Eduardo Bonomi, el ministro del “escrache”

Los incidentes protagonizados por el Ministro Eduardo Bonomi durante su reciente visita al departamento de Artigas volvieron a dejar en claro las prácticas con las cuales el Gobierno combate cualquier opinión contraria a sus intereses. Molesto por las expresiones y acciones de algunos manifestantes cuyo “pecado” fue tratar de mostrar una pancarta de disconformidad al presidente Tabaré Vázquez, Bonomi trató de evitar la protesta y posteriormente ordenó “escracharlo” difundiendo a través de la prensa sus antecedentes.
Si bien no se trata de una práctica novedosa (ya se utilizó contra el colono que protestó hace algunos meses en presencia del Presidente Vázquez), su repetición deja en claro la voluntad del Gobierno de amedrentar a quienes piensen diferente, olvidando que se trata de habitantes de la República que tienen derecho a ser protegidos en el goce de su libertad de pensamiento, expresión y reunión, así como en el derecho a su honor y respeto a su intimidad. No existe una sola norma que habilite a Bonomi a vulnerar de esta forma los derechos de los ciudadanos, aún cuando los mismos tengan antecedentes penales, circunstancia que el propio ministro debería entender y atender considerando su pasado guerrillero y su participación en hechos de sangre.
Ante esta censurable accionar ministerial, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) expresó, que el episodio protagonizado por Bonomi “se afectaron de forma ilegítima los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, consagrados en normas y principios sobre derechos humanos”. El INDDHH reafirmó asimismo que “las manifestaciones públicas pacíficas son una de las formas del ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de reunión, tal como ha señalado expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humano al indicar que “…la libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse”.
El Estado debe, por tanto, garantizar en todas sus formas el ejercicio de estas libertades de expresión, reunión y protesta pacífica, brindando protección a todas las personas incluyendo a los propios manifestantes”. Finalmente, este instituto recordó al Poder Ejecutivo y en especial al Ministerio del Interior “que toda medida que se adopte para asegurar la seguridad y la convivencia debe guiarse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, pues toda acción dirigida a preservar la tranquilidad en actos públicos debe disponerse desde una perspectiva de ponderación de derechos, y en ningún caso puede incluir la detención de quienes realizan la manifestación de forma pacífica”.
En cuanto al “escrache” realizado por el Ministro Bonomi al difundir información sobre el manifestante, el INDHH manifestó “su más profunda preocupación ante la reiteración de prácticas comunicacionales por parte del Poder Ejecutivo que, en su momento, ya fueron objeto de recomendaciones específicas por parte de la INDDHH. En concreto, esta Institución reitera que la difusión de información relativa a personas involucradas en los hechos (nombres; antecedentes, etcétera), desde ningún punto de vista aporta sobre la cuestión a la que se refiere al fondo del asunto.
Esta cuestión no es otra que atender, rigurosamente, a la aplicación de los límites legítimos que, en un Estado Democrático de Derecho, pueden establecerse respecto al derecho a la libertad de expresión y reunión pacíficas, sin generar “efectos inhibitorios al pleno ejercicio de los mismos”.
En ese sentido, la INDDHH entiende que, en este caso, como en el analizado en la resolución antes citada, el contenido del comunicado ministerial no “cumple con el principio de necesidad, pues no contribuye al debate amplio de ideas y opiniones, y no resulta el medio ajustado para resolver las controversias planteadas (…)”.
Si bien la contundencia y claridad de las expresiones del INDHH dejan en claro las omisiones en el accionar del Ministerio del Interior –y por ende de su jerarca, Eduardo Bonomi– no resulta ocioso mencionar que su Consejo Directivo está integrado por Mariana Mota, Mariana Blengio, Juan Faroppa, María Josefina Plá y Wilder Tayler, a quienes Bonomi no pude tildar de ser parte del mentado “Plan Atlanta” o de la supuesta conspiración entre medios de prensa y Poder Judicial a la cual esa fuerza política culpa de todas las cosas que no funcionan en el país.
Un reciente informe de la organización Amnistía Internacional (cuyas opiniones y campañas eran apoyadas y difundidas por el Frente Amplio durante la última dictadura militar) alerta sobre los peligros de criminalizar la protesta social y a quienes no opinan como el gobierno de turno, respecto de lo cual ha señalado que “a través del ejercicio de la libertad de expresión, las personas tienen la oportunidad de expresar sus opiniones e ideas e incidir en políticas públicas, relacionadas a asuntos que los afectan directamente. (…)
Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos, esto es, de garantizar que las personas dentro de su jurisdicción pueden ejercer estos derechos en la práctica, libre de toda injerencia de terceros”.
La lección que el Gobierno quiere transmitir es clara y directa: toda protesta contra su gobierno será criminalizada y sus protagonistas serán investigados y “escrachados” en todos los medios de prensa, como forma de intentar desalentar que los ciudadanos puedan expresarse libremente ejerciendo un derecho reconocido por normas constitucionales y tratados internacionales.
Para lograr ese objetivo, el Gobierno pondrá a trabajar (como ya lo ha hecho en otras ocasiones) todo el aparato estatal con la finalidad de buscar y encontrar cualquier detalle de la vida personal de los manifestantes para someterlos al escarnio público. A caballo de estas prácticas lamentables y antidemocráticas, Bonomi recurre a instrumentos similares a los utilizados por la dictadura que gobernó el país entre los años 1973 y 1985, lo que resulta especialmente paradójico viniendo de una fuerza política que fue especialmente reprimida y perseguida durante ese oscuro período de la historia uruguaya.
Resulta claro que, al Gobierno y especialmente al Presidente Tabaré Vázquez y al Ministro Bonomi, no le basta haber ganado en forma legítima las elecciones nacionales. Tales triunfos no son suficientes para sus ansias de poder y su objetivo de lograr una población dominada y obediente a sus políticas, por lo que ha optado por criminalizar cualquier protesta y escrachar a sus voceros.
Se trata de un camino muy peligroso cuyo destino está plagado de intolerancia, revanchismo y falta de libertades ya que vulnera derechos básicos que pueden ser ejercidos por cualquier ciudadano y cuya vigencia y efectivo disfrute debe preocuparnos a todos. En todo caso, y ante la actual arremetida del Gobierno contra las libertades individuales, resulta oportuno recordar la frase que se atribuye al escritor y dramaturgo alemán, Bertolt Brecht: “Primero apresaron a los comunistas, y no dije nada porque yo no era un comunista. / Luego se llevaron a los judíos, y no dije nada porque yo no era un judío. / Luego vinieron por los sindicalistas, y no dije nada porque yo no era ni obrero ni sindicalista. / Luego se llevaron a los católicos, y no dije nada porque yo era protestante. / Hoy vinieron por mí, pero ya es demasiado tarde”. Al fin y al cabo, en la actualidad cualquier ciudadano puede ser “escrachado” simplemente por cometer el “delito” de pensar diferente que el Gobierno y “atreverse” a expresarlo.