(SUBRAYADO)
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) recibió una lista de más de 10.000 escuchas realizadas con El Guardián, el sistema de interceptación de comunicaciones, en el marco de un encuentro entre miembros del tribunal de justicia, la Fiscalía de Corte, el Ministerio del Interior y las tres empresas de telefonía que operan en Uruguay.
Los datos aportados por la Policía serán cotejados con los que envíen las tres telefónicas que operan en el país y si hay discrepancias, habrá denuncia penal, en tanto el número global enviado por el Ministerio del Interior tiene que coincidir con el dato de las empresas. “Si hubiera alguna discrepancia debería mediar una denuncia a la Justicia Penal competente”, afirmó el ministro de la Suprema Corte, Jorge Chediak.
Lo único que pide la Corte es el número de interceptaciones y no datos sensibles como números de teléfono o información de los clientes. Pretenden que antes del 16 de agosto firmen el convenio definitivo entre la Suprema Corte, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y las empresas de telefonía, para definir aspectos del control del Estado a una herramienta compleja del propio Estado.
En la nómina están todos los registros del sistema electrónico: incluye las solicitudes rechazadas por los fiscales y también los pedidos a los que jueces no hicieron lugar.