¿Y de qué se ocupan, entonces?

“No nos estamos ocupando de esos temas”, fue la respuesta del ministro de Economía, Danilo Astori, vocero del último Consejo de Ministros, el lunes, luego de conocerse la fuga del “Pablo Escobar italiano”, Rocco Morabito, junto a otros reclusos desde la céntrica Cárcel Central.
El capo de la “Ndrangheta” –una suerte de vocablo que amalgama términos de origen griego como “hombría” y “bondad”-, era uno de los diez criminales más buscados del mundo y logró escaparse de uno de los centros de reclusión, donde las condiciones de alojamiento y seguridad son muy superiores a las restantes.
El rey de la cocaína de Milán y otros tres presos salieron por la azotea del centro penitenciario, luego de hacer un boquete nada más ni nada menos que en el techo del penal, en un piso donde hay custodia policial. Luego entraron por la banderola del quinto piso de un edificio de apartamentos lindero. Esta fuga, que recorrió absolutamente todos los portales principales de la prensa internacional, dejó a Uruguay a expensas de la burla y, por supuesto, de la furia del vicepresidente y ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, quien reclamó explicaciones.
El líder italiano tildó de “desconcertante y grave” el hecho, mientras se aguardaba la extradición de Morabito y prometió “darle caza” donde esté. Desde el lunes se han disparado todo tipo de conjeturas e informes de Inteligencia que aseguraban desde hacía un año la existencia de esta posibilidad. Porque las cárceles urbanas no son seguras y porque, a pesar de las investigaciones administrativas, seguramente vuele –como pasó hace poco tiempo y por otro caso– alguna cabeza equivocada. En última instancia, ahora el problema está en manos del Estado uruguayo, que deberá necesariamente “ocuparse”, aunque Astori no lo crea.
Allí, en esa misma conferencia, puede apreciarse y escucharse la risa irónica del presentador que agradece porque “no hay más preguntas”, cuando evidentemente ignora el camino sanguinario que debe transitar cualquier mafioso hasta llegar a ser un “capo”. O probablemente le resulte gracioso que a los arrepentidos de la mafia calabresa se les desfigure la cara a balazos o, más gracioso aún, degüellen a sus víctimas, les corten la lengua y la coloquen por el tajo de la garganta. También llamada “corbata calabresa”. La verdad, muy irónica y cruel la actitud uruguaya.
Hemos demostrado que, como país, nos rige la improvisación y falta de profesionalismo ante un hecho de suma gravedad, porque ya resulta obscena la pérdida del control y falta de cumplimiento del Estado uruguayo ante una obligación de esta magnitud y, más aún, por quién se trata.
A pocas horas del hecho, la información en poder de VTV Noticias, daba cuenta que el 6 de junio de 2018, el Instituto Nacional de Rehabilitación recibió un documento de inteligencia, donde advirtió de esta posible fuga. Son sorprendentes los detalles novelescos: “saldría por el sexto piso, de allí pasaría al techo de un supermercado donde entraría a un apartamento y allí lo estarían esperando cómplices listos para terminar la fuga”. Tal como ocurrió, pero nadie hizo caso ni insistió para que hicieran algo.
De cualquier modo, los presos siempre sueñan y planean su escape. Ahora cabe cuestionarse si hace falta un documento de inteligencia que alerte sobre la forma de evitar las fugas de un capo mafioso y si las medidas de seguridad –las rutinarias, nomás– no serían suficientes para evitarlas. Y si tanto se sabía que desde hacía un año ofrecía U$S 80.000 al personal de la cárcel para su fuga, por qué no se dispararon las alertas.
Pero no. Quiso el destino que la mala relación entre los funcionarios del INR y los altos mandos de las unidades, estuviera por encima de las funciones de un “servidor público” como le gusta llamarlos a algún referente de la política uruguaya. Tanto como para no cumplir con su deber y dejar al país como un hazmerreír, al no poder sostener a cuatro reclusos que esperan su extradición a distintos países. Porque eso es un hecho deleznable y de ninguna manera, ni el gobierno ni sus operadores políticos, pueden salir a decir ahora que se usará con fines electorales en plena campaña. Y si lo hacen darán cuenta, una vez más, que además de la falta de profesionalismo han infantilizado tanto los argumentos que confrontan su universo paralelo con la realidad del país.
Y porque esto no es nuevo: ya se fugaron en condiciones “cinematográficas” el poderoso narco Walter Guillén (el “cotorra loca”) junto al israelí Yehoram Elal, capturado después en Rio de Janeiro y que en Uruguay finalizó con siete procesamientos de oficiales.
Porque además, sabemos que el concepto de “responsabilidad ministerial” no existe y de lo único que tenemos certeza es que, en esta ocasión, no usarán como argumento del descuido a las complejidades que ejerce sobre el accionar policial el nuevo código penal.
Porque en cualquier país serio, el mismo lunes ya se hubiesen anunciado destituciones o renuncias, pero en Uruguay aún no se sabe si el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dará alguna conferencia de prensa. Alguien deberá explicar las funciones que cumplen la cámaras de seguridad instaladas en el edificio, porque no es posible que a los clubes deportivos los obliguen a comprar dispositivos de identificación facial y uno de los presos requeridos se escape por la puerta de la cárcel y a cara descubierta. Pero todo es posible en un caos carcelario, con presos que tienen armas de fuego y drogas. Y donde constatan casos de canibalismo, cuando el compañero de celda asesinó, trozó y fritó los restos de Marcelo “Pelado” Roldán.
No digan que esto es campaña electoral. Reconozcan los horrores ocurridos y empiecen a salir por la puerta de atrás. Le hace bien al país un mensaje responsable que dignifique el cargo que ocupan y por el que, ciertamente, cobran muy buen dinero. Las responsabilidades no se delegan, sino que se asumen y aunque sea una costumbre echarle la culpa a otro, esto evidencia que la cadena de mandos está muy floja. Pero tanta confianza se tienen que aún no salen de su asombro ni creen que estas cosas puedan ocurrir en tiempos electorales.