(EL OBSERVADOR)
A mediados de 2008, el Ministerio de Salud Pública cubano y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) firmaron un acuerdo para hacer un intercambio profesional entre el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y técnicos de Cuba. Ese convenio llevó a que desde 2013 el gobierno de la isla colabore con el diseño y reparación de prótesis ortopédicas para personas con amputaciones y capacite a recursos humanos uruguayos, mediante un contrato que fue considerado irregular por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) las seis veces que se renovó desde que se firmó por primera vez por no tener la aprobación de la Asamblea General del Parlamento, como debería tenerlo. El convenio observado el 12 de diciembre de 2018 por quinta vez incluye cláusulas que obligan al Estado uruguayo a pagarle a tres técnicos y licenciados en ortopedia un sueldo mensual de U$S 600, “garantizar alojamiento y asumir el gasto derivado (de la vivienda) con todas las comodidades y servicios necesarios”, según indican las condiciones del contrato, a las que accedió El Observador. Los “servicios necesarios” implican pagarles muebles, electrodomésticos, utensilios de cocina, gas, climatización, transporte cuando tienen que ir y volver del trabajo y hasta lencería (sábanas, toallas, manteles, etcétera).
A su vez, el pago no se les puede realizar en dólares americanos ni ser depositado en ningún banco que tenga algún tipo de vinculación con Estados Unidos, por lo que se hace en euros y Uruguay se hace cargo de todos los gastos bancarios que se generen. El Estado también paga los pasajes aéreos para que puedan llegar a Uruguay.
A cambio de esos servicios, los expertos cubanos deben “prestar servicios técnicos especializados en el área de la ortopedia técnica”. El trabajo dura dos años, pero un mes antes se puede renovar el contrato, como sucede desde 2013. Después de haber observado el contrato por primera vez, el TCR lo siguió observando porque no cumple con las formalidades que debería tener un convenio de ese tipo. El organismo indica en su resolución de diciembre que el Mides alegó motivos “de conveniencia” para renovar un contrato que no cumple con requisitos formales, pero no modificó la forma en la que se ejecuta, para que sea legal. El 5 de noviembre, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, brindó una conferencia de prensa luego de un Consejo de Ministros en el que anunció con orgullo la renovación de la colaboración cubana. Ese mismo día, el TCR realizó la quinta observación por las irregularidades del contrato, según consta en una de sus resoluciones. La nueva firma del convenio implicó una transferencia de U$S 124.080, un monto similar a los que se venían manejando anteriormente. Como el Mides no corrigió los puntos observados por el TCR, el organismo tuvo que reiterar la irregularidad un mes después.
LACALLE POU RECHAZA OBLIGATORIEDAD DE INCLUSIÓN FINANCIERA
(ECOS)
El precandidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou, fue el protagonista ayer en el evento que su sector organiza anualmente en La Paloma. En una ronda de discursos que tuvo la presencia de diputados, senadores, integrantes del equipo técnico y hasta de su propio padre –el expresidente Luis Alberto Lacalle– el líder del sector habló en contra de la obligatoriedad de la inclusión financiera, las zonas rojas de la delincuencia, su intención de hacer auditorías en cada organismo del estado y criticó duramente la posición del gobierno en la situación de Venezuela. Minutos después de presentar a Sebastián Bauzá, la última incorporación a su equipo, Lacalle Pou dijo que de llegar al gobierno eliminará la obligatoriedad de la inclusión financiera.
“No va a existir la obligación financiera”, dijo en referencia a la ley vigente y agregó que pretende realizar auditorías. “En cada lugar del Estado hay que hacer auditorías, pero sin cacería de brujas. Tenemos que decirle a la gente cómo está su país después de 15 años del Frente Amplio”, apuntó el líder de Todos. A la hora de hablar de seguridad, Lacalle Pou dijo que pretende tener una “Policía de cercanía” para mejorar los tiempos de la respuesta policial. Lacalle Pou también habló de la educación –materia en la que es asesorado directamente por su coordinador técnico Pablo Da Silveira– y dijo que el gobierno debe volver a recuperar el gobierno de la educación y eliminar el corporativismo. Antes de cerrar su oratoria, el precandidato criticó duramente al gobierno y dijo que hace falta la presencia del Estado en algunos lugares.
AUMENTA PRECIO DE LA LECHE
(TELENOCHE)
La leche fresca al público aumentará 1,30 pesos a partir del 1º de febrero, según lo dispuso el Poder Ejecutivo a través de un decreto. El incremento regirá para toda la leche fresca tarifada que actualmente cuesta 25 pesos. A su vez, el gobierno también resolvió adelantar para agosto un segundo aumento anual del precio, por lo que el próximo incremento será de 1,48 pesos.
