La junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) fue creada en 1998 y, al menos hasta el año pasado muy pocos oían sobre sus funciones o consultaban a este organismo cuyo cometido es “propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia en la gestión del Estado, asesorar al Poder Judicial y a la Administración en la lucha contra la corrupción”, entre otros aspectos definidos en su web.
Sin embargo, se puso la mira sobre la Jutep en febrero del año pasado, cuando el presidente Tabaré Vázquez propuso la integración del organismo encabezado por el contador Ricardo Gil Iribarne. Seguidamente se hizo conocida al tomar casos de oficio, como por ejemplo el uso que hizo Raúl Sendic de las tarjetas corporativas cuando estaba al frente de Ancap. Y tanto influyó aquella investigación, la difusión de sus resultados, las convocatorias a Gil Iribarne y la trascendencia mediática de una denuncia periodística, que Sendic acabó por renunciar a la vicepresidencia de la República, en una situación sin antecedentes. El expresidente del directorio del ente petrolero quedó tan a la intemperie y sin defensas dentro de su fuerza política, que hasta ahora depende de las decisiones que adopte un plenario partidario sobre la pertinencia o no de continuar en el ejercicio político.
El dictamen de la Jutep decía: “Este directorio considera que los hechos verificados en estas actuaciones constituyen violaciones por parte del señor Raúl Sendic de las normas vigentes en materia de administración de fondos públicos”. Pero sin un fallo vinculante, la Junta solo recomendaba porque la ley que establece su perfil sancionatorio no tiene su decreto reglamentado.
El caso Sendic solo encendió la mecha porque el reguero de pólvora continuaba en Soriano, con el intendente Agustín Bascou; el senador Leonardo de León que usaba tarjetas corporativas de ALUR con fines personales; la opinión contraria a la decisión tomada por la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, por contratar a su hermano y a su pareja en cargos de confianza; o la situación de Miguel Brechner, que mantiene una deuda con el Banco República y su recomendación a ser removido del directorio del LATU.
Incluso tocó al consuegro del presidente, quien debió abandonar su cargo de chofer; o la situación del subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, que ahora depende de Eduardo Bonomi y por lo tanto su situación no obtuvo una condena. No obstante, durante el primer gobierno de Vázquez, era su prosecretario en la Presidencia, y aunque ameritaba un cese, al sistema político se le pasó ese detalle y la Jutep de entonces tampoco actuó de oficio, aunque estaba habilitada para hacerlo.
En los últimos años, la actitud de la clase política pasa de rasgarse las vestiduras y criticar las irregularidades en los otros, a justificar las acciones internas. Y mucho más en los meses en que emitió fallos con duros conceptos sobre asuntos en los que no era consultada la junta.
Eso se observó en una primera instancia durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados, cuyo plenario no aprobaba ninguno de los ocho artículos sin costo que proponía la Jutep para obtener mayores recursos. Allí expusieron la necesidad de alquilar las tres cocheras que no se usaban o dejar de publicar en un medio de circulación nacional. Cuando el proyecto pasó al Senado, tuvieron la autorización para digitalizar las listas de trabajadores omisos a las declaraciones juradas.
La Jutep comenzaba a actuar de oficio y sobre esto no había antecedentes, aunque hay casi 1.000 funcionarios públicos que permanecen omisos a la presentación del detalle de sus ingresos o la situación de algunos jerarcas que aún están en sus cargos, a pesar de las recomendaciones del órgano que apela a la “transparencia y ética pública”. La junta tiene escaso número de funcionarios y una ínfima cifra de profesionales para estudiar 55.000 declaraciones juradas anuales que recibe la oficina.
Ahora la polémica pasa por la Ley de Lavado de Activos y la postergación de la reglamentación del artículo 9, que prohíbe a los funcionarios estatales o de particular confianza a participar en sociedades anónimas de baja o nula tributación, o las denominadas empresas offshore.
El presidente del Plan Ceibal, Miguel Brechner, poseía una cuenta en dólares en Islas Vírgenes Británicas, mientras era deudor millonario en el Banco República. Entonces, no están claras las sanciones ni quién debe controlar esa obligación o tomar declaraciones a los involucrados. Sin embargo, para Gil Iribarne están determinados los sujetos obligados. En todo caso, se desconocen las sanciones ante un incumplimiento.
En cuanto al reclamo de un mayor presupuesto, a fines de setiembre la Cámara de Senadores aprobó un aumento del gasto de $4.700 millones que favorecen al Poder Judicial y a la Jutep, por tanto retornará a Diputados por dichas modificaciones.
En forma paralela se incrementan las denuncias ante la notoriedad adquirida con Sendic, pero los plazos de sus informes son, también, inciertos. Por si esto fuera poco, deben encargarse de capacitaciones, de las ya mencionadas declaraciones juradas o la representación de Uruguay ante organismos internacionales.
Gil Iribarne espera la versión final del presupuesto, donde se crea un cargo de ingeniero en sistemas. Si la plata se saca de los gastos de la Jutep, nuevamente estarán en dificultades. En resumen, se nota la falta de apoyo a los organismos de control, mientras la ciudadanía exige una mayor transparencia y ética a su clase dirigente.
Porque acá no importa el color del gobierno –nacional o departamental– sino el mensaje, en tanto aumenta el descreimiento. Lo peor que puede ocurrir es utilizar la herramienta de denuncia solo contra los adversarios, antes que por la ética misma. Y eso ya ocurrió, porque ninguno fue a denunciar a los suyos, sino que a través del fallo de la Junta y sus actuaciones de oficio, consiguieron hacer declaraciones más o menos acordes a las circunstancias políticas.
Transparentes y éticos
