La dirección nacional de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) analizó el impacto de la crisis en los cooperativistas y las fuentes de empleo, además de la participación del movimiento en distintas movilizaciones sociales a nivel nacional.
“Preocupan varios temas, fundamentalmente los recortes y la pérdida de puestos de trabajo en varios sectores, agravado en las últimas horas por lo que pueda ocurrir con la planta de Ancap local. El movimiento cooperativo no es ajeno a esta situación y muchas cooperativas sienten el impacto de la crisis actual”, dijo a EL TELEGRAFO el dirigente nacional, William Guerrero.
La federación “ha bajado a las cooperativas una ficha con un cuestionario para ser completado por cada cooperativa y así tener una cifra certera del impacto social en cada grupo cooperativo”, señaló. En forma paralela, con el retorno de los plenarios y el secretariado a sus reuniones habituales, aguarda coordinar una reunión con la Secretaría Gremial de la mesa departamental, a fin de “hacer una puesta a punto y seguir llevando los temas gremiales a las cooperativas en asambleas o directivas ampliadas. Ni que hablar de la necesidad de participar en los ámbitos sociales y gremiales de discusión y lucha para revertir esta situación junto a otros actores del departamento”. Por otro lado, concurrieron junto a los directivos de la cooperativa Coviam a la Agencia Nacional de Vivienda y Ministerio de Vivienda local, en la búsqueda de una respuesta al planteo presentado en 2018, para acogerse al beneficio especial de las cooperativas con cupos libres, solo para aquellas que tienen más de 10 años de habitadas. “La dirección y el gobierno anterior vieron de buena manera este pedido, lamentablemente no se ha concretado aún y nueve familias esperan novedades sobre este beneficio”, agregó.
PERÍODO DE GRACIA
La ministra de Vivienda, Irene Moreira, firmó la resolución que extiende por un mes más el período de gracia para las cooperativas de viviendas que se encuentran en proceso de amortización y se suma a los meses anteriores, sin intereses ni recargos.
OCUPACIÓN DE TIERRAS
La federación gestiona tres cooperativas en el predio ocupado por cientos de familias en Santa Catalina. La dirección nacional “se opone terminantemente al proceso de criminalización de cientos de familias que hoy ven vulnerado su derecho a la vivienda debido a la omisión por parte del Estado de sus obligaciones constitucionales”, señala un comunicado emitido en las últimas horas. Declaran que “se ha descargado sobre estas familias todo el peso de la ley y a través del uso del andamiaje punitivo, en distintos momentos, se ha intentado procesar por el delito de usurpación y asociación para delinquir a varios integrantes de la ocupación”. La dirección nacional señaló que el 15 de julio, integrantes de la ocupación fueron invitados a una mesa de “negociación y mediación” en el local del IMPO. “Uno de los vecinos, que integra una de las tres cooperativas, fue citado con nombre y apellido y conducido por orden del fiscal Diego Pérez para ser formalizado por los delitos de usurpación y asociación para delinquir”.
La federación recordó que en 1989 ocuparon terrenos, en reclamo de una cartera de tierras. “Gracias a esa medida de lucha pacífica, hoy más de cien cooperativas albergan en su interior a miles de familias que luego lograron construir un futuro común”. En este sentido, anunciaron que realizan “consultas jurídicas para estudiar en profundidad la constitucionalidad de los tipos penales que criminalizan la ocupación pacífica con mecanismos que solo reprimen y condenan, sin resolver jamás derechos fundamentales como la vivienda”. Finalmente, exigen “a los poderes públicos el cese inmediato de la criminalización de la pobreza que se está llevando adelante en el país sin otorgar soluciones reales a la gente”.