Un tema que debería incorporar desde el vamos el nuevo gobierno refiere a una problemática que ha estado recurrentemente ausente en el Uruguay y mucho más durante la gestión de los quince años de gobierno de izquierda. Nos referimos a la productividad, un elemento que es de vital importancia desde siempre, pero mucho más aún en el mundo moderno y globalizado.
Por supuesto, este componente sigue ausente en los planteos de la dirigencia sindical, y desde el gobierno no se han enviado todavía señales en cuanto a abordar el problema en toda su entidad. Es a todas luces una necesidad que el Uruguay aumente la productividad, como una forma genuina de reducir costos, incidiendo por lo tanto positivamente en la competitividad en los productos de exportación, y a la vez contribuyendo a contener la inflación, nada menos.
Un estudio del Banco Mundial, que data desde hace unos años pero que no ha cambiado en esencia, indica que la contribución del capital humano al crecimiento que ha tenido el Uruguay, sobre todo en la última década, ha sido muy baja, aspecto este que no ha tenido modificación durante los gobiernos del Frente Amplio, pese a la persistente suba de los costos de producción y pérdida de competitividad.
Estamos por lo tanto ante retos vigentes por temas pendientes y acentuados a partir de un escenario internacional que ha cambiado, con precios de commodities estancados o en baja, con los competidores pugnando por desalojarnos de los mercados y sin que tengamos a la vez tratados preferenciales para compensar este desfasaje, por lo que nuestros competidores llevan las de ganar.
Desde el Banco Mundial se indica que si bien Uruguay es hoy un país mucho más moderno y mucho más fuerte, con logros económicos y sociales en años recientes, hay desafíos que es preciso abordar, y precisamente cuando ya no hay viento de cola, el empuje por la productividad y el crecimiento en el futuro es aún más grande.
Sin dudas que hay aspectos que no han acompañado los cambios positivos, empezando por el escenario internacional, a lo que se agregan planteos difíciles en lo interno, como es el caso de la situación demográfica, el deterioro de la economía y en el plano de la educación, la gran deserción y la movilidad educativa.
Estos aspectos sin embargo son perdidos de vista ante las urgencias y los cortoplacismos, y sobre por reclamos sectoriales para contar con más recursos, como acontece cada vez que surge una instancia presupuestal en el caso de los gremios del Estado.
Por lo tanto es de recibo el planteo de elevar la competencia y la competitividad. Para el Banco Mundial, si se compara la contribución de la productividad total al crecimiento en Uruguay con otros países, esta no es alta, por lo que se requiere promover la innovación, lo que tiene mucho que ver con las regulaciones anticompetencia y fomentar la competencia público y privada. El punto es continuar aumentando la eficiencia, también en las empresas públicas, mejorando las reglas y la institucionalidad.
Estos argumentos no se descubren ahora, sino que los hemos expuesto en numerosas oportunidades desde esta página editorial, porque además se han registrado cambios en el escenario que se ha dado en el país en los últimos años, donde se han registrado fuertes transferencias entre sectores, y no necesariamente para favorecer a los que realmente contribuyen a dinamizar la economía, si se tiene en cuenta que desde actividades de riesgo en el sector privado se han fortalecido remuneraciones en la burocracia del Estado, y no se han volcado recursos suficientes para apuntalar infraestructura.
El reacomodamiento ha disimulado desigualdades en redistribución por las exportaciones de productos primarios, pero al cesar el viento de cola en las condiciones internacionales, y con un elevado déficit fiscal, ya no se pueden seguir afrontando y disimulando los altos costos internos, con una fuerte carga tributaria y los altos precios de insumos y energía, entre otros aspectos.
Ello indica que se ha constreñido el margen de maniobra para abaratar costos de producción, mientras por el lado de la inflación se reduce sustancialmente el poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos, los más afectados por el aumento en los precios de los alimentos, y tal como están planteados los esquemas estructurales no es fácil reducir el costo país para las empresas mediante rebaja de cargas e impuestos con los gastos rígidos que han incorporado los últimos gobiernos.
Desarrollar una gestión del Estado por un gobierno austero que reduzca el gasto público es ya una condición sine qua non, porque es impensable seguir aumentado impuestos, y lo que queda pendiente es apuntar seriamente a la productividad, que es un parámetro en el que se podría trabajar con muy buenas posibilidades, pese a que a los sindicatos el tema está lejos de seducirlos y más aún, se han centrado en reducir la jornada laboral. Ello es precisamente lo contrario a lo que requiere el país, que es producir más bienes a menores costos para mejorar la competitividad de exportación y al mismo tiempo competir con los productos similares que ingresan desde el exterior.
La productividad significa tecnología actualizada en los centros de producción de bienes y servicios, mano de obra capacitada, coordinación, mejor gestión, logística a tono con los requerimientos y una escala de volumen suficiente para abaratar la cadena de producción cuando salga el producto terminado, con el funcionamiento de un esquema complementario armonioso capital-trabajo, que a la vez permita potenciar ventajas comparativas. Y este objetivo debe ser prioritario, en este como en cualquier gobierno, por encima de ideologías.