“Desde el día tres de cada mes hasta el 13, por ahí, el centro comercial de San José tiene vida. Después olvidate, está muerto”, reflexionó Fernando Echedo, presidente del Centro Comercial de San José, al reseñar la situación del área del comercio y el empresariado en general en su departamento, sobre lo que da cuenta nuestro colega Ecos.
Seguramente desde el gobierno, como suelen hacer algunos de sus voceros y sobre todo parlamentarios y jerarcas del equipo económico, se diga que en este concepto debe haber pura intencionalidad política, porque según el presidente Tabaré Vázquez y sus directos colaboradores los números macro de la economía dan muy bien, y los cuestionamientos provienen desde sectores interesados en hacer creer que todo marcha mal, como es el caso de los planteos del movimiento Un Solo Uruguay.
Sin embargo, puede decirse sin temor a equívocos que lo que se vive en San José es el común denominador para todo el Interior y en menor medida para Montevideo, donde se sufren más tarde las consecuencias de la crisis del aparato productivo y la demanda de insumos consecuente que va en círculos concéntricos desde el interior profundo hacia el área metropolitana, donde el gobierno central reacciona mal y tarde, cuando ya el agua al cuello apenas permite respirar.
En este caso los comerciantes de San José denuncian que están ahogados por la carga fiscal, los aranceles de la bancarización obligatoria y la inseguridad, y se plantean todos los días cerrar definitivamente las puertas de las tiendas. “Desde el año pasado hasta hoy cerraron 100 locales entre medianas y pequeñas empresas, locales de familias como tiendas o negocios de pocas personas. Hoy se mantienen en pie las franquicias pero los comercios de toda la vida están desapareciendo. Los comercios que aún se mantienen en pie –que son más de 400– la pelean todos los días y algunos viven una situación agonizante. Si no cierran es porque no les da la guita para hacer un cierre ordenado y en forma”, agregó Echedo.
Estas reflexiones pueden perfectamente extrapolarse a Paysandú, a Salto, a Artigas, a Tacuarembó, a Lavalleja, donde solo se ve algo de plata en la calle los días de cobro y después desaparece, con muy escasos matices según las características de cada localidad. Es que se está dando ya con particular énfasis desde el segundo semestre del año pasado un creciente deterioro de la actividad en todo el país, con la consecuente degradación de la calidad y cantidad de empleo, aunque desde el gobierno se insiste en que se trata de planteos de los agoreros de siempre, que quieren que todo marche mal. Y una buena parte de la población no solo lo cree sino que hasta consideran que está bien que cierre “tal” empresa porque trabajaba mal, “tal otra” porque tenía empleados en negro, otra porque estaba muy endeudada, otra porque cobraba caro, otras porque “acá nos roban y en Colón cuesta la mitad”, otra porque… y ya no está quedando nada que dé trabajo ni que genere riqueza.
En esta particular visión interesada en disfrazar la realidad la culpa sería del que advierte sobre la situación, del que demanda correctivos cuando todavía hay tiempo, y en cambio quien cierra los ojos a la realidad y pretende hacer pasar gato por liebre para ver si con algún milagroso golpe de suerte la cosa cambia, para no pagar los costos, es el que actúa con “responsabilidad”.
“Cada empresa tiene sus causas para cerrar, pero hay tres que se repiten: una es la presión fiscal y las cargas laborales; es muy caro tener un establecimiento, pagas mucho de impuestos, y los salarios suben de forma regular cuando la venta viene en picada. Hay comercios del centro que pasan un día entero sin abrir la caja, o sea que no venden nada y tienen que pagar impuestos, salarios y tarifas. El tema de la bancarización obligatoria también, porque te insume una inversión y luego el tema de los aranceles, que te perjudica, porque uno vende por cien pesos y cobra 94 o 95, nunca cobra todo lo que vende”, sostuvo el presidente de la entidad empresarial.
En lo que refiere a la inseguridad consideró el presidente del centro comercial maragato que en esa ciudad “homicidios a comerciantes no hubo, por suerte, pero sí hurtos y rapiñas. Hay comercios que ni plata tienen en la caja y las familias se tienen que bancar que le pongan un arma en la cabeza. Muchos comerciantes cierran por miedo también”, en tanto la inseguridad llevó a que muchos empresarios decidieran equipar sus negocios con cámaras de seguridad, rejas o puertas especiales, lo que también es un gasto extra para las empresas, sobre todo las de pequeño porte.
Por añadidura “la situación de varias empresas que aún están abiertas es agonizante y si no cierran es porque hacer un cierre ordenado y como establece la ley se necesita mucha guita. Hay empresarios, comerciantes y familias que no cierran una tienda por miedo a quedar en bancarrota”.
Lamentablemente, la visión que relata Echedo no es exagerada, sino que pinta en toda su crudeza el universo empresarial del Uruguay, tanto de la mayoría de los sectores de servicios como los de las áreas productivas, porque en resumidas cuentas Uruguay es un país caro, y la culpa de que es caro tiene prácticamente un solo origen: el costo del Estado, aunque el gobierno pretenda hacernos creer que está todo bien y ordenado, y que los cuestionamientos solo los hacen quienes tienen comprometidos intereses político – electorales.
Incluso había alguna iniciativa oficialista de hacernos creer a los uruguayos que “es un mito” que las tarifas de UTE son caras, como si no viviéramos en el Uruguay, y tanto hogares como empresas no sufriéramos el goteo mes a mes de facturas leoninas, por lejos las más caras de la región, y que en gran medida obedecen en esta coyuntura a que UTE debe entregar a Rentas Generales no menos de cien millones de dólares al año para más o menos contener algunos de los agujeros del gasto público y el consecuente déficit fiscal.
Y estos sobrecostos los pagamos todos los uruguayos en todos los órdenes, en combustibles, en servicios, en impuestos, en cargas sobre cargas, porque hay que financiar al Estado, que gasta mucho y mal, y los ciudadanos hacemos el papel del pato de la boda.
Lo que es peor, al no reconocerse desde el gobierno que estamos ya ante un serio problema de viabilidad en muchos sectores, y mucho menos aún hacer algo al respecto –si no se reconoce el problema es explicable que tengamos a un gobierno cruzado de brazos esperando que las cosas se acomoden solas–, haciendo las veces de la orquesta del Titanic.