La ética y la gestión cuestionadas por un tribunal

En 12 carillas, el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio describió de manera lapidaria el accionar del actual senador Leonardo de León cuando estuvo al frente de ALUR, con una gráfica de sus gastos y copia de comprobantes incluidos
El dictamen comprobó “actos indebidos en perjuicio de su empresa y del interés y patrimonio públicos”, donde “examinados comprometen seriamente la responsabilidad ética y política del Cro. De León”. El Tribunal reconoce que “ALUR funciona como una entidad privada y el Cro. De León ha hecho hincapié en que la empresa no está sujeta a las normas jurídicas que rigen para la administración pública”. En contrapartida, el Tribunal considera que esta categoría “no puede aminorar el deber ético de rigor en la preservación del patrimonio público” y sus consecuencias llevan “a que las obligaciones se consideren aún más solemnes”.
Seguidamente detalla la “desvirtuación de los mecanismos de control”, con la “omisión” de rendiciones de cuentas, comprobantes y “falta de verificación de los gastos de cuenta”. Resulta por demás interesante la definición que realiza el Tribunal sobre el uso de las tarjetas corporativas de ALUR: “Desde la implantación del Instructivo en 2013 todos los gastos realizados por el Cro. De León con tarjeta corporativa tienen que considerarse irregulares porque cuando correspondieron a gastos de alojamiento o alimentación estaban cubiertos por el viático, y en todos los demás casos debieron justificarse en una rendición de cuentas que no se cumplió”.
Incluso va más allá y –por si hiciera falta– cita la definición de “viático” del Diccionario de la Real Academia Española como “lo necesario para el sustento de quien hace un viaje” y que, ciertamente, cubrieron las necesidades de alojamiento y alimentación. O sea que, “cargarlos a una tarjeta corporativa era improcedente, lo mismo antes que después de la introducción del Instructivo, y aunque éste no hubiera existido”.
Aunque el documento pareciera que maneja un lenguaje de obviedad, ésta se vuelve necesaria porque el Tribunal recuerda –así como todos recordamos las crónicas– que el expresidente de ALUR hizo “insistente hincapié, en sus escritos al Juzgado, en que su régimen de remuneración no incluía ninguna partida destinada a cubrir gastos de representación”. Según De León, bajo esa definición utilizaba también la tarjeta corporativa. Aunque el Tribunal comprende dicha circunstancia, repite que el exjerarca no estaba eximido “del deber de acreditar esa pertinencia”. Porque dicho deber “existió siempre por necesidades obvias de transparencia contable y de responsabilidad ante la empresa y sus accionistas”.
En este compendio, merece un capítulo aparte el apartado que refiere a gastos en hoteles y restaurantes –que corresponde a los rubros alojamiento y alimentación que cubre el viático– y que fueron abonados con las tarjetas corporativas. Incluso analiza los “gastos efectuados durante licencias” de De León, “en restaurantes y estaciones de servicio pagados con la tarjeta corporativa”. Paralelamente, el informe reconoció que el senador se negó a responder las preguntas del Tribunal y rehusó comparecer ante esta instancia, por tanto, “considera reprobable la actitud del Cro. De León”. A pesar de la insistencia del legislador en que su caso “está debidamente cerrado” para la Justicia, el tribunal partidario trata de ir más allá y aunque emite consideraciones que son ignoradas cada vez más por la fuerza política, sus informes revelan una constante preocupación por la ética y el interés público.
Pero esta labor del tribunal no es nueva, así como tampoco la indiferencia frenteamplista. Solo hay que recordar las razones de la renuncia del general Víctor Licandro en 2007, entonces presidente del Tribunal mencionado, por la falta de resolución de asuntos en trámite “que hacen a la credibilidad que debe rodear el accionar del tribunal” y entre ellos menciona el contralor de los frenteamplistas “designados en puestos públicos de particular confianza”.
Más allá del nuevo jingle de campaña surgido en el último congreso del Frente Amplio del fin de semana y la foto repetida de los cuatro candidatos abrazados, mientras sostienen la bandera uruguaya y la partidaria, permanecen los cuestionamientos del Tribunal. Además del informe referido al senador De León, hay otros 16 documentos que involucran a referentes y altos dirigentes.
Si bien el estatuto del FA es exigente para imponer sanciones, en tanto requiere de cuatro quintos del Plenario, nada dice que las manos estén prontas para levantarse y ejercer la reprobación que pueda limpiar un escenario que permanece bastante manchado desde setiembre del año pasado, cuando renunció el vicepresidente Raúl Sendic.
Incluso una parte de sus integrantes puede retirarse de sala o detener una resolución con 36 votos de un total de 175. Desde aquel momento y hasta ahora, solo saldan sus diferencias frente a un micrófono o cámara de los medios de comunicación, con directas o indirectas que poco aportan al problema, además de las consabidas frases del “viejo Vizcacha” que resultan algo anecdóticas.
Y claramente era previsible que el documento sería contundente con De León, porque un fallo similar emitió contra Sendic, por lo tanto, nadie puede pecar de inocente y creerse que el informe del Tribunal fue “un mazazo” para el Frente Amplio. Porque no hay “nada para festejar”, a pesar de la frivolidad de las fotografías y mensajes de ocasión. Y porque cualquiera sabía que en la interna se procesaba información delicada, donde no caben las ironías ni sonrisas de salón.