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El Senado vivió este jueves una jornada de crispación entre los legisladores oficialistas y de la oposición por las diferencias en el apartado de seguridad pública de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
“Los delincuentes se van a volver mucho más violentos”, afirmó el senador Eduardo Bonomi, del Frente Amplio, sobre el primer artículo de la LUC, que amplía los supuestos de legítima defensa e incluye un apartado sobre la Policía que generó polémica en el Plenario.
El senador nacionalista Carlos Camy defendió que esta ley servirá para defender “a las víctimas potenciales y a los inocentes”.
Otro de los asuntos que más crispación generó fue la creación de un delito de “agravio a la autoridad policial”, sobre el cual el frenteamplista Charles Carrera aseguró que “atenta” contra el derecho de reunión y de libertad de expresión, a lo que el senador blanco Sergio Abreu respondió que las libertades en Uruguay “están protegidas por ley”.
En la tarde se acordó penalizar a quienes agredan a trabajadores de la salud, la educación y el transporte.
El artículo en cuestión tipifica esto como delito e impone como pena multas económicas y eventualmente medidas sustitutivas a la reclusión. Se pretende que esto sea un mensaje en respuesta a hechos de violencia que se han cometido contra estos colectivos. Además, se tipifica como delito la resistencia al arresto policial.
El senador nacionalista Gustavo Penadés, miembro informante del proyecto de ley, defendió el texto y desmitificó las intenciones de avasallar los derechos. “No nos corresponde a nosotros establecer su constitucionalidad, le corresponderá al Poder Judicial”, indicó, y agregó que “la intención no fue esa, el trabajo no es ese, el objetivo que se busca no es ese”.
La sección de seguridad pública cuenta con el apoyo del Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto en todos sus artículos y del Frente Amplio en algunos, como los que endurecen las penas por abuso sexual.
La LUC es un paquete legislativo de 476 artículos, entre los que se incluyen, entre otras, medidas de educación, vivienda y seguridad, que el Parlamento debe aprobar en menos de 90 días (a contar desde que ingresó al Senado). La presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, intervino en varias ocasiones para pedir a los legisladores que no se interrumpieran, para intentar agilizar el debate.
En la jornada de ayer se pretendía comenzar a tratar los artículos sobre educación y terminarlos de votar este viernes.
Mientras se debatía la LUC, miles de manifestantes se concentraron frente al Palacio Legislativo –convocados por el PIT CNT– para defender que “la verdadera emergencia es la gente”, en palabras de su secretario general, Marcelo Abdala.
El plazo del Senado para aprobar el texto culmina este domingo, tras lo cual será remitido a la Cámara de Diputados, que cuenta con 30 días para su discusión.
Después, volverá la Cámara Alta para estudiar las modificaciones y, si se mantienen las diferencias, el proyecto pasa de manera automática a la Asamblea General, que cuenta con 10 días para su aprobación definitiva.
SHOPPINGS REABREN EL 9 DE JUNIO
(EFE)
Los centros comerciales, excepto los situados en Rivera, reabrirán el martes 9 de junio, tras la ratificación de un protocolo de medidas sanitarias por el COVID-19, según anunció este jueves de parte del Gobierno.
El protocolo, que cuenta con el aval del Grupo Asesor Científico Honorario que asiste a la Presidencia, fue rubricado este jueves por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres; el de Salud Pública, Daniel Salinas; el presidente de la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), Fabio Riverón; y empresarios.
El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, informó que habrá una “reapertura parcial” de centros, medida que afectará a unos 1.400 locales comerciales y 9.000 trabajadores, excepto los situados en la ciudad de Rivera, que ha sufrido en las últimas semanas un aumento de casos positivos hasta superar a Montevideo.
“De todos los documentos que hemos firmado, este debe ser el más estricto; por eso demoró un mes y 45 versiones”, explicó Delgado, quien agregó: “Nos comprometimos a dar pasos cortos, seguros, responsables y evaluados, y eso lo ratificamos hoy”.
El secretario explicó que habrá testeos aleatorios entre clientes y trabajadores para “poder tener un muestreo de la circulación viral si es que la hay”, además de inspecciones en todos los centros para comprobar el cumplimiento de las normas. Los clientes estarán obligados a llevar mascarillas, a guardar una distancia mínima de un metro y medio en la circulación y baños y de dos metros en las cajas, pasarán por controles de temperatura mediante cámaras termográficas y tienen prohibido el acceso si presentan síntomas de COVID-19 o están en cuarentena.
Por su parte, los locales comerciales deberán contar con dispensadores de alcohol en gel y señalizar los puntos de detención en las cajas para mantener la distancia física entre la clientela. Los probadores de ropa serán desinfectados después de cada uso por parte de un cliente y las prendas tocadas o probadas podrán ser desinfectadas o aisladas durante 48 horas.
CUATRO POSITIVOS
(SINAE)
Según el último informe emitido por el gobierno, en las últimas 24 horas se procesaron 735 análisis de diagnóstico de coronavirus, de los cuales cuatro dieron positivo. Esto eleva el número total a 1019 desde que se confirmaran los primeros casos el viernes 13 de marzo.
Actualmente, indica, hay 832 casos positivos confirmados. El número de test positivos no coincide con el número de casos positivos porque una misma persona puede haberse hecho más de una vez el test. Según los últimos datos, hay 709 pacientes recuperados. El número de fallecidos es de 23.
De los 100 casos activos en todo el territorio nacional, 4 se encuentran en cuidados intensivos y ninguno en cuidados intermedios.
Por otro lado, 109 corresponden a personal de la salud. Artigas, Canelones, Cerro Largo, Flores, Montevideo, Rivera, Rocha, Salto y San José son los departamentos con casos confirmados.
