A partir del próximo 1º de enero, al presidente Tabaré Vázquez le quedarán 14 meses de mandato y luego, según lo anunciado por él mismo, se retirará de la actividad pública aunque en los últimos años no es muy fácil de creer –y mucho más si se recorre el espectro político actual– con viejos líderes a los que le cuesta esa vida de “retiro”.
Este año 2018, como cualquier año previo a una campaña electoral, se votó la última Rendición de Cuentas para esta administración y que regirá el primer año de la próxima. Una iniciativa parlamentaria que debió reasignar recursos en áreas específicas como la salud o la educación, cuando en realidad desde el oficialismo veían un panorama complejo. Bajo el discurso de la austeridad y la escasez, se observó una gestión que no bajó su propio gasto, por eso el rojo fue permanente y al tiempo que descendía el déficit fiscal en los últimos meses, nadie se animó a tomarlo como un logro del gobierno porque ya es sabido por todos que tal porcentaje de 2,9% en octubre se denomina “efecto cincuentones” porque esa transferencia sólo se usará para cubrir las jubilaciones que abandonaron el régimen de las AFAP.
Es así que a mitad del año, mientras todo estaba invadido por la “locura celeste” y su desempeño mundialista, en el Poder Ejecutivo se planteaba un incremento del gasto en 150 millones de dólares para financiar con más recaudación que, al menos hasta el 2017, venía bien. Pero la lata se vaciaba y se notaba que no había mucho para rascar.
La economía creció poco en una región complicada por los avatares de la corrida cambiaria en Argentina, y Brasil –que ya no es el mismo– se preparaba para un viraje en la orientación política en medio de elecciones presidenciales. Mientras eso ocurría, Uruguay sostenía un gasto al alza que presionaba su déficit fiscal, y que obliga a tomar medidas para su descenso, pero que difícilmente ocurra porque ya no hay espalda política ni económica para hacerlo.
La vía impositiva ya no da más, si se toma en cuenta lo recaudado por concepto de tarifas estatales y, políticamente hablando, los reclamos de la ciudadanía en general, productores agropecuarios, pequeños y medianos empresarios, entre otros, rechazan un nuevo incremento si se compara con los servicios prestados, por ejemplo en seguridad ciudadana o educación.
El panorama doblegó al discurso “políticamente correcto” y plantea, de antemano, un escenario antipático en el primer mes del año porque contrariamente a las posibilidades demostradas en las propias pizarras de bajar algunas tarifas –como la energía eléctrica o el combustible–, la decisión del incremento se adoptará igualmente. Lo que hay que esperar con ansiedad serán las explicaciones basadas en paramétricas que pocos conocen y en palabras marcadas por el tecnicismo que se utilizan justamente para que se entienda poco.
En el medio de la cuestión, hubo que pagar un incremento a los funcionarios judiciales a raíz de una ley que fue el resultado de una porfía política durante la gestión del expresidente José Mujica, pero que abonamos todos, y aumentos ya establecidos para los docentes. Entonces, con un gasto rígido, poco resta por hacer.
De hecho, todos pudimos ver que las discusiones parlamentarias transitaron por el espectro del voluntarismo y la experticia en malabares para sacar adelante una Rendición, sobre la cual se habló mucho de prioridades e inversiones.
Si se observa detenidamente, este último punto es un 7% del gasto total. O sea que si aspiramos a crecer como país pero no destinamos un presupuesto en inversiones, difícilmente se dé un despegue, al tiempo que crece el gasto en otros rubros. Por eso pateamos la pelota hacia adelante y clara prueba de esto es la Rendición de Cuentas a un año, ante la incertidumbre global. Es decir que, sin el “viento de cola” en la región –que a casi nadie en el oficialismo le gusta reconocer–, poco se puede hacer con miras al futuro. Y por esa razón, también, cuesta demasiado calcular un país a 15 o 20 años con políticas de Estado en asuntos trascendentales tanto para la economía, como para los ciudadanos.
Por eso se volvió necesario buscarle la vuelta a la forma de presentación de un panorama complicado que exigía nuevos aumentos y allí apareció la “consolidación fiscal”, tan manejada por el ministro de Economía, Danilo Astori, como criticada por la oposición y burlada por la propia ciudadanía.
No debemos olvidar, incluso, que fue el ministro que resistió desde la interna a otorgar tantas facilidades para la instalación de la segunda planta de celulosa e incluso apuró la salida –a comienzos del año pasado– del entonces director de política macroeconómica, Andrés Masoller.
Mientras tanto, Vázquez se apura a dejar su legado de “gurú” en hábitos saludables, a pesar del estigma que debe llevar sobre sus hombros con la regulación del mercado del cannabis. Los reconocimientos internacionales son el legado de su figura política, al tiempo que no logra –puertas adentro– cumplir con el compromiso de “cambiar el ADN” de la educación, o haber comenzado con “la madre de todas las reformas”, o dar explicaciones claras, sin ironías, sobre el gasto de obras presentadas con gran pompa como el Antel Arena, pero que quedarán bajo un secretismo incomprensible, como tantos temas que pasan a la órbita de Presidencia, en tanto evitan un control parlamentario.
Y como cierre final, las investigaciones parlamentarias –pero también las que llevaron adelante los medios de comunicación– obligaron a que la Justicia se pronunciara sobre el gasto de exjerarcas como Raúl Sendic y Leonardo De León que, con dinero público, participaron en peculado, abuso de funciones y “múltiples actos” contra “el interés público”, de acuerdo incluso a la definición del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio.
Es decir, se va un año movido pero aleccionador y el que viene no será tranquilo. Para nada. Solo hay que esperar argumentaciones cruzadas, verborragia violenta y mucho –pero mucho– retorno al pasado. Solo hay que sentarse y esperar.
