En las últimas semanas las autoridades del Banco de Previsión Social (BPS) han informado que el déficit de esa institución para el año 2018 alcanzaría los 700 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente el 6% del Producto Bruto Interno del Uruguay), cifra que llegará a los 800 millones durante el presente año. Como sucede en el resto del mundo, y especialmente en los países europeos los cuales poseen un perfil demográfico similar al uruguayo, los sistemas previsionales se encuentran en una situación muy delicada. En España, por ejemplo, la reforma adoptada en el 2011 elevó a 67 años la edad mínima para jubilarse, exigencia que se aplicará en forma escalonada y comenzará a regir totalmente en el 2027. La realidad ha determinado que la sustentabilidad de los regímenes de jubilaciones y pensiones se transforme en uno de los mayores desafíos que enfrentan los países en los cinco continentes.
Refiriéndose a nuestro país, el libro “El Futuro del Trabajo y su Impacto en la Seguridad Social”, publicado recientemente por la Representación Empresarial del Banco de Previsión Social (BPS), con financiación de la Oficina de Actividades para Empleadores (ACT/EMP) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la administración de la Cámara de Industrias del Uruguay, destaca la necesidad de “lograr el financiamiento de los sistemas de protección social ante el aumento de la esperanza de vida y el consiguiente envejecimiento de la población, a la que se debe asistir a través de diferentes planes –como por ejemplo a través de un sistema de cuidados; aunque no es el único sector de población del cual ocuparse, ya que igual preocupación genera la situación de la infancia, la sustitución de mano de obra por nuevas tecnologías y el agotamiento del bono demográfico (en lo que coinciden varios informes de relevancia)– resultan ser preocupaciones a escala global.
Por su parte, el economista e investigador de temas de la seguridad social, Álvaro Forteza, ha declarado al diario El País que “parece bastante claro que es necesario una revisión de los criterios y parámetros jubilatorios. Esto por ‘una cuestión normal de la propia demografía’ ya que ‘la población vive más y está teniendo menos hijos’, dos realidades que ‘presionan a la seguridad social, por un lado aumentando la cantidad de años que la persona vive después del retiro, y la baja natalidad haciendo que sea menor la relación entre activos y pasivos’”. La necesidad de que Uruguay actualice su sistema de jubilaciones y pensiones fue reconocida incluso por el propio director de la Oficina de Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur, Fabio Bertranou, durante su visita a Uruguay el año pasado.
A este preocupante escenario deben sumarse los sistemas previsionales ajenos al BPS, como por ejemplo las denominadas Caja Militar, Caja Bancaria, Caja de Profesionales o la Caja Notarial las cuales, según el economista Gabriel Oddone de la consultora CPA Ferrere, se trata de esquemas que más temprano o más tarde se volverán deficitarios teniendo en cuenta “evidencia comprobada” sobre la materia: “Algunos, como los militares, ya son deficitarios, otros, como el bancario, no lo son aún pero lo pueden ser porque tienen costos muy altos sobre la industria financiera”. Para Oddone, “lo mejor sería generalizar la reforma previsional de los 90 y eliminar estas soluciones particulares”. En pocas palabras, se dejarían sin efecto las diferentes cajas que nuclean a colectivos determinados y se pasarían al BPS. Adicionalmente Oddone ha sostenido, según el semanario Crónicas, que “la dinámica insostenible” del gasto público deja “mucha presión a la próxima administración”, que “deberá discutir una reforma del sistema que involucre no solo al BPS sino también a las cajas paraestatales”. Tal como lo señala la experiencia internacional, muchas veces estas reformas implican (entre otras medidas) un aumento de la edad hasta la cual los trabajadores deben mantenerse trabajando, lo que fue reconocido por el presidente de República AFAP, Luis Costapara quien “con subir la edad (de retiro) no alcanza”, si no que “hay que ajustar otros parámetros”, por ejemplo “se van a tener que pedir 65 años (de edad, en vez de los 60 actuales) y 35 de aportes” (en vez de 30) como mínimo para jubilarse.
En diciembre del año 2017 el Ministro de Economía y Finanzas, Cr. DanilioAstori, encendió una luz de alarma con sus declaraciones al diario “El País” al expresar que “Si el país no hace una profunda reforma de su seguridad social va a tener serios problemas en el futuro. Todavía estamos viviendo el bono demográfico –que es aquel que se genera con un volumen de actividad que proporcionalmente supera al volumen de pasividad– que aproximadamente se extiende, según los especialistas, hasta 2030. Si el país antes no hace una profunda reforma de su seguridad social va a tener serios problemas. Y obviamente en el corto plazo, o sea en estos años que corren; este año, el que viene, el próximo gobierno tendrá serios problemas para equilibrar sus cuentas públicas, porque el gasto endógeno es tremendo por la forma en que está evolucionando, y lo más importante del gasto endógeno son la seguridad social y la salud”.
En abril del año pasado Astori reiteró su preocupación sobre el tema al manifestar que el próximo gobierno, sin importar su signo político, deberá impulsar una “reforma de la seguridad social, que incluya todos los parámetros, tanto los montos como la edad de retiro”. A esto debe sumarse las recientes declaraciones de José Mujica (“el problema más grave del Uruguay es el de la seguridad social, que representa más de 4 puntos del PBI. Todo el déficit fiscal se va ahí”), las que resultan contradictorias con las medidas impulsadas en los últimos años por el propio Frente Amplio para flexibilizar el acceso a los beneficios jubilatorios, incrementado de esta forma un déficit fiscal ante el cual tanto Astori como Mujica se muestran supuestamente sorprendidos.
Lo cierto es que, más allá de seguir sumando declaraciones, los políticos de los distintos partidos siguen sin tomar medidas concretas para tratar de solucionar las manazas que enfrenta algo tan fundamental como la seguridad social de los uruguayos. El tiempo para hacerlo es ahora, porque de ello depende la jubilación de los actuales trabajadores y que quienes ingresen al mundo del trabajo en los próximos años. Sin lugar a dudas el sistema político debe reformar de manera urgente el sistema previsional y alguien debe “ponerle el cascabel al gato” a un tema que involucra al futuro de todos.
