Uruguay es un país particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático, un hecho que directa o indirectamente nos afecta y del cual nadie queda libre de sufrir alguno de sus efectos. Sequías, inundaciones, olas de frío y de calor, vientos y tormentas fuertes así como lluvias intensas son parte del menú de eventos extremos que afectan la región en la cual está inserto nuestro territorio.
A nivel internacional Uruguay fue uno de los primeros países en ratificar el Acuerdo de París, alcanzado en 2015 el más significativo acuerdo mundial para abordar el cambio climático y desarrollar acciones tendientes a la mitigación del impacto y adaptación. Dicho acuerdo, realizado bajo la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático busca mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2°C y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5°C respecto a los niveles de la época preindustrial, así como también aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos.
En realidad, nuestro país tiene muy baja contribución de gases de efecto invernadero aunque los uruguayos sufrimos el impacto del cambio climático en forma contundente y frecuente en nuestras vidas.
Si es algo que llegó para quedarse –y empeorar- la pregunta es ¿cómo lo enfrentamos? A nivel país, en 2009 se creó el Sistema Nacional de Cambio Climático y posteriormente se conformó un Gabinete Ambiental y se creó la Secretaría de Agua, Ambiente y Cambio Climático, promoviendo una política de bajas emisiones de carbono a partir de procesos productivos y servicios sostenibles, incorporando conocimiento e innovación. A su vez, a nivel público existen ámbitos de coordinación entre las instituciones para la gestión de riesgo de desastres en Uruguay, como el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y, en las comunidades, las instituciones locales han ido creando sistema de respuesta ante la ocurrencia de eventos extremos, aunque aún no se ha avanzado demasiado en aspectos referidos a infraestructuras locales y acciones de planificación hacia el futuro.
Por otra parte, a pesar de las acciones de adaptación en marcha hasta el momento, enfrentamos una y otra vez significativas y crecientes pérdidas económicas, sociales y ambientales debido al impacto del cambio climático sobre la vida cotidiana de las personas y también sobre actividades relacionadas con la producción de materia prima y alimentos, la subsistencia de nuestros recursos ganaderos y agrícolas o el turismo. De acuerdo a los informes oficiales, el cambio climático afecta en forma importante las precipitaciones que, en los últimos treinta años han ido adquiriendo mayores valores, lo que constituye una tendencia general creciente en el último siglo. Algo similar pasa con la evolución de la temperatura anual y además, nos hemos vuelto particularmente sensibles a los eventos extremos, como sequías, inundaciones, olas de frío y de calor, vientos fuertes, tornados, granizadas, heladas, lluvias fuertes y tormentas severas.
Todas estas amenazas naturales unidas a situaciones de exposición y vulnerabilidad social determinan múltiples –y en algunos casos fuertes– impactos sobre las poblaciones, las infraestructuras, los ecosistemas, la biodiversidad y, especialmente, el sector agropecuario que es la base de nuestras exportaciones.
Si nos limitamos exclusivamente a las inundaciones, ha habido varias sólo desde 2014 hasta el presente y, por citar un ejemplo, en las de 2015 resultó desplazada más del 10% de la población de tres departamentos del litoral oeste, registrándose importantes pérdidas en viviendas e infraestructura urbana, además de impactos psicosociales.
El futuro no promete mejora sino, por el contario, se prevé que muchos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos que han ocurrido en el pasado reciente en nuestro país, se presenten con más frecuencia y tengan una mayor intensidad. Evidentemente, somos cada vez más vulnerables. Por ello, expertos internacionales han recomendado a los países de la región realizar un “blindaje” para atender las pérdidas en productividad e infraestructura dañada por sequías, inundaciones, tornados y huracanes, lo cual requeriría inversiones del orden del 2% al 3% del PBI de nuestros países.
Aún estamos lejos de alcanzar ese nivel de inversión en infraestructura para enfrentar el cambio climático y, por otra parte, en un modelo de desarrollo resiliente necesitamos avanzar en medidas de prevención, adaptación y aumento de las capacidades locales en otras cuestiones que afectan la vida cotidiana de la gente en situaciones de eventos extremos.
En este sentido, el gobierno nacional ha reconocido que con más del 90% de la población viviendo en ciudades, el impacto del cambio climático sobre los centros urbanos requiere de una atención específica y prioritaria.
En este sentido, resulta alentador el anuncio realizado el mes pasado respecto a que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en Ciudades e Infraestructuras dará apoyo y asistencia técnica a algunos gobiernos departamentales –entre ellos Paysandú–, para la preparación de marcos u opciones de adaptación en viviendas e infraestructuras que dejen a sus ciudades más y mejor preparadas.
Es por eso que pensar en acciones de adaptación para zonas afectadas por eventos de inundación constituye uno de los principales desafíos de la planificación urbana, dado que son los más frecuentes y, en general, de mayor impacto. Como dato basta solo una cifra: en los últimos diez años más de 67 mil personas debieron ser evacuadas –o se autoevacuaron– como consecuencia de inundaciones que afectaron a sus viviendas, así como a las infraestructuras y los servicios básicos de la ciudad.
En Paysandú conocemos muy bien los efectos de las inundaciones. Casi todos los años sufrimos alguna de importancia. La última fue este verano. Por eso es importante que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en Ciudades e Infraestructuras y la Intendencia estén trabajando en conjunto para definir alternativas –que involucran aspectos técnicos y económicos– que permitan la adaptación de las viviendas en forma acorde a las particularidades y posibilidades locales. El Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la ciudad de Paysandú y su microrregión, aprobado en el año 2018, dejó establecidas las zonas afectadas, o que potencialmente se encuentran en riesgo y en base a eso es necesario definir acciones concretas con dimensión de sostenibilidad y resiliencia urbana. Queda mucho por hacer todavía.
