En Uruguay hay 321 presos cada 100.000 habitantes y eso ubica al país en el lugar 28 de un total de 222 naciones con mayores índices de prisionalización. En lo que va del año, se registraron 17 homicidios en las cárceles uruguayas y una cifra similar se registró en 2017.
La condiciones de reclusión, fundamentalmente en los centros de mayores dimensiones como el Comcar o el Penal de Libertad, habilitan a que se incrementen los reclamos al Estado por familiares de reclusos y que ganen los juicios. Como el último fallo judicial que condenó al pago de U$S 80.000, más intereses, a la familia de un preso asesinado en 2016, al tiempo que ahora se suma la familia de Marcelo “Pelado” Roldán, por su homicidio ocurrido en ese mismo lugar.
El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, reitera que las demandas son “una señal” ante la “ausencia del Estado”, con la falta de inversión en cámaras de seguridad en los centros de reclusión o de funcionarios que eviten las reyertas. A esto se agregan las circunstancias que mellan la convivencia y que, en última instancia, no es responsabilidad exclusiva de las autoridades.
Como sea, el Estado debe garantizar la integridad física y la vida, para evitar un aumento de los casos. Petit ha presentado múltiples informes y relevamientos, como el realizado en mayo pasado, donde precisaba que el 26% del total de la población carcelaria contará con posibilidades de reinserción en la sociedad, el 30% sufre tratos crueles e inhumanos y para el 44% las condiciones son insuficientes. La violencia en los centros de reclusión genera titulares y en pocos días se registraron una serie de hechos violentos. Los funcionarios, por su parte, aseguran que su riesgo laboral es de muerte, mientras no alcanzan los efectivos policiales para cubrir el hacinamiento existente en algunas prisiones.
Así como la violencia aumenta en las calles, ocurre de la misma forma en la interna carcelaria con la consolidación de bandas enfrentadas que continúan con su carrera delincuencial y de extorsión a otros presos. Además, la aparición continua de “cortes” y armas que ingresan a los recintos de las más variadas formas, confirman que ejercen poder e implantan situaciones de tensión que se reflejan en el relacionamiento con los operadores carcelarios.
En tanto el registro asegura que hay funcionarios que se enferman con mayor asiduidad y existen casos extremos de suicidio, se percibe la falta de contención u otras terapias para quienes se encuentran en la primera línea de fuego. En ocasiones, la solicitud de un determinado tratamiento implica el retiro del arma y la consecuente limitación laboral en condiciones de alta peligrosidad. La inferioridad numérica y el riesgo, conllevan a situaciones que suben de tensión particularmente en horarios de visitas o en salidas al patio.
Y bajo este escenario, los datos son elocuentes: en las prisiones uruguayas hay 20 veces más asesinatos que afuera, con una tasa de 154 cada 100.000. Hace dos años hubo 44 muertes violentas y el 25% de los casos se registraron en el Comcar. En 2018 bajaron, pero allí su escala es ascendente.
La semana pasada, Petit confirmó otro caso polémico con la muerte de un recluso por un disparo a corta distancia, provocado por un guardia del penal de Libertad que acusó a otro recluso. Una vez herido, quedó tendido en el piso y cuando fue atendido, ya había muerto. Por este caso, el Ministerio del Interior mantuvo en su página web la versión de un incidente ocurrido entre reclusos a pesar de que el ministro conocía la realidad de los hechos desde hacía al menos un mes.
Petit aclaró el caso en seis visitas a la cárcel y luego de entrevistarse con más de 70 testigos. El preso murió por un disparo de escopeta con munición no letal, pero a muy corta distancia y en una situación de indefensión porque una reja lo separaba del personal policial, en el marco de una situación caótica. La reacción de la secretaría fue el cese del director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el comisario Gonzalo Larrosa, a través de un comunicado que arroja poca sustancia a la problemática ya descrita. La cartera de Bonomi aclaró que el INR “transcurre un proceso hacia la separación definitiva del Ministerio del Interior y su transformación como un organismo desconcentrado que se comunique con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, proceso que se prevé para el año 2021. Ese proceso incluye el pasaje a la órbita civil de los destinos de un organismo encargado de la privación de libertad y la rehabilitación de las personas que ingresan al sistema”. El cambio de ministerio no significará un mejoramiento en las condiciones de violencia o reclusión, mientras falta equipamiento, tecnología y personal adaptado a las características de los centros de máxima peligrosidad e incluso al perfil de los reclusos.
La semana que comienza transitará por espacios políticos que finalizarán sin mayores resultados. La mayoría parlamentaria nos tiene acostumbrados a que las interpelaciones o los pedidos de censura, tal como ocurrirá este martes, se cierren sin consecuencias y espalda con espalda, a favor de Bonomi.
A los hechos de violencia carcelaria se suma la pasividad registrada ante un grupo minúsculo de violentos que, a cara tapada, vandalizó sedes diplomáticas, agredieron a periodistas y humillaron a policías que tenían órdenes explícitas de no actuar. Esas circunstancias demostraron una vez más que las manos están atadas, bajo la excusa de que si se reprime, “es peor”. Por eso rompieron y grafitearon todo a su paso, con la consumación de varios delitos y la violación de la ley, mientras protestaban contra la cumbre del G20 que se realizaba en Buenos Aires. Así actuaron con el amparo de los organismos que están obligados a su cumplimiento en un estado de Derecho que no garantizó la protección básica de las personas que cumplían funciones en el marco de la democracia.
Porque la falta de autoridad y el desgaste es notorio. Sin embargo, el sector al que pertenece el ministro es muy poderoso en una interna compleja y preocupada por resolver otros cuestionamientos antes que comience el año electoral. Como sea, a pesar de la existencia del mecanismo de censura en el artículo 147 de la Constitución, las condiciones –nuevamente– están dadas para que nada prospere contra el ministro. A pesar de una suma que, ciertamente, no comenzó con el incidente en Artigas.