A la caza de excusas

Mientras los habitantes de Toledo, una ciudad de poco más de cuatro mil habitantes ubicada en el límite con Montevideo, cuentan la muerte de tres comerciantes en los últimos cuatro meses a manos de la delincuencia, en San José tampoco logran recuperarse del asesinato de una mujer, dueña de un local de Red Pagos.
En tanto los vecinos se arman con lo que tienen y salen a patrullar las calles, cada vez se escucha con mayor frecuencia que el delito se corre de lugar y, migrando desde los puntos donde se incorporan sistemas de seguridad, hacia donde sus potenciales víctimas no pueden adquirirlos.
Tal como lo dijo el alcalde de Toledo, Álvaro Gómez –frenteamplista perteneciente al MPP, por más datos– quien participó en las movilizaciones organizadas por los vecinos contra la inseguridad y en reclamo de mayores patrullajes: “Es parte de nuestra tarea como persona, como vecino y como militante. Ayer los que estaban en la calle eran los vecinos, los laburantes, no era la gente de la ARU o los terratenientes del campo; con esa gente no tengo nada que ver, con el vecino de a pie que sale a laburar y lo roban o el bolichero, o la señora que sale a hacer los mandados y es ultrajada, de esa gente yo me siento cerca”.
Cualquiera que no sea tan dogmático ni fanatizado por una camiseta, entenderá que ahora el perfil del crimen cambió y hace rato que matan y roban a trabajadores en la calle. “Hoy es el trabajador el que sufre, hoy las muertes por violencia son de los trabajadores y yo me considero parte de los trabajadores. No puede ser que un grupo de anormales y desclasados hagan lo que quieran. Esto no tiene nada que ver con la pobreza, esta gente no tiene valores, son lumpen. El problema no es la policía, hay un sector de la sociedad que está por fuera. Hay que asumir que algo está mal y atacar eso, lo que no puede pasar es que la gente buena se muera”. El problema es que muere la gente buena y trabajadora, como la comerciante de Toledo, que a pesar de tener un pequeño almacén al frente de su casa, se solidarizaba con quienes tenían menos, pero la mataron por dos perfumes y una crema. Más allá de la perversa mentalidad del militante, donde está bien que asesinen a un productor rural pero está mal que maten a un trabajador, porque los trabajadores son “buenos” y los terratenientes… ¿malos?, en todo caso repetimos la pregunta de su nieta: ¿era necesario?
¿Es necesario seguir discutiendo siempre lo mismo? Porque las explicaciones también son las mismas: que hay más delitos porque el Nuevo Código del Proceso Penal es “más benigno”, que son ajustes de cuentas (para estos casos no da siquiera para pensar en ese argumento), que la persona se resistió, la desigualdad social que hubo durante mucho tiempo, que la delincuencia mata para tener estatus social y que más dinero en las calles propiciaba un incremento delictivo. Una vez instalados los cajeros, vimos a varios volar por los aires y, a su vez, tuvimos que tolerar que nos expliquen demagógicamente que menos dinero en la calle contribuyó a un aumento de los robos porque los delincuentes roban más veces para compensar.
También se dice que el Estado está “muy compartimentado” porque la Policía no puede acceder a determinada información de otros organismos, como el Ministerio de Desarrollo Social, el Banco de Previsión Social, Secundaria o Primaria, que serviría para trazar el perfil de un delincuente. O la máxima indicada por el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez hace tres años ya, cuando mataron al padre de “El Reja” en un supermercado: “los que no hicieron nada malo, los que no cometen delitos ni andan en cosas turbias, no tienen nada que temer” porque en Uruguay “las probabilidades de ser asesinado son pocas si uno no integra el crimen organizado ni tiene problemas familiares”.
O el delirio del ministro del Interior, Eduardo Bonomi: la delincuencia es más violenta porque “es consecuencia de la actuación mucho más rápida y dura de la Policía”. Sin embargo, ante los últimos tres asesinatos, los vecinos manifestaron contra la falta de presencia policial y patrullaje en barrios donde han vivido toda su vida, pero que ahora desconocen.
Y si continuamos con el repaso del análisis sociológico que nuestras autoridades han realizado en torno al comportamiento delictivo, nos encontramos que en 2017 Bonomi dijo que la violencia creció porque los uruguayos ganan mejor y consumen más cocaína. Esa era la razón por la cual los narcotraficantes –que también pasaron de la pasta base a la cocaína– se disputan un mercado de mayor precio.
También es causa del delito “dejar una ventana abierta”, resistirse si ve que el asaltante tiene un arma de fuego, las tareas de seguridad encubierta realizadas por policías fuera de sus horarios de trabajo, la filtración de información que después no puede comprobarse de que un almacenero asesinado en Salto en realidad vendía pasta base con la difusión masiva en las redes sociales, incluso por una diputada del sector al que pertenece el ministro.
Y así, podemos seguir porque los ejemplos sobran. Todo menos asumir que han sido incapaces de solucionar uno de los peores flagelos que afecta a nuestra sociedad.
En medio de estos hechos consumados, han llegado algunas “soluciones”, como la restricción de los horarios de los cajeros automáticos, el consiguiente entintado de los billetes para evitar el robo, la concreción de talleres orientados a los trabajadores –fundamentalmente del comercio y servicios– para que aprendan a tratar con un delincuente o el reparto de folletos que indican normas de comportamiento ante el delito.
Y la realidad nos delata si decimos que somos uno de los países más seguros del mundo, donde las estadísticas claramente muestran otra cosa. Porque el 2018 cerró con el récord de 382 homicidios, o uno cada 23 horas y si lo quiere ver de otra manera, entonces notará que fueron más asesinados que días del año para un país de poco más de tres millones de habitantes.
Éramos un país tradicionalmente tranquilo, donde todos nos conocíamos y aún las generaciones anteriores se jactan de haber dormido con las puertas sin llave. Pero ese país sucumbió ante la soberbia de los que buscan excusas, los que lanzan mensajes para la tribuna, quienes sacan conclusiones fáciles y apuestan a soluciones mágicas a la espera que esto se termine solo. Pensaron que con planes sociales de asistencia integral para bajar la pobreza y la marginalidad, y una mayor educación iban a presionar a la baja los índices delictivos. Quizás algo de razón tenían, pero como fracasaron con la educación y también en el asistencialismo, que sólo ha servido para aumentar la marginalidad y los asentamientos irregulares, cuesta saber si haciendo algo bien hubiese sido mejor. En todo caso, sólo con eso y protegiendo a los delincuentes no se podía haber esperado otra cosa que la explosión de inseguridad en la que estamos viviendo.
Pero el problema no es la forma, ni los procedimientos; el problema está en la raíz, en la filosofía que está detrás, que inhabilita al partido de gobierno a hacer lo que tiene que hacer, que es proteger a la sociedad de los delincuentes en lugar de victimizarlos.