“La Intendencia de Paysandú –aunque en realidad debemos decir todos los sanduceros– está pagando el 30% de la Contribución Inmobiliaria del padrón 4.960 que ocupa Ancap en Nuevo Paysandú. No sabemos exactamente cuánto paga un padrón de ese tamaño, pero estimamos que unos 250.000 pesos al menos. Bueno, de esa cifra, el 30% es un regalo que estamos obligados los sanduceros a hacerle a Ancap”.
Así se expresaron los ediles departamentales José Pedro Illia, Gabriela Gómez y Leandro Álvarez, quienes accedieron al contrato entre ALUR y la Intendencia para el traslado luego no concretado de la Dirección de Vialidad mediante un pedido de información pública, al amparo de la ley 18.381.
“El contrato obligó a realizar una serie de mejoras como el cercado perimetral y a pagar parte de la Contribución Inmobiliaria. Obviamente, no se trata de un pago real, porque la Intendencia no se va a cobrar a sí misma. Pero es sin dudas dinero que pertenece a los sanduceros y que alegremente le regalamos a la empresa pública, no por un año sino por diez, porque el contrato tiene esa vigencia”, agregaron.
El contrato otorgó a la Intendencia el uso de una hectárea, donde estuvo ALUR, en un predio de 137 hectáreas que tiene Ancap en Nuevo Paysandú. Originalmente –en 2016– se pensó en trasladar la Dirección de Vialidad a ese lugar. Se hicieron obras, como el tejido perimetral por 531.757 pesos “según consta en la documentación a la que solamente por la ley pudimos acceder”.
“La promesa de traslado quedó en la nada. Literalmente se desmanteló esa Dirección llevando parte de ella a la planta asfáltica, otra parte al Estadio Artigas y en la zona donde históricamente estuvo hay literalmente tiradas en la calle maquinaria pesada”, explicaron los ediles del Partido Nacional.
“La Dirección de Vialidad no tiene una sede física desde hace tres años. Lo que se hace es rotar a los funcionarios de oficina en oficina. Si hay tal desbarajuste administrativo ¿qué podemos esperar de las calles de Paysandú?”, reflexionaron.
El convenio entre la Intendencia y Ancap fue firmado el 21 de junio de 2016 y la Junta Departamental lo aprobó el 11 de agosto de 2016. En el artículo sexto se estableció que “la comodataria se obliga a abonar el 30% de la contribución inmobiliaria” así como el valor prorrateado “del área dada en comodato” del Impuesto de Primaria “y otros tributos fuera de lo establecido, aun cuando el sujeto pasivo del mismo sea el propietario”, esto es, Ancap.
“El traslado de la Dirección de Vialidad a donde estuvo ALUR, en la planta de Ancap, fue aprobado en la Junta Departamental, también con los votos de algunos ediles del Partido Nacional, pero ciertamente nosotros tres –es decir José Pedro Illia, Gabriela Gómez y Leandro Álvarez– votamos en contra en la ronda nominal, porque comprendimos que era inviable un traslado a Ancap, que tiene un protocolo estricto, con el que estamos plenamente de acuerdo, en lo que refiere a seguridad. Hay claros peligros latentes en lo que refiere, por ejemplo, a incendios. Nosotros tres al menos, nunca entendimos a quién pudo ocurrírsele la fantasía de llevar Vialidad allá”.
“En Vialidad hay herramientas que emiten mucho calor, claramente algo insólito por la clara incompatibilidad entre ambas cosas. Esto demuestra –una vez más– la inoperancia de esta Administración y el capricho del Intendente de regalar el dinero de los sanduceros, en este caso en beneficio de Ancap”.
“Recordamos también que se dijo en sala que se estaba realizando una negociación con Adeyom, lo que dejó en claro que se estaba utilizando al sindicato, poniendo de rehenes a los trabajadores. Hubo un uso abusivo de poder ante la inseguridad de los trabajadores”.
“Una vez más, votamos con conciencia y demostramos que no estábamos equivocados con otra improvisación del gobierno del Frente Amplio”.
“Un año después, la Intendencia anunció un nuevo lugar donde se proponía relocalizar la Dirección de Vialidad, llevándolo al Departamento de Servicios, al tradicional Corralón Municipal. Hace un año que se determinó como inviable el traslado a ALUR. Ahora dicen que las obras están adelantadas en el Departamento de Servicios. Pues bien, como ediles departamentales quisimos recorrerlas y apreciar esos avances. No pudimos. En Portería nos dijeron que había que hacer un pedido por escrito al director general Marco García. Y ahí estamos, esperando, esperando”.
