Los funcionarios del Instituto Nacional de Colonización (INC), nucleados en Afinco, denuncian una “pérdida patrimonial” de tierras y la eliminación de la obligación de trabajar directamente en el predio otorgado por el organismo, luego de aprobada la Ley de Urgente Consideración (LUC) en la comisión especial del Senado.
Apuntan al artículo 353 de la iniciativa, por considerarlo “una pérdida patrimonial para el país ya que se vuelcan al mercado 120.000 hectáreas para las que, según parece, ya hay compradores”.
El sindicato dio “como ciertas” las declaraciones del diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, quien opinó en una entrevista con el semanario Brecha que la redacción de los artículos vinculados a las áreas protegidas “fueron promovidos por los forestales. La preocupación es de ellos”. Lust aclaró que “al igual que las tierras que se van a desafectar del INC, las están esperando forestales también”. Explican que “es de sentido común” que las tierras que no estén afectadas a la ley de colonización, aumenten su valor en el mercado, para beneficiar “tanto a sus dueños que las compraron a un valor depreciado como a los operadores inmobiliarios que sin duda tienen interés en la iniciativa”.
El artículo 353 bis, elimina la obligación de trabajar directamente el predio y exime de la residencia a las familias colonas luego de una década en la fracción y con un plan de inversiones realizado. Una versión anterior al anteproyecto y de acuerdo al artículo 313, los arrendatarios de tierras estatales, únicamente con alegar problemas de trabajo, estudio o salud de alguno de los miembros del núcleo familiar, no estaban obligados a residir.
Este artículo fue eliminado de la última versión presentada el 23 de abril y dicho acto fue interpretado por el sindicato y las organizaciones de productores familiares, “como parte de un buen entendimiento entre la sociedad civil y los legisladores”.
Sin embargo, el ministro de Ganadería, Carlos Uriarte, ingresó el 353 bis con las modificaciones que se creían descartadas, en tanto las bancadas del Frente Amplio y Cabildo Abierto se opusieron a este artículo. El senador Guillermo Domenech, explicó que “de esa forma se podría correr el riesgo de que el INC se transforme en una especie de inmobiliaria”.
LAS TIERRAS
Según Afinco, las tierras desafectadas no estarán en manos de trabajadores rurales, de acuerdo al espíritu de la ley de 1948 y también de la ley de 2005 promovida por los legisladores nacionalistas Carlos Camy y Jorge Larrañaga. Ambos pretendían “lograr que el Instituto Nacional de Colonización disponga de las tierras necesarias para desarrollar una agresiva política de asentamiento de familias en el medio rural retomando así las mejores tradiciones artiguistas que unen a todo el pueblo uruguayo”.
Denuncian que con la aprobación de la ley, cambiaría la obligación del colono de “trabajar directamente el predio y habitarlo con su familia” por “trabajar en el predio bajo su dirección y supervisión directa”. En tal sentido, reflexionan que tal conducta lleva a arrendar un predio del Estado, con la renta más conveniente del mercado, para establecer una empresa que se podrá comandar desde la ciudad.
De acuerdo a su experiencia como funcionarios en el instituto, aseguran que “rara vez” los colonos o aspirantes a tierras se pronuncian en contra de la residencia. “Son gente de campo que vive en el campo y no que quieren campo para vivir en la ciudad sino para trabajar con su familia el predio. Pero parece que hay unos pocos, a quienes sí les incomoda trabajar directamente el predio, que poseen la capacidad de hacer lobby para tergiversar una ley, que gracias a su novedoso sistema de adjudicación en arrendamiento, aún hoy, sigue siendo de avanzada a nivel mundial”.
