La aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) permite, entre otros puntos, las transacciones en efectivo de hasta 100 mil dólares. Esto coloca en un desafío al país, que deberá mantener fuertes controles para no volver a ser considerado “una plaza financiera” y de ese modo entrar en listas negras por ese motivo.
En un interesante análisis, la agencia Efe abordó esta temática, que viene de la mano con la discutida LUC, la que prevé sustanciales cambios en el terreno económico. Como dejar por el camino a la Ley de Inclusión Financiera, promulgada por el Frente Amplio, en la que se buscaba dar prioridad a los medios de pago electrónicos como el débito y el crédito mientras desestimulaba el uso de billetes.
El riesgo con la variante expresada al principio es claro y habrá que estar muy atento para guardar la transparencia. Los que se oponen alertan que con el pago en efectivo no se tiene control. En la ley anterior, el tope de transacciones en efectivo rondaba los 4.000 dólares.
Una de las mayores preocupaciones que genera la LUC es la posibilidad de que el país vuelva a las listas negras del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), con sede en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París.
El especialista en prevención del lavado de activos Leonardo Costa explicó en ese reporte de Efe que el monto de 100.000 dólares fue sugerido “en base a lo que es el monto de una vivienda social” y que es “relativamente bajo”. Sin embargo, este nuevo panorama al que se enfrenta nuestro país hace que tengan que hacerse nuevos análisis de riesgo.
Quien fuera presidente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) también dijo que la posibilidad de acceder o no nuevamente a las listas negras “va a depender muchísimo” de los controles y la supervisión por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
“Si se realizan los reportes de operaciones cuando no revistan la normativa tradicional, en sí mismo no debiera haber mayores problemas pero va a depender mucho de la supervisión, la evaluación que se haga y los reportes que existan ante la unidad de análisis financiera”, enfatizó con optimismo. Según Costa, la LUC hace que Uruguay tenga “un desafío mayor” para los controles que eviten el lavado de activos y el ingreso a listas negras, pero no significa que “inexorablemente” vaya a ingresar.
Hubo un tiempo en que Uruguay estuvo catalogado como paraíso fiscal, plaza financiera que no cooperaba, hasta que poco a poco comenzó a revertir esa tendencia. Allá por 2009, ya en el último tramo del primer gobierno del Frente Amplio, el país fue integrado en la lista negra que redactó la OCDE a pedido del G20. En esa lista se incluían países “que no concuerdan con las reglas mundiales de intercambio de informaciones fiscales”. El entonces senador y precandidato presidencial Danilo Astori consideró la medida, impulsada por Argentina en el momento más álgido de la relación binacional por el tema de UPM, como “un atropello”. No deja de ser llamativo que el vecino país fuera el promotor de la sanción, justamente cuando gobernaba la corrupción kirchnerista.
Es así que junto a Uruguay, en la lista negra estaban Costa Rica, Filipinas y Malasia. Estos países, según la OCDE, no respetan las normas internacionales de intercambio de información bancaria. El gobierno de entonces se defendió diciendo que una de las condiciones necesarias para constituir un paraíso fiscal era que los depósitos de los no residentes no pagaran impuestos. Desde la Reforma Tributaria, se afirmó, los no residentes pagan impuestos. Además, se destacó que el secreto bancario que rige en el país para los depósitos se levanta con una orden judicial, ante la sospecha de lavado de activos o evasión fiscal.
Estos puntos, que bien recordaba en aquel momento la administración de Tabaré Vázquez, se mantienen más allá de la LUC y bien podrían ser utilizados en caso de sospechas bajo una orden judicial. En todo caso, toca mostrarse más atento y detallista.
Por lo pronto, Uruguay ha hecho los deberes en los últimos años y no hay por qué pensar que los dejaría de hacer con la nueva legislación. A fines del año pasado, el XL Pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), aprobó el Informe de Evaluación Mutua del sistema nacional de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo uruguayo.
El titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Daniel Espinosa, señaló que “la primera conclusión es que los resultados de la evaluación nos permiten quedar fuera de las listas de países no cooperadores” en el combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo, comúnmente llamadas “lista negra” y “lista gris”.
Ese informe a nivel general es “una evaluación aceptable” en cuanto a que “el país ha avanzado en todos los planos, pero en materia de efectividad nos marca algunas áreas de atención en las que tenemos que mejorar. La evaluación tiene un seguimiento anual con Gafilat porque el país va haciendo reportes para mostrar los avances”, aseguró Espinosa en aquel entonces. Esto no tiene por qué cambiar. Es más, debería seguir mejorando.
