El movimiento “Quiero comprar mi casa” realizó una vigilia de un día y medio en la plaza Terra desde la tarde del miércoles hasta últimas horas de anoche, en reclamo por una respuesta al proyecto de Vivienda Popular, presentado por el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, y que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
En un comunicado, integrantes del grupo recordaron que la iniciativa está orientada a “familias que no pueden acceder a ningún plan vigente hoy en día por sus bajos ingresos, el cual también quiere favorecer a los trabajadores de la construcción”. La propuesta “se encuentra hace un año en la comisión de vivienda de senadores” quienes “en diferentes reuniones con delegados de este proyecto se comprometieron a estudiarlo, reformarlo y votarlo”, en la última reunión efectuada el 12 de diciembre de 2018.
Ante la falta de respuesta, resolvieron la vigilia para dar a conocer el proyecto. “Cuando ingresó en junio de 2018 a Senadores, se comprometieron a votarlo a más tardar en noviembre del año pasado. En diciembre, al no tener respuestas, concurrimos a Montevideo con una gran movida. Nos recibieron y quedaron en trabajar todos los artículos, reformarlo y votarlo y que nos comunicarían las novedades después de las vacaciones, o sea entre marzo o abril, pero es junio y todavía no tenemos una respuesta”, dijo a EL TELEGRAFO una de sus participantes, Mercedes Andrada.
Recordó que “en Paysandú, llevamos cartas a todos los partidos políticos y al intendente, pero una vez más el intendente dijo no a nuestro proyecto porque pedimos reuniones para conversar y mostrarlo. Nunca nos recibió en la Intendencia ni vino a la vigilia. De los partidos convocados solo asistió Unidad Popular y el edil William Martínez, del Partido Nacional. Por eso nos damos cuenta que hay otros intereses, incluso en un año electoral como este”.
el proyecto
El diputado Rubio explicó que “ante la crisis de vivienda y trabajo el programa plantea que el Estado sea un inversor en vivienda pública para las familias que se encuentran entre un ingreso mínimo y una canasta familiar por el núcleo”. El programa establece la construcción por el sistema tradicional “porque son materiales nuestros que dan mucha mano de obra y la cuota por la vivienda una vez adjudicada, es el 10% del ingreso familiar con una limitante y es que estas viviendas no se pueden vender en el mercado. Si el adjudicatario ya no la necesita, deberá devolverla al organismo que entrega la casa y se reembolsará lo que haya pagado. En esencia, eso es el proyecto”, dijo a EL TELEGRAFO.
Según Rubio, “las críticas que le hacen los senadores del Frente Amplio es que es propietarista y que la construcción tradicional es muy cara pero hoy en el senado, pueden modificar los puntos que quieran del proyecto y darle trámite para su aprobación, que es lo que la gente reclama y el país necesita”.
El legislador cuestionó: “No sé cuál es el problema que un trabajador tenga la propiedad de la vivienda. Estas casas se construyen con un subsidio estatal y por eso no se podrán vender en el mercado. Es decir, no son problemas sino excusas y desconozco el objetivo porque todos reconocen la necesidad de las viviendas”.
Argumentó que “la construcción tradicional es más segura y duradera y sobretodo, genera mayores fuentes de trabajo. Los ladrilleros venden sus ladrillos, Ancap tiene su planta de portland y le vendría bien la producción”. Rubio insistió en que “todo eso se puede discutir, con excepción de la necesidad de vivienda.
Un gobierno que va a gastar 3.200 millones de dólares en el tren de UPM no pude decir que no tiene recursos para invertir en viviendas. Y cuando el Estado invierte en viviendas, sabe que no puede pensar en 10 o 15 años sino hacer una inversión que dure mucho tiempo y eso lo garantiza la construcción tradicional”.
