El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como referente de la Administración Nacional de Puertos, incluyó un artículo en la rendición de Cuentas que prevé acortar los plazos por los cuales los barcos abandonados en aguas uruguayas pasen a poder del Estado, un trámite que hoy lleva más de un año y determina que haya buques que se hundan, pierdan navegabilidad o provoquen un accidente mientras esperan resolución, con la consecuencia que después sale demasiado caro deshacerse de ellos.
El presidente de la Administración Nacional de Puertos, Alberto Díaz, dijo a EL TELEGRAFO que “nosotros venimos insistiendo desde hace mucho en tener un procedimiento más ágil para declarar una embarcación a favor del Estado, y ahora se nos dio la opción, en la última ley de Rendición de cuentas, de poner un par de artículos en este sentido”.
ACORTAR LOS PROCEDIMIENTOS
Explicó que “lo que hacen es acortar el procedimiento, en un caso va a actuar la ANP y en otros casos la Dirección Nacional de Hidrografía. Lo que termina haciendo el procedimiento es que cuando hay un riesgo, una factura impaga o una condición de abandono determinada, que ese barco pueda pasar a favor del Estado e iniciar los trámites para su desguace o retiro lo antes posible. Minimiza los tiempos administrativos, y en lugar de requerir –como antes– la ANP al Ministerio de Transporte, éste a Presidencia de la República y vuelta para acá, ahora queda en el ámbito de la ANP en algún caso, y en otro en la Dirección Nacional de Hidrografía”.
Consultado si estos trámites no requieren intervención del Poder Judicial, dijo que “antes de declarar el abandono siempre se va a hacer una publicación para ver si aparece un dueño o alguien con legítimo derecho sobre la embarcación, por lo que la defensa de la propiedad está cubierta, nadie se va a apropiar de un bien que no sea suyo, entonces hay una garantía con esas publicaciones para la presentación del dueño”.
Agregó que “en todos estos barcos pueden aparecer problemas ocultos a simple vista. Porque pueden estar embargados, tener un juicio laboral o una deuda comercial, si hay gente viviendo en el barco. Por lo tanto, no se puede generalizar qué va a pasar con cada uno de los barcos sino que hay que estudiar en cada caso”.
LOS BARCOS COREANOS
“TIENEN DUEÑO”
En el caso de los barcos pesqueros coreanos que están en aguas del río Uruguay, frente al astillero sanducero, Díaz aclaró que “esos barcos tienen dueño, no es una situación igual a la que podemos tener dentro del puerto de Montevideo. Esos barcos fueron con destino a desguace y entiendo que hay un litigio entre quien llevó los barcos y quien oficia de dueño del astillero. Ese es otro tema”, y agregó que sobre la aplicación de los artículos de la Rendición de Cuentas y “cómo afecta hoy a esos barcos que están ahí, no lo sé. Pero en principio esos barcos tienen dueño que habían hecho un compromiso con el astillero para su desguace y así fue autorizado su traslado a Paysandú por parte de la Armada Nacional”.
Dijo que sobre la situación de esos dos pesqueros “algo sabemos porque parte del grupo empresarial que tenía el astillero de Paysandú creó otra empresa y está tratando de trabajar en otra área de la metalurgia o instalaciones eléctricas. Nos han venido a ver los que eran ex astillero, por identificarlo de alguna manera. Pero no tengo más datos”.
LA AUTORIDAD ES PREFECTURA
Preguntado sobre quién controla esos buques, su estabilidad como fondeados y que no haya problemas como los de Carmelo, y si queda a criterio de esas dos empresas, dijo que “en el río siempre hay una autoridad para los barcos que flotan, que es la Prefectura. Es así esté donde esté el barco, por lo que siempre hay algo que se puede hacer a través de esa vía. Si estuviera en un recinto nuestro o donde tenemos derechos (que no es el caso sanducero) obviamente tendríamos que actuar”.
Adelantó que “es un tema del que nos estamos ocupando con el director vocal (Juan Alcides Curbelo) para ver cómo había quedado finalmente esa situación, y el repaso es lo que le conté. Por ahora queda una situación de privado con privado, pero con esto que pasó en Carmelo, con los riesgos de un mal amarre, inclemencias o lo que fuera, tiene que estar cubierto. Y ahí veremos si actúa la Prefectura o el dueño del astillero”.