En Uruguay hay un déficit habitacional de más de 80.000 viviendas y se encuentra concentrado en el 20 por ciento más pobre de la población. De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional del Cooperativismo, la cantidad de núcleos habitacionales –bajo las diversas modalidades cooperativas– se quintuplicaron en Uruguay y existen algunos fenómenos, como el caso de Mercedes, donde prácticamente el 40 por ciento de las viviendas son cooperativas.
Desde la promulgación de la Ley 18.407, en 2008, las cooperativas de construcción pasaron de 581 a más de 2.000 –de acuerdo a datos del año pasado– y el sector se encuentra en permanente expansión.
Por otro lado, existe una realidad diferente. En Montevideo, uno de cada tres niños reside en un asentamiento y allí vive uno de cada cinco menores de todo el país, en tanto hay aproximadamente 250.000 viviendas deshabitadas, de las cuales unas 46.000 están en la capital, según el Censo de 2011.
La oenegé Techo actualizó los datos en febrero y presentó un Relevamiento de Asentamientos Informales. Allí contabilizó un total de 656 según un criterio propio, de los cuales el 33 por ciento no tiene agua, el 41 por ciento no cuenta con una conexión eléctrica regular y el 31 por ciento tiene pisos, techos y paredes precarias. Son 60.191 viviendas. El 82 por ciento se encuentra entre Montevideo, Canelones y Artigas.
Es decir que, lejos de descender, los asentamientos irregulares se han incrementado en un país sin accidentes geográficos ni grandes cambios en la densidad poblacional y donde la accesibilidad es una condición que debiera transversalizarse en la sociedad. Pero la institucionalidad ha hecho poco porque la solución –que está en manos del Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario, el PIAI, el Plan Juntos o Mevir– parece que no llega a determinados colectivos. O se les exige organización, cuando saben que hay una afectación cultural muy fuerte y un entramado social no tan firme, como en otros sistemas.
Sin embargo, el tema aparece nuevamente en la campaña electoral como una prioridad, al menos dentro del programa de la fuerza política que está en el gobierno desde hace 15 años. Porque cualquiera lo sabe –suponemos que los integrantes del Ejecutivo y del Legislativo, también– que la pobreza tiene directa relación con la falta de una vivienda digna y los servicios básicos. Desde el gobierno se asegura que los asentamientos irregulares y las condiciones extremas de vivienda no tienen relación directa con la pobreza y como ejemplo explican que hay situaciones donde una familia vive en una vivienda regular en el área urbana pero cuyos ingresos son inferiores a otras que están en viviendas precarias, y por lo tanto los primeros están por debajo del índice de pobreza mientras que el caso de los asentamientos puede haber gente que no se las considera pobres. Los datos más precisos que puedan confirmar esta realidad llegarán con el censo poblacional que se efectuará en 2021.
Como sea, no son los conceptos medidos por ingresos los que transforman a una ciudad en un lugar sustentable, sino las condiciones de hábitat que se otorgan a sus ciudadanos en un plano de igualdad de oportunidades, si nos apegamos al discurso del gobierno.
En 2011 se probó la ley de Acceso a la Vivienda de Interés Social que no tuvo los resultados esperados, a pesar de inyectarle exoneraciones tributarias al mercado. Con el paso de los años pasó a denominarse vivienda promovida, con una reducción de los topes de los precios para su comercialización. Sin embargo, no contribuyó a la construcción de viviendas para las clases populares. Esta problemática debe afrontarse con una política de Estado de largo aliento, que ya existe desde hace 50 años, con la Ley 13.728 del 13 de diciembre de 1968, que establecía –aún en aquel entonces– una mirada estatal a una de las máximas manifestaciones de desigualdad.
Seguramente pocos recuerden que un decreto del Poder Ejecutivo del 31 de mayo de 2010 declaró a Uruguay en emergencia habitacional y esa realidad, nueve años después no ha cambiado.
En aquella oportunidad, el gobierno –del mismo palo que el actual y que el anterior– pensaba vender propiedades estatales para obtener dinero que destinaría a la construcción y refacción de viviendas, en una primera etapa que, según los cálculos del Ejecutivo de entonces, iba a involucrar a unas 50.000 personas.
Con ese decreto se creaba el “Plan Juntos”, orientado a “la lucha contra la pobreza”, de acuerdo a las declaraciones de la exministra de Vivienda, Graciela Muslera.
En ese período se apeló mucho al voluntariado, pero cabe preguntarse si un cambio estructural debe sustanciarse sobre esas bases, cuando el objetivo al que apunta es de interés superior. Pero como ninguna vivienda se levanta en el aire, la cartera de tierras pasó a ser tema crucial.
Hasta ahora, hay algunas excepciones en gestiones municipales que aplicaron dicha medida, a pesar de los cambios políticos. En otros casos, se trata de obtener a través de largas gestiones.
Pero, como dijo el expresidente José Mujica, existe un “atraso fenomenal” y si aguardan que el presupuesto sea una solución global al problema, entonces se verá materializado “en el año del golero”. Porque la ley es clara en la necesidad de definir los recursos, pero la plata siempre queda acotada en cada Rendición de Cuentas.
Si no se observa a la precariedad habitacional desde el punto de vista de desarrollo humano, antes que las comparaciones de desigualdades por ingresos, entonces continuaremos hablando de este problema sin la urgencia que requiere. Porque en algún sentido, hay sectores que aún se parecen “al que llevaba el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa”, como decía Bertold Brecht.
