Sin reformas, se ha postergado lo importante

Como de pronóstico “reservado” se podría evaluar en términos médicos el estado de salud de la economía uruguaya, a la luz de tendencias y parámetros que en 2018 y el primer trimestre de este año presentan indicativos que no solo distan de ser alentadores, sino que nos están condicionando severamente en cuanto a la evolución en el futuro inmediato.
Pero como dice el refrán “mal de muchos consuelo de tontos”, serviría traer al tapete que en la región a nuestros vecinos no les va mucho mejor, y que desde Venezuela –que es un capítulo aparte– hacia abajo hay situaciones similares que tienen el común denominador de que responden a los acostumbrados picos y bajos de América Latina en base al escenario que surge de su extrema dependencia de los vaivenes de los precios internacionales de sus productos primarios.
El punto es que lejos de aprovecharse la década de los altos precios de los commodities para salvar por lo menos una mínima reserva para los tiempos complicados y a la vez comenzar con las reformas estructurales pendientes, se ha postergado lo importante por lo que se ha estimado urgente. A fuer de sinceros, respondiendo a los intereses políticos electorales del gobierno de turno, en aras de los resultados que se necesitan, los populismos sobre todo, apuestan a canalizar recursos para obtener respuestas rápidas, aunque no sean sostenibles, en la búsqueda de los votos.
De esta forma se sigue repitiendo el escenario económico de estancamiento o recesión tras un período de bonanza en el que igualmente no se hacen bien los deberes y a lo sumo se vive lo mejor posible el momento, desentendiéndose de las reformas estructurales para que en el futuro no asomen nuevamente las vulnerabilidades que nos mantienen como al principio.
Entre 2003 y 2013 la década de oro de los commodities y los bajo niveles de interés internacionales pusieron a los gobiernos de América Latina ante la posibilidad —debió ser un imperativo para gobernantes realmente responsables y serios– de afectar recursos para atender las necesidades corrientes y a la vez promover estructuras para asegurarle a las nuevas generaciones condiciones para mejorar en forma sustentable el perfil productivo y poner al país en la senda del crecimiento económico con desarrollo, pero la realidad demuestra que se ha actuado con cortoplacismos y objetivos que no respondían al interés general.
Es así que nuevamente, cuando la ola de bonanza ya dejó de llegar a nuestra orilla, las aguas en retiro dejaron ver solo hojarasca y la espuma, porque en esta supuesta bonanza no hubo sustancia como legado del período excepcional, y por ejemplo, en el caso de Uruguay, precisamente lo que se legó fueron costos fijos en el gasto público que condicionan nuestro futuro, si tenemos en cuenta que el déficit fiscal sigue trepando y ha llegado al 4,5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), porque se ha incrementado exponencialmente el gasto del Estado y el declive de la actividad económica ha hecho descender la recaudación fiscal.
Sobre todo los gobiernos de izquierda han puesto en marcha recetas agotadas desde hace décadas que han respondido a las ideologías y a los mitos desmentidos por la realidad, porque se ha intentado distribuir recursos sobre un supuesto irreal, y por lo tanto ahondando el déficit fiscal en base a endeudamiento que es el precio a pagar por haber gastado lo que no se tenía.
Debe igualmente reconocerse que el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez tuvo la intención de encarar estas reformas estructurales o por lo menos las que él tenía en mente, asumiendo por lo tanto que era necesario modificar determinadas estructuras que se detectó constituyen la rémora para crecer con desarrollo.
Así, anunció en su momento la madre de todas las reformas del Estado, pero con el paso del tiempo los intereses corporativos, caso sobre todo de los sindicatos, trancaron todo intento de avance en este sentido, al punto de que el mandatario renunció a este proceso ya antes de haberlo comenzado, nunca más habló del tema y su sucesor José Mujica reconoció que estaba con las manos atadas para poder hacerlo y prefirió no chocar contra el statu quo que solo sirve a quienes integren estos cuadros en el Estado y quienes se sirven de él.
Es que entre los elementos a tener en cuenta figura que la economía uruguaya ha ingresado en su cuarto año consecutivo de estancamiento, y todo indica que 2019 será el quinto, en un contexto regional problemático, porque la merma del turismo se agregó ya en esta temporada a la caída del núcleo industrial y contracción generalizada de la actividad, al igual que las importaciones y exportaciones de bienes medidas en volumen físico, en tanto la recaudación acentuó su caída en términos reales.
Los pasos a dar deberían tender a reducir la presencia del Estado en áreas en las que el privado actúa con mayor eficiencia, acotar el empleo estatal, sobre todo de tantos “curros” y cargos de confianza en asesorías y dependencias ministeriales, entre otras áreas estatales, en gran medida porque hay sectores del gobierno donde todavía la venda ideológica no deja asumir que el sector público no genera riqueza, sino que su leit motiv es crear condiciones para una economía más eficiente en beneficio del ciudadano común y mejorar las estructuras macro.
Asimismo, es preciso una reforma tributaria orientada a la competitividad, buscar tratados comerciales que faciliten el acceso a los mercados, revisar marcos regulatorios inconducentes, mejorar la educación y aggiornarla al nuevo milenio. El crecimiento con desarrollo solo puede darse efectivamente si el privado no es tratado como un “oligarca explotador”, cuando de lo que se trata es que el inversor perciba condiciones para promover emprendimientos que son los proveedores de empleo genuino y sostén de todo el esquema de la economía.