El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, informó que se realizaron 486 allanamientos y se derivaron a 160 personas a la Justicia en los once operativos “Mirador” efectuados este año.
Los datos formaron parte del discurso por los 189 años de creación de la Policía Nacional, donde aseguró que –de acuerdo al Latinobarómetro– la confianza de la población en la Policía alcanza al 59%.
Pero una cosa es el accionar policial y otra muy distinta, el judicial. La ciudadanía tiene un concepto de cercanía con la fuerza policial y un nivel bastante reservado por el resultado de algunas resoluciones judiciales, fundamentalmente las que tomaron estado público en los últimos días.
Si un joven es hallado responsable de actos vandálicos en el marco de una protesta callejera, donde los disturbios alcanzaron a rotura de vidrios, agresión a periodistas, pintada de edificios públicos, sedes diplomáticas y bombas de pintura, pero el fiscal dictamina que la suspensión condicional de la pena no implica que se suspendan sus vacaciones en el Este, entonces siquiera podemos sentarnos a evaluar la seriedad de una medida. Porque al parecer en este caso para la Justicia la sanción podía esperar a que el joven se tome las ansiadas vacaciones en un balneario rochense, al que se irá dos semanas durante el pico turístico de enero para que a su retorno, continúe con sus visitas semanales a la comisaría.
O al delincuente que quedó libre, tras comprobarse que provocó daños en un cajero Banred con intenciones de hurto que no pudo consolidar, se le prohibió acercarse a 500 metros del cajero que intentó robar. Queda fuera de discusión, entonces, que no podrá transitar cerca del dispositivo de 21 de Setiembre y Luis de la Torre, pero sí por cualquiera de los incontables cajeros que se ubican en Montevideo y la zona metropolitana. Claro que, en ambos casos, valió el hecho que son delincuentes primarios y sin antecedentes, pero el mensaje que trasmite es otro.
Por eso, no está en discusión la acción policial que es el brazo ejecutor en el territorio de una medida administrativa. A la vista de todos permea aún aquello de: “la policía los ingresa al juzgado por una puerta, pero los delincuentes salen por la otra”. Y esa construcción colectiva se reafirmó con denominado “efecto noviembre”, o el mes en que se puso en práctica el Nuevo Código de Proceso Penal.
En los “Operativo Mirador” se despliegan centenares de efectivos policiales y decenas de allanamientos se realizan en cada uno, con investigaciones vinculadas a homicidios y tráfico de drogas. Sin embargo, algunos finalizaron con detenidos porque estaban colgados del agua o de la luz y la fiscalía acordó como medida sustitutiva a una pena a que fijen un domicilio y regularicen las conexiones a los servicios públicos. Allí, por supuesto, no se encontraba la alta delincuencia. Y los “colgados” –que claramente infringen la ley– no conforman el perfil delincuencial que preocupa a una mayoría de los uruguayos, ante el incremento de los homicidios que este año puede cerrarse en una cifra cercana a los 400. Por otra parte, es absurdo que se los sancione sólo por estar colgados al suministro, cuando se sabe que hay barrios enteros en esa situación, con absoluta tolerancia de los entes públicos.
En otros casos, si se toma en cuenta el registro fotográfico de intervenciones específicas por la droga incautada, se constata un microtráfico y poca cantidad de dinero. Es decir, el narcotráfico es preavisado de los operativos –a pesar del sistema de videovigilancia– o esos no son los lugares donde realmente están los criminales.
Además, los residentes en esas zonas han reiterado que el fenómeno no es nuevo, simplemente se dejó pasar el tiempo y ante un reclamo generalizado, se prefirió comenzar a actuar en vez de continuar con la dialéctica parlanchina por la que desde el ámbito político se desmentía todo, acusando las versiones de maniobra opositora o de un Plan Atlanta que pretendía desbaratar al gobierno.
A todo esto, cuando decidieron entrar y aplicar lo que tantas veces rechazaron, es decir, la urticante “mano dura”, vieron que en realidad no se había exagerado para nada. Allí se constataba el asedio y gobernanza ejercida por bandas criminales en barrios vulnerables, generalmente alejados del centro de la ciudad y con una prolija organización de vigilancia. Pero para eso había pasado mucho tiempo, demasiadas vidas y situaciones injustas como la usurpación de viviendas y la intimidación a otros ciudadanos que no tiene garantías ni protección alguna del Estado.
En realidad, estos despliegues comenzaron el 21 de diciembre de 2017 en el barrio montevideano de Casavalle con la promesa de extenderse al Interior, cuando la exigencia ciudadana era que había que hacer “algo”. Porque nadie discute la importancia de aplicar mayor tecnología, capacitar a las fuerzas policiales, como repite hasta el cansancio el gobierno. El problema es que eso no alcanza para torcer la triste estadística de rapiñas y asesinatos que, siempre según cifras oficiales, se dispararon en comparación con el mismo período del año pasado. Y en este marco de circunstancia, tampoco debería “llamar la atención” del ministro, la preparación de los delincuentes y el empoderamiento de las bandas con las armas utilizadas en algunos asaltos, sin contar los vehículos de alta gama utilizados para cometer el delito.
No obstante, según el ministro, hay decenas de personas procesadas por diversos delitos y se han confiscado dispositivos de vigilancia, vehículos, drogas y armamento. En su discurso, durante el aniversario de la Policía, Bonomi afirmó que se orienta a “cambiar la dinámica y a ser muy claros en que la cultura de la impunidad no es admisible en ningún plano”, y se comprometió a profundizar el accionar policial.
Aseguró, también que ha “demostrado la inequívoca decisión de ejercer la autoridad y defender a las víctimas, que es el lugar desde donde nos paramos para conducir la política de seguridad”. Bien: esa es su función. Pero tantos años de pasividad y tolerancia infinita al crimen han llevado a que la ciudadanía se sienta desprotegida, indefensa. Y eso no se arregla con un par de procedimientos policiales.