Luego de algunas semanas de intensas negociaciones, el gobierno electo y el Frente Amplio anunciaron el viernes que finalmente habían alcanzado un acuerdo para integrar los distintos organismos del Estado, con presencia de todas las fuerzas políticas. La noticia, si bien pasó desapercibida para gran parte de la población, debería servir como disparador de importantes reflexiones sobre los desafíos que enfrenta el país en los próximos años y no como un episodio más de una “repartija de cargos” según la percepción lejana pero legítima que muchos uruguayos ajenos a los centros de poder (partidos políticos, sindicatos, etcétera) tienen de este tipo de negociaciones. Teniendo en cuenta esto, deberíamos preguntarnos si la población en general tiene motivos reales y concretos para celebrar este acuerdo. Estamos seguros de que por lo menos 34 personas tendrán motivos para celebrar que serán designados con importantes sueldos y otros beneficios (uso de auto oficial, secretarios, etcétera) ¿pero qué sucede con los uruguayos “de a pie” que día a día tienen que trabajar y pagar impuestos para mantener a esos 34 afortunados y a otros cientos que han sido designados por el gobierno electo o lo serán en los próximos días? Si bien este tipo de acuerdos debe ser bienvenido, la respuesta radica únicamente en la ciudadanía; de ella depende que la actuación de todos los designados (sin excepciones) se traduzca en un aporte real y eficaz para mejorar el bienestar general.
Para llevar a cabo esa tarea, los ciudadanos deben tener presente que en un régimen democrático la oposición política tiene el derecho (y el deber) de controlar al Gobierno, sin perjuicio del contralor institucional ejercido en otros ámbitos tales como el Tribunal de Cuentas, el Poder Judicial o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por mencionar algunos ejemplos. En su cuenta de Twitter, Luis Lacalle Pou dejó en claro estos conceptos con la siguiente publicación: “Como dijimos en campaña electoral, queremos a la oposición representada en los órganos el Estado. Así se lo propusimos y hoy ya tenemos un acuerdo. Es fundamental tener a la oposición colaborando y controlando al oficialismo. Comprometimos y cumplimos. Gestión y transparencia”. De la misma forma que la tarea desarrollada por ejemplo por los legisladores Pablo Mieres, Pedro Bordaberry, Daniel Radio, Pablo Abdala o Martín Lema fue determinante para que se conocieran las irregularidades cometidas durante los quince años del gobierno frenteamplista en Antel, ASSE, Ancap o el Mides, los legisladores del Frente Amplio y las treinta y cuatro personas que ese partido designe para los cargos ofrecidos por la coalición de gobierno deberán ser lógicos y celosos custodios de lo más importante: la transparencia y honestidad de la gestión pública.
En el medio de los intercambios entre el gobierno electo y el Frente Amplio, el expresidente José Mujica formuló una propuesta para lograr un mecanismo que facilite una solución rápida y efectiva para este tipo de situaciones, expresando que “deberíamos propender a encontrar, por vía de la ley, una metodología que defina, definitivamente, la participación de la oposición, con algún grado de definición de proporcionalidades con alguna metodología legal. Y no dejar esta cuestión al libre ocasional albedrío de los gobiernos de turno, porque en cada período de gobierno este asunto se presenta” (…) si se adopta este camino se evitaría a un próximo gobierno “los sinsabores que imponen negociaciones siempre llenas de dificultades y subjetivismo” y que “debería haber madurez global de desembocar en un camino legal, discutido y acordado”. La opinión del senador Mujica representa un desafío al sistema político en general y plantea algunas interrogantes que tal vez deberían ser analizadas por todos quienes cada cinco años asumen la responsabilidad de dirigir los destinos del país, ya sea desde el ámbito legislativo o administrativo. Pensando en dotar a ese mecanismo de una estabilidad tan deseable como necesaria, el mismo podría estar previsto de la Constitución Nacional, porque como señalara oportunamente nada más y nada menos que el general José Gervasio Artigas, “es muy veleidosa la probidad de los hombres, solo el freno de la Constitución puede afirmarla”. Pero los mecanismos de contralor de los servidores públicos no deberían limitarse únicamente a los ejercidos por los partidos políticos de la oposición desde el Parlamento o desde los organismos en los cuales se designen sus representantes en cumplimiento de acuerdos como el recientemente alcanzado entre el gobierno electo y el Frente Amplio. La repetida frase “si no te gusta lo que hicieron no los votes en la próxima elección” tampoco constituye un mecanismo eficaz ya que les garantiza a los gobernantes ineptos –e incluso corruptos– un plazo de por lo menos cinco años para causar daños importantes a las arcas públicas. Existen en otros países ejemplos de mecanismos de contralor que podrían ser estudiados en nuestro país, como por ejemplo las veedurías ciudadanas de la República de Colombia. En ese país se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. La legislación colombiana dispone, asimismo, que todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley podrán constituir veedurías ciudadanas. Las peticiones de estas veedurías ciudadanas generan obligaciones en sus destinatarios, ya que deberán informar a los ciudadanos y a las organizaciones civiles a través de un medio de amplia difusión en el respectivo nivel territorial, para que ejerza la vigilancia correspondiente.
Más allá de los mecanismos que puedan ser estudiados en el futuro cercano para mejorar la transparencia de la gestión pública y su efectivo control, todos los uruguayos debemos celebrar el acuerdo alcanzado con respecto a los 34 cargos cuyos ocupantes serán designados por el Frente Amplio. Sin perjuicio de ello, no debemos olvidar que no se trata de cambiar de trinchera y por ello no sería saludable que quienes hasta ayer pedían informes o interpelaban hoy dejen de hacerlo por el mero hecho de que se trata de un compañero de partido o de coalición, así como tampoco sería deseable que quienes durante años no respondieron pedidos de informe, declararon reservada y por lo tanto inaccesible información que pertenece a la ciudadanía y respondieron con ironía a las preguntas de los legisladores interpelantes quieran hoy transformarse en los abanderados de la transparencia. Por encima de los intereses políticos partidarios deben primar, ahora y siempre, los intereses del país y de todos sus habitantes, sin importar a qué partido votaron.