Organización social denunció que Vázquez “avasalla” la Constitución

El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), contrario a la instalación de la segunda planta de UPM sobre el río Negro, señaló que “el presidente de la República avasalla la Constitución”.
Según el movimiento, “organismos como la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) se desvinculan alegremente de sus responsabilidades legales y se hace una puesta en escena de Participación Ciudadana mientras que el gobierno sigue adelante en el tema como si fuera cosa juzgada”.
Movus recordó que el presidente Vázquez anunció el comienzo de “las obras del Ferrocarril Central el próximo mes de enero cuando el proyecto no cuenta aún con la requerida autorización ambiental y afirma que la empresa UPM está deseosa de firmar lo antes posible el contrato para su nueva planta de celulosa”.
Las organizaciones sociales “venimos promoviendo debates públicos y denunciando la inconstitucionalidad de los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo en nombre del estado uruguayo con la firma del mal llamado Contrato ROU-UPM”. Mientras Vázquez avala los anuncios realizados por Rossi y el director de la Dinama, Alejandro Nario –quienes anticiparon la aprobación del proyecto ferroviario–, aún no culminó el proceso legal de su evaluación.
Ayer viernes se realizó la primera audiencia pública sobre el proyecto en el barrio Colón de Montevideo “para escuchar las opiniones de la población, sobre todo de los vecinos que serán afectados. Y para el jueves de la semana próxima está prevista la segunda audiencia en la ciudad de Florida”, señala Movus.
El grupo cuestiona: “¿Qué valor le adjudica entonces el Presidente de la República a los procedimientos legales establecidos para evaluar la conveniencia para el país de estos proyectos?”
Según el movimiento, el proceso asociado al acuerdo con la multinacional finlandesa “se encuentra viciado por la violación de disposiciones constitucionales y legales. Así lo hemos explicitado en un petitorio firmado por miles de ciudadanos entregado a la Presidencia de la República solicitándole la anulación de ese documento”.
Movus ratificó “con el respaldo de centenares de firmas, con la denuncia ante la Cámara de Representantes” para su intervención ante lo que considera “acciones inconstitucionales” del Poder Ejecutivo.
El movimiento considera “de suma gravedad el momento político e institucional que atraviesa el país” y convocan a la ciudadanía junto a las organizaciones sociales y políticas, “a manifestarse en forma clara y firme en defensa de la Constitución y el estado de derecho”.