(UNIVERSAL 970)
Los fiscales detendrán sus actividades habituales mañana jueves, en reclamo de mejores condiciones laborales, enmarcado en una medida histórica en Uruguay e insisten en que la notificación del problema y el posterior diálogo no derivaron en propuestas que puedan guiar hacia alguna solución. Aún así, habrá guardia gremial para atender los servicios que puedan ser demandados.
Así lo decidió la Asociación de Fiscales reunida en asamblea para realizar el paro por 24 horas. En esta instancia que se desarrolló días atrás en el centro de Montevideo, también se tomaron en cuenta consideraciones de profesionales del Interior del país. Los funcionarios denuncian sobrecarga “inabordable” de tareas que les competen, tras la aprobación del nuevo Código de Proceso Penal (CPP) e incluso debaten la posibilidad de rediseñar su implementación. Hace 18 meses, previo a que este nuevo cuerpo normativo sea aprobado en el Parlamento, recibieron un planteo sobre sus tareas que hoy poco tienen que ver con la realidad, según expresan los fiscales.
Reclaman que se reorganicen las condiciones laborales porque de no ser así, –según indicaron– continuará repercutiendo en el estado físico y mental de los fiscales. La medida adoptada será acompañada de una manifestación que dirigirá hacia Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva.
El secretario de la Asociación de Fiscales del Uruguay, William Rosa, indicó que el paro de 24 horas se realizará con guardia gremial. Rosa informó que trabajarán solo los fiscales que tengan detenidos a su cargo, es decir, quienes están de turno con personas privadas de libertad y que por plazos constitucionales no pueden dejar las instancias judiciales para otro día.
No se llevarán a cabo todas las instancias que incluyas fiscales, como ser de investigación, citaciones, audiencias u otro tipo de gestiones y procedimientos, agregó. Informó además que “la guardia gremial por el paro que hemos estipulado es para las personas en donde se afecta la libertad. Van a haber compañeros trabajando solo por estos casos”.
Entre los pedidos que pretenden indicó que “le exigimos a la Fiscalía temas como la reorganización de la tarea, evitar la sobrecarga horaria. Ejemplo: cuando estamos de turno la cantidad de horas que trabajamos son 12 o 14 horas dependiendo de la demanda laboral”. Además señaló que “los otros operadores judiciales mantuvieron las horas que tuvieron, pero los fiscales aumentaron las horas. Hay una diferencia en como trabajaban antes y como trabajaban ahora. El reclamo no es por aumento salarial que sería legítimo”.
Rosa sintetizó que “estamos hablando que para la tarea salga con eficiencia, con una buena investigación, con esta sobrecarga laboral no es posible. Queremos que se revea esta situación y evaluarse soluciones”. Explicó también que “el juicio oral se deja para situaciones que lo amerita. No se pueden tener 20 juicios orales porque colapsaría una fiscalía. Cuanto mejor esté organizada una fiscalía mayor eficiencia se realiza en cada caso”.
JUSTICIA LIBERÓ A SANABRIA
(ECOS)
La Justicia resolvió liberar al expropietario de Cambio Nelson, Francisco Sanabria, según informó a Ecos desde París su abogado, Jorge Barrera. En abril de 2017 había sido procesado con prisión por apropiación indebida, falsificación ideológica y librar cheques sin fondo; en agosto de 2018, lo fue por lavado de activos.
Sanabria, también exdiputado suplente del Partido Colorado, estaba cumpliendo prisión domiciliaria en su casa de Punta del Este desde hacía casi seis meses, cuando la Justicia ya le había concedido ese beneficio.
El pasado martes, su abogado solicitó su liberación y una semana después la Justicia se la concedió, informó Barrera. Cuando recibió la prisión domiciliaria, el abogado había pedido la libertad provisional, y en subsidio si no se daba lugar a la libertad, solicitaba cambiar el régimen de prisión efectiva, había señalado a este portal el juez de Crimen Organizado, Pablo Benítez. Hace menos de un mes, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Minvielle y Eduardo Turell, habían levantado la prisión de Nelson Calvete, que también cumplía la pena en su casa de Maldonado, tras ser procesado por su rol como gerente en el caso del Cambio Nelson.
JUSTICIA CONFIRMÓ RESTOS DE ONRRUBIO
(SUBRAYADO)
En conferencia de prensa, la fiscal Renée Primiceri confirmó que los restos hallados en una cañada en San José corresponden con Micaela Onrrubio, la mujer desaparecida en Ciudad Rodríguez. Explicó que la confirmación de la identidad reafirma la acusación contra el imputado.
“Esto (el hallazgo) refuerza la imputación. Los elementos ya los teníamos y esto reafirma la acusación”, dijo Primiceri, que lleva adelante la investigación por la muerte de la mujer de 30 años. El 29 de marzo, había pedido la formalización por homicidio para Gabriel Pistón, expareja de Onrrubio, a pesar de que no se había encontrado el cuerpo. Es por eso que ahora se refuerza la acusación.
Sin embargo, Primiceri aún no maneja plazos para una audiencia de sentencia. La magistrada señaló que Policía Científica emitió un informe preliminar y del mismo se desprende que en los huesos no hay indicios de que haya sido ultimada de un disparo, pero que no se descarta esa hipótesis.
PARO DE FANCAP POR 24 HORAS
(SUBRAYADO)
Federación Ancap realiza hoy un paro de 24 horas y la resolución responde a la decisión del Ente estatal de sancionar económicamente a 60 funcionarios por tomar medidas contra Megal en un conflicto ocurrido hace unos meses. Las medidas sindicales fueron tomadas cuando la empresa impidió que entraran delegados de seguridad de Fancap en el medio del conflicto por el despido de 18 trabajadores.
El sindicato cuestiona que el Ente resuelva los descuentos de sueldo luego de un acuerdo firmado hace dos meses en el que se establece que no habría sanciones. Además del paro general de este miércoles se dispuso un paro de ocho horas semanales en la refinería de La Teja durante junio. También se retrasará la descarga del buque petrolero cuando llegue a Maldonado. El directorio publicó un comunicado en el que asegura que las medidas adoptadas por el sindicato provocó pérdidas por U$S 2,5 millones y reivindica su derecho a sancionar a los trabajadores que generaron tal situación.
