Recientemente un grupo de 22 analistas y técnicos de nuestro medio puso sobre el tapete lo que entienden son aspectos que deberían reformarse de las empresas públicas, luego de haber dado a conocer un documento sobre el mismo tema a mediados de diciembre del año pasado.
Se trata de un tema de particular sensibilidad para los uruguayos, desde que sucesivas generaciones no han conocido otra cosa que el trabajo de las empresas en manos del Estado y, en general, más allá de las lógicas críticas a su gestión –sobre todo cuando se trata de empresas monopólicas formalmente o de hecho– se considera que la alternativa a este escenario es una privatización que despierta temores. Recelos en algunos casos de recibo o, en otros, de un sesgo puramente ideológico desde sectores de izquierda que siempre habían admirado a los regímenes colectivistas hoy desaparecidos.
Como antecedente inmediato, tenemos que durante quince años de gobierno del Frente Amplio –que contó con mayorías parlamentarias propias– no se avanzó más allá de lo simbólico en lo que se proclamara en su momento como la “madre de todas las reformas” del Estado, anunciada en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Peor aún, la realidad cruda y los condicionamientos políticos hacen pensar que por más intenciones que se tengan, en el gobierno del Dr. Luis Lacalle Pou difícilmente pueda avanzarse por la coalición de partidos en este tema, cuando hay grupos de presión que siguen pretendiendo escudarse en el statu quo para seguir con más de lo mismo en la diversidad de las áreas del Estado.
Como es sabido, en el primer período del gobierno de la coalición de izquierdas, aquella reforma se fue diluyendo hasta quedar solo en los anuncios, porque al decir del expresidente José Mujica, “no se la llevaron” los mayores aliados del Frente Amplio en el gobierno, es decir los sindicatos y grupos radicales que, lejos de pretender avanzar en la misma dirección que por lo menos insinuó Vázquez, siempre han querido participar en un Estado omnipresente y vigilante.
Tampoco “le llevaron” a Vázquez en su segundo gobierno una reforma del ADN de la educación y, lejos de ello, aquellos dirigentes y formadores elegidos para dirigir este proceso debieron renunciar en las primeras de cambio porque también en el statu quo regido por los gremios de la educación no dejaron hacer ningún cambio que valiera la pena, alertados de que en todo caso podían ser evaluados y por lo tanto condicionarse la afectación de recursos a los resultados que se obtuvieran.
Y en el caso concreto de las empresas del Estado, las supuestas empresas de todos los uruguayos, nos vienen a la memoria expresiones del excanciller Rodolfo Nin Novoa, quien ante los problemas gremiales sentenció, en un rapto de sinceridad que se llevó por delante lo políticamente correcto, que las empresas estatales “son de sus funcionarios”, y que sirven solo a sus intereses y no al ciudadano de a pie, a los usuarios y clientes.
Es decir, que en este caso la calidad de la gestión es lo de menos, porque si hay cuentas en rojo siempre está el dinero del Estado –el de todos los uruguayos– para respaldarlas y capitalizarlas, como sucedió hace un tiempo con Ancap, por regla general tienen más funcionarios que los que necesitan, son ineficientes, cobran sobreprecios en sus tarifas y obran como agente recaudador de impuestos encubiertos para enviar dinero a Rentas Generales.
En base a estas y otras consideraciones cobra realmente importancia la propuesta o documento de trabajo que presentan los técnicos reunidos por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), que preside el economista Ignacio Munyo.
Entre otros conceptos, los profesionales evalúan que “empresas públicas más eficientes harían de Uruguay un país menos caro en dólares, contribuyendo a la agenda proinversión que tanto se necesita para retomar una senda sostenible de crecimiento. Asimismo, ello traería ganancias para los consumidores, principalmente para los de menores recursos, que son los que destinan una mayor proporción de sus ingresos a la compra de los bienes y servicios que ofrecen las empresas públicas”.
Asimismo, consideran que la naturaleza de la relación entre el poder político y las empresas públicas limita la posibilidad de que los precios de los servicios que rindan reflejen los resultados de una adecuada gestión, en tanto apuntan que desconocen “las tendencias globales que hacen que el mundo actual sea totalmente diferente al que existía cuando la mayoría de las empresas públicas fueron fundadas”.
Aquel mundo precisamente se debatía en medio de políticas proteccionistas que en nuestro país, por ejemplo, hicieron que se sobreprotegiera a las empresas locales en procura de mantener un empleo artificial, con productos que no podían competir con sus similares de otras fronteras y por lo tanto haciendo que el consumidor subsidiara empresas ineficientes, que no se reconvirtieron para modernizarse y poder competir con productos similares del exterior.
La consecuencia fue rezago tecnológico, productos mediocres y caros para el consumidor, que es precisamente una derivación lógica de este esquema que coexistió con las empresas del Estado sobreprotegidas por el monopolio.
De lo que se trata es de atender esta problemática, porque empresas públicas eficientes y competitivas contribuirían a hacer menos oneroso el costo país para el sector privado, que es el que mueve la economía y proporciona empleos genuinos, por fuera de la burocracia que detrae recursos de los sectores reales de la economía, los que precisamente permitirán recuperar la actividad después de la pandemia.
Y como bien señala el documento de los técnicos la Ley de Urgente Consideración, “es un buen punto de partida para contar con empresas públicas más eficientes, y al servicio del país, se requiere mayor ambición”, por lo que “estos cambios legales aprobados deberán venir acompañados de la voluntad política para impulsar otros no legales, también críticos, para que nuestras empresas públicas puedan ofrecer mejores servicios a precios competitivos”.
La interrogante es si habrá madurez en el sistema político –en el Frente Amplio no lo hubo durante quince años– para promover los cambios que necesita el país para aggiornarse a las necesidades en un mundo competitivo, con las empresas públicas como sostén de un mejor andamiaje para mejorar la productividad y abatir costos, en lugar de continuar siendo parte fundamental del problema.
