Rosana Batista no denunció una sino dos veces a su agresor. A pesar de las medidas cautelares impuestas por la justicia, su expareja continuó 
amenazándola de muerte y ella presentaba otra denuncia. Sin embargo, la jueza encargada de la causa resolvió reiterarle por teléfono al acusado que de continuar con esa actitud, incurriría en el delito de desacato. Sirvió de poco.
Un día, esta mujer de 29 años y madre de dos hijas de 8 y 10 años apareció muerta de un balazo y a pocos metros, también su victimario.
A pesar de los avances en la legislación y el incremento de las denuncias en un 500 por ciento, con la notoria visibilidad del problema social que involucra, aparecen las fallas en el protocolo de respuesta y ahora los cruces de opinión conforman los titulares de las noticias. En este caso particular ya no sirve discutir si la Policía debe comunicarse directamente con la Fiscalía, o lo deben hacer los jueces o se debe disponer la inmediata colocación de la tobillera electrónica. Pero ante el incremento de las denuncias y también la transgresión a las medidas cautelares, debería protocolizarse en forma clara.
Este grave mensaje negativo para quienes dudan en denunciar, pone sobre el debate –otro más– al nuevo Código de Proceso Penal. La Suprema Corte de Justicia resolvió abrir un sumario a la jueza titular y a la de feria por considerar de gravedad los hechos ocurridos que finalizaron con un homicidio y posterior suicidio. El máximo organismo investigará si se cumplieron las instrucciones directas impuestas a los Juzgados de Familia sobre la actuación en casos de violencia basada en género.
La magistrada no avisó a la Fiscalía sobre el desacato del denunciado que, en todo caso, podría haber adoptado otras medidas de protección, por lo tanto, el sistema no funcionó para Rosana.
O tal como lo repiten los técnicos: los únicos casos sobre los cuales es imposible actuar y prever, son aquellos que no se denuncian, e incluso desde todos los niveles institucionales se insta a hacerlo. Pero en el caso ocurrido en Artigas, ella pidió ayuda y eso no ocurrió.
Hoy quedan los “efectos residuales” de la crónica policial que se limita a describir la escena del crimen y son dos niñas huérfanas. Los cruces de culpas ya no sirven porque, en definitiva, todo el sistema debe estar avisado de lo que ocurre. Y más aún cuando son hechos que ocurren en localidades del interior.
No ha sido otra cosa que los avances institucionales que alentaron a las víctimas a denunciar a sus agresores porque desde el gobierno se emitió un mensaje de confianza, al mostrar los resultados efectivos de los dispositivos electrónicos, con intervenciones públicas y un fuerte respaldo político. No obstante claramente no previenen la violencia doméstica y aunque por sí mismas no alcanzan, es al menos una de las formas más efectivas de responder ante un pedido de auxilio reiterado. Como el de Rosana.
A pesar de las movilizaciones de diversos colectivos que han desvirtuado el problema hasta llevarlo al punto de la exageración, con una fuerte impronta ideológica que nada tiene que ver con el problema de fondo, la problemática adquirió visibilidad. Pero este ha sido un paso atrás.
El sistema en sí mismo atraviesa por críticas de las comunidades y los vaivenes son propios de los seres humanos que aplican justicia, pero existe una sensación de colapso que, tanto en este como en cualquier otro caso que se judicialice, sostienen la pesada carga burocrática y de espera que desespera. Y en ocasiones, se va la vida. Porque no siempre las respuestas rápidas son efectivas y ocurre como el caso del femicidio de Artigas, que las situaciones a resolver se suman día a día.
Con el nuevo código en la mano surge el cuestionamiento sobre la continua especialización y formación de los jueces en estos temas específicos, a pesar las excepciones que confirman la regla. Si bien es controvertida la aprobación de una ley exclusiva para el género, mientras las estadísticas muestran un aumento sostenido de homicidios a varones, hay situaciones que involucran otros aspectos sensibles.
Por eso el tema no pasa por denunciar al capitalismo, porque hay dieciséis países capitalistas dirigidos por mujeres y ninguno es socialista. Son veinte países capitalistas que se encuentran en la lista de los primeros veinte que reconocen los derechos de las mujeres y ninguno es socialista. Tampoco pasa por tirar bombas de pintura contra un edificio perteneciente a un credo religioso en particular, porque viola el principio de laicidad y libertad de pensamiento que se reclama en las marchas. Y no, eso no es ni evolución, ni revolución; tal como se repetían en las consignas de las movilizaciones.
El machsimo no se deconstruye con gritos histéricos, ni con poses desnudas para mostrar la libertad de los cuerpos (o “cuerpas”), sino por crear y creer en los valores sociales. Porque si las generaciones anteriores debían responder a sus parejas, hoy parece que es de orden que deben hacer y pensar lo que exigen los colectivos feministas en las calles. En cualquier caso, no bajan los índices de muertes porque el 80 por ciento de las situaciones que terminaron en muertes no se denunciaron. Por lo tanto, tampoco su gritería llegó como un mensaje claro.
Pero si existe un sistema fuerte que responde acorde al pedido de ayuda de uno de los más débiles, entonces hablaríamos de otras cosas. Y lo hablaríamos con menos hipocresía, en tanto, la violencia no genera otra cosa que más de lo mismo. En las sociedades modernas la credibilidad y la coherencia no se adquieren como un bien de consumo, sino que se consiguen con mucho esfuerzo.
Pero hay que insistir con el mensaje para que otras Rosana sigan creyendo en el sistema y a ellas sí, se les responda como merecen.
