El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, hace tiempo que es ministro y eso lo separa de la gente. Es el único que se mantiene en un cargo de secretario de Estado desde hace años. Fue ministro de Trabajo en el primer mandato de Tabaré Vázquez y después asumió en la cartera actual y allí se mantiene desde hace una década.
Con el apoyo de la bancada oficialista ha superado varios intentos de censura parlamentaria y acude a los reiterados llamados a comisión o a sala, como si fuera una gimnasia que practica a diario. Tiene tanto tiempo en el poder y tanta banca que ni las estadísticas más negativas lograron moverlo de allí. A pesar de la evidencia en los números y las comparaciones con períodos anteriores, ha sabido ejercer una dialéctica envidiable. Bonomi pone por delante cualquier aspecto de la vida política del país, donde su fuerza en el gobierno es mayoría, para presentar argumentos que no se sostienen con la realidad. Por eso le cuesta bajar al llano y contextualizar los números oficiales en comparación con todo el período que él mismo gestiona.
A Bonomi le preguntaron el pasado fin de semana si se ha hecho alguna autocrítica como ministro y respondió que hay “tres cosas fundamentales” para explicar algunos fracasos de su gestión. Uno es el reiterado “efecto noviembre” o el nuevo proceso penal que comenzó en aquel mes de 2017. El otro aspecto es un programa de gobierno que quedó por el camino por falta de presupuesto y finalmente, la debilidad de las comisarías.
Sin embargo, un ministro con tanto poder de decisión y espalda política para resolver, ha obtenido refuerzos presupuestales como nunca lograron otros ministerios: 241 millones de dólares anuales en 2005 y 882 millones, hoy. Incluso en la asignación de recursos humanos con destino a la disuasión del delito y creación de programas de prevención, con vehículos, tecnología y comunicaciones para enfrentar la delincuencia. Pero los números –y la realidad– resultaron antipáticos y esquivos a sus intereses.
El relato del gobierno apuntaba al trabajo social en barrios específicos –en la zona metropolitana fue el “Plan Siete Zonas”– con la instrumentación, en paralelo, de medidas orientadas al combate del crimen organizado. Pero, dadas las características de la ineficiencia de un Estado que trabaja en compartimientos estanco, nunca se vieron los resultados de una articulación entre distintos organismos estatales. Hace rato que cada cual resuelve sus estrategias de acuerdo a sus definiciones ideológicas en la propia interna oficialista y eso pone en evidencia la falta de coordinación. Por eso son notorias las diferencias existentes a nivel institucional y las visiones sobre el aspecto social del problema según deba resolver el INAU, Mides, Interior u organizaciones sociales. Un claro ejemplo de eso es la realidad de un niño de 12 años, en situación de calle desde hace algunas semanas en el centro de Montevideo, donde la institucionalidad con responsabilidad en el tema ha sabido justificar por qué no puede actuar, mientras el niño seguía allí, durmiendo en el suelo y tapado con cartones.
O el nuevo Código del Proceso Penal, votado por unanimidad de los partidos políticos y aceptado por las distintas asociaciones y colegios de técnicos, ha servido para explicar en parte, las razones del incremento del delito desde fines de 2017. Ahora Bonomi dice que hubiera preferido poner en práctica la nueva normativa legal a partir de 2021, con un presupuesto nuevo. En todo caso, también quedan dudas si no se hubiese responsabilizado al próximo gobierno sobre su puesta en práctica y sólo para demostrar que en este período cumplieron las promesas de bajar el delito al 30%, tal como lo dijo Vázquez. Porque Bonomi hizo un “casi cálculo” al señalar que si no se aplicaba el nuevo código, se mantenía el valor de la pendiente y al comienzo de este año “casi estaríamos con una baja del 30% de las rapiñas”.
Pero esto no pudo ser porque todo el espectro político estuvo de acuerdo en el cumplimiento de los plazos, con la confianza plena que la normativa iba a ajustar detalles reclamados de la parte operativa.
Por lo tanto, los hechos porfiados sostienen que el delito crece y mantiene un récord de crímenes en la historia del país. Incluso crece si se toma en cuenta todo el período, algo que no hace el equipo cercano al ministro, que debería avisarle que las cifras se incrementan desde mucho antes del “efecto noviembre”. A pesar del último video, accesible en la web ministerial, las rapiñas crecen más lentamente; pero crecen. Lo que dice el ministerio, con respecto a las rapiñas, es que hubo una “significativa desaceleración del crecimiento, con una baja real de los meses de mayo y julio”. Los números de hoy, son igualmente un nuevo récord para la cartera de Bonomi. Porque el “leve aumento en el acumulado del año” que explica la voz en off del video promocional, corresponde a un incremento de 9,2%. Otra vez en números: a esta altura del año pasado se registraron 14.480 rapiñas y en lo que va del 2019, son más de 15.800.
Y si nos vamos más atrás, pero no mucho, vemos que con respecto a 2017 la estampida es del 70%. En cuanto a los homicidios, bajaron en comparación al primer semestre del año anterior, pero con respecto a 2017 subieron 29%. O los hurtos que bajaron con respecto al año pasado, pero en comparación a los seis primeros meses de 2015, se incrementaron 29%.
Por eso, las comparaciones deben hacerse de acuerdo al período. De lo contrario, parecería muy simple de demostrar un logro. Porque el oficialismo tampoco habla de los semilleros que hoy representan las cárceles uruguayas, algunas con condiciones insalubres y sin posibilidades de retorno a la sociedad porque la reincidencia es alta. Y se mantiene alta desde hace tiempo.
Cada vez que habla el ministro, se reafirma una forma insostenible de comunicar. Los últimos períodos de gobierno sostuvieron en todos lados que si se bajaba la pobreza, se terminaba con la delincuencia. La pobreza bajó del 40 al 10%, según el relato y las mediciones oficiales, pero el delito subió todos los años. Y si el promedio de las rapiñas es de 1.000 o 2.000 pesos, entonces claramente le roban a los pobres.
