Deterioro en el mercado laboral; desocupación entre menores de 25 años alcanza al 27% en el tercer trimestre de 2018

(EL PAIS)
La cantidad de personas desocupadas en la economía uruguaya se ubica en el mismo nivel que en el año 2007 e implica que unas 150.000 personas quieren trabajar pero no consiguen trabajo. Esa cifra representa al 8,5% de la población económicamente activa.
Según un informe de El País, en términos históricos, no son cifras que reflejen una crisis o un estado de emergencia, pero es el nivel que siempre se encontró la economía en la puerta de entrada de los peores momentos en materia de empleo. Es un tema que empieza a ubicarse en los primeros lugares de preocupación de la población.
En los hechos, la tasa de empleo baja persistentemente desde el año 2014. Estas tasas llevadas a cantidad de personas ocupadas determinan que, para el año 2014 se estimaba que existían 1.680.000 puestos de trabajo. Esta cifra bajó continuamente desde ese entonces hasta que en los doce meses terminados en setiembre pasado llegó a 1.630.000 y esta contracción ocurrió tanto en Montevideo como en el Interior. Una característica particular de este período es que la pérdida de puestos de trabajo fue muy intensa en los jóvenes, considerando para esta categoría las personas con menos de 25 años de edad, de acuerdo a la información presentada por el INE. El tema está en agenda desde 2015 con la ley de empleo juvenil. Esta política tuvo problemas de diseño y no llegó a tener un impacto significativo, mientras se analizan algunos cambios y medidas complementarias.
En los tres últimos años, el empleo global cayó 1,7 puntos porcentuales, pero la caída es más fuerte en los hombres (2,7 puntos) que en las mujeres (0,8 puntos). Sin embargo, como la tasa de actividad de las mujeres se mantiene relativamente estable, el desempleo se agrava más entre las mujeres donde sube 1,6 puntos porcentuales en los tres últimos años. El desempleo masculino en este período llega incluso a bajar en Montevideo, aunque no compensa la caída en el Interior del país.
La tasa específica de desempleo es una medida que, en lugar de dividir a los desocupados de un grupo etario o de género por la población activa total, la divide solamente por la población específica de ese grupo. En ese sentido, el desempleo de los jóvenes promedio del último año alcanza el 25,5% (27,0% en el tercer trimestre de 2018) del total de jóvenes encuestados. Para los mayores de 25 años la tasa específica es del 5,2%.

PUNTOS PENDIENTES ENTRE UE Y MERCOSUR

(EFE)
La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, y el ministro de Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, comprobaron en una reunión en Bruselas que todavía quedan asuntos por resolver en la negociación de un acuerdo de asociación entre la UE y el Mercosur. “Nuestros equipos han hecho mucho trabajo la semana pasada, pero aún quedan cosas por resolver”, reconoció Malms-tröm en su cuenta en la red social Twitter, en la que informó de su encuentro con Nin Novoa. Desde el pasado lunes se celebra en Bruselas una nueva ronda de negociaciones para el acuerdo, que incluye un tratado de libre comercio.
Fuentes comunitarias indicaron a Efe que las conversaciones técnicas se mantendrán hasta hoy martes. La reunión con Nin Novoa se centró en “hacer balance” de la situación de las negociaciones en curso y de “los buenos progresos realizados en la ronda de la semana pasada”, señaló Malmström en la red social. Entre los asuntos sensibles que aún imposibilitan cerrar el acuerdo están las indicaciones geográficas, el sector automotriz y el lácteo y la oferta de la UE de “acceso al mercado de productos”. El mandatario electo brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, ha dado a entender, según los europeos, que quiere reabrir capítulos del acuerdo ya cerrados en la negociación.

CONTRAINTERMEDIACIÓN LUCRATIVA ENTRE PRESTADORES

(PRESIDENCIA)
El Poder Ejecutivo pospuso por un año el período de movilidad regulada entre prestadores de servicios de salud, conocido como apertura del “corralito mutual”, porque no están dadas las condiciones para eliminar la intermediación lucrativa. El Gobierno trabajará junto a la Justicia para extender el marco legal a todos los responsables de este delito, afirmaron las máximas autoridades del Ministerio de Salud Pública. La postergación a febrero de 2020 del inicio del período de movilidad regulada se realizó mediante decreto.
En la sede ministerial de Salud Pública, el titular de la cartera, Jorge Basso, y el subsecretario, Jorge Quian, explicaron que el Gobierno y los prestadores trabajan desde hace un tiempo en la trazabilidad del sistema de movilidad, pero añadieron que requiere de mayores fortalezas para su funcionamiento y, en paralelo, del fortalecimiento de la figura penal correspondiente a la intermediación lucrativa.
“Se requiere actuar desde el punto de vista jurídico en promover una extensión del marco legal punitivo que define la intermediación lucrativa como un delito, extendiéndola a toda la cadena de responsabilidades vinculadas a este tema”, explicó Basso en alusión a la elaboración de un proyecto de ley, para lo cual el Gobierno solicitará colaboración a la Suprema Corte de Justicia y a la Fiscalía.
Explicó que “en 2017 se generaron procesos y procedimientos, fueron sancionadas y fueron a la cárcel personas por este tema”, pero “son todas causas abiertas, se siguen haciendo acciones y la Justicia no estableció que estén totalmente claras, al menos siguen abiertas”, dijo. “Esto determina que tengamos que tomar mayores precauciones, mayores certezas de que estamos en la dirección correcta para evitar que el dinero que aportamos todos los uruguayos para el Fondo Nacional de Salud se destine a la intermediación lucrativa”, agregó.
El ministerio recuerda que los usuarios pueden cambiarse de prestador en cualquier momento, ya sea por cambio de domicilio o por demostrar pérdida de confianza en la institución a la que estaban afiliados. En el último año se cambiaron 18.000 personas por estas causas.