(EL OBSERVADOR)
Con trabajadores de Envidrio, senadores y dirigentes del MPP en las gradas, la Cámara de Representantes votó la renuncia del diputado frenteamplista, Daniel Placeres. El legislador resolvió abandonar su banca tras un pedido del fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, basado en el delito de conjunción del interés privado y público por su actuación parlamentaria en temas relacionados a la empresa Envidrio.
“Estoy convencido de que actué correctamente, que no incurrí en ninguna falta, pero eso lo comprobaré en la Justicia. Pero eso lo haré sin ningún privilegio, ni cargos”, afirmó el legislador y agregó que no pedirá cobrar el subsidio que le otorgan a los parlamentarios. Placeres aseguró que discrepa con el dictamen del fiscal e ironizó: “Para Pacheco merezco una tipificación de delito por votar una minuta, ni siquiera una milanesa napolitana”.
Cuando fue electo diputado por el MPP, Placeres renunció al cargo de directivo de la empresa autogestionada Envidrio, pero continuó dirigiéndola y como representante parlamentario actuó en beneficio de la firma. Según el fiscal Pacheco, no lo hizo “por razones históricas o sentimentales, como se alega, sino en un rol directriz y de gestión en varias áreas de la empresa ya sea operativas, de producción o de los recursos humanos”.
El fiscal pidió el procesamiento de Placeres por haber presuntamente favorecido desde su banca de la Cámara de Diputados a Envidrio. El integrante del MPP propuso y aconsejó como integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo la aprobación de una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, que fue aprobada y votada el 18 de octubre de 2017, en la que se pedía realizar esfuerzos para buscar todos los instrumentos y mecanismos para lograr financiación de la planta industrial Envidrio, “y dar de esta forma célebre inicio a la producción de la misma”, escribió Pacheco en su argumentación.
El legislador también votó afirmativamente el proyecto de ley posteriormente sancionado y promulgado como ley 19.611 el 26 de abril de 2018, que facultó al Ministerio de Trabajo a extender por un plazo de 90 días el subsidio por desempleo de los trabajadores.