempleo.
A esta altura, a estar por las “evaluaciones” que desde el Ejecutivo indican que estamos “blindados” o poco menos de las turbulencias regionales –siempre hay países que pueden estar peor, por supuesto– surge que se ha perdido ya un tiempo precioso en cultivar esta autocomplacencia y la negativa a asumir los hechos desde el equipo económico nos coloca en una situación cada vez más complicada, porque ni siquiera se asume el diagnóstico.
El déficit fiscal del orden del 4 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) es apenas una señal de este desequilibrio, porque se ha seguido incrementando el gasto del Estado mientras la actividad económica se enlentece y por lo tanto los recursos ya no son los mismos que los que se tenían en el período de bonanza que se dio en la década en que la coyuntura externa nos favorecía.
En estos períodos favorables es precisamente cuando deben instrumentarse las políticas contracíclicas, es decir cuidar las cuentas públicas y formar un colchón de recursos que permitiesen tener margen de maniobra para invertir en momentos como el actual, y de esta forma generar las condiciones para dar sustentabilidad a la economía mientras se campea el temporal.
Es decir no gastar el dinero a manos llenas, hacerlo contra resultados y siguiendo políticas sustentables en el corto, mediano y largo plazo, como hacen los países en serio, en lugar de acceder a la presión de las corporaciones, como hacen los gobiernos populistas en los que la “abundancia” dura hasta que se termina el dinero de los otros.
Este escenario no puede sorprender a nadie, porque si hay algo en lo que los últimos gobiernos han sido muy transparentes es en demostrar que para malgastar la plata no ha habido reparos, mientras sistemáticamente se ha desestimado toda observación sobre la necesidad de cuidar el gasto y alentar las inversiones por la vía de aflojar la presión tributaria sobre los sectores reales de la economía.
Sobre este panorama vale traer a colación reflexiones de las economistas Tamara Schandy y Florencia Carraquiry, del Departamento de Asesoramiento Económico y Financiero de Deloitte Consultores, las que subrayaron que en el actual contexto regional y global, el menú de opciones con que cuenta el gobierno para minimizar los efectos de este período de turbulencia es muy restringido.
Carraquiry evaluó a El País que mientras se están sufriendo las consecuencias del ajuste en la Argentina, “Uruguay sufrió un deterioro enorme de competitividad frente a su vecino. El tipo de cambio real bilateral con Argentina hoy está un 40 por ciento abajo de la media histórica, volvimos a niveles que no se tenían desde el quiebre de la convertibilidad a inicio de los años 2000”, y todo hace prever además un impacto negativo del turismo argentino en el Uruguay, a lo que se agregan las consecuencias del comercio de frontera.
Asimismo, ante las turbulencias regionales que agravan los problemas internos de Uruguay, evaluó que “a nuestro juicio en las condiciones actuales no hay espacio para una respuesta anticíclica. Con el alto déficit fiscal, la trayectoria creciente que viene mostrando la deuda y el contexto internacional”, es evidente que “el gobierno no podría responder con una política fiscal expansiva recortes de impuestos o aumento de la inversión pública”.
Schandy acotó, en la misma línea de razonamiento, que “por otro lado este shock también encontró a Uruguay con niveles altos de inflación y con una pauta salarial inadecuada para esta nueva situación”, en tanto “como la inflación de partida al momento del shock era alta, el dilema entre inflación y tipo de cambio se ha acentuado notoriamente”.
Igualmente, ambas economistas evaluaron que “Uruguay no está en crisis ni esperamos en el corto plazo una crisis, pero sí nos parece que tendremos un desempeño macroeconómico pobre en lo que resta de 2018 y 2019”.
Los riesgos parten de que la política económica está procurando que ningún frente se salga de control, “pero en el proceso termina resignando un poco de todo”, y si no hay un cambio muy favorable en el contexto internacional, “ya llevamos un buen tiempo postergando ajustes y a nuestro juicio esta es la explicación del pobre crecimiento que tuvo Uruguay desde el fin del boom de commodities en 2014, con caída de la inflación y un crecimiento del PBI de menos del 2 por ciento anual en los últimos dos años y medio”.
Claro, el período preelectoral no es un buen momento para pagar costos políticos con ajustes que tendrán al principio consecuencias sociales negativas, y mucho menos cuando se han ido postergando para ver si los zapallos se acomodaban solos en el carro, lo que ha estado lejos de acontecer.
Esta reticencia a tomar el toro por las guampas de una buena vez nos ha colocado ya entre la espada y la pared, lo que no quiere decir que no sea posible tirar hasta después de las elecciones, pero a costa de que los correctivos resulten más drásticos y dolorosos, por supuesto.
Actualmente no hay economista que contradiga que en nuestro país se debe hacer un ajuste fiscal, el que quedará inevitablemente para el próximo gobierno, sea del signo que sea. Es que en economía no hay milagros, y los voluntarismos que niegan la realidad o pretendan esconderla solo hacen que lo que hoy se arreglaba con diez, mañana requiera cien y cada vez más.