En los últimos días, un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) relevó la caída y el impacto económico de los países de la región, a raíz de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus y sus consecuencias a futuro.
El organismo señala, en el caso uruguayo, que el país invirtió 0.7% de su Producto Bruto Interno (PBI) o aproximadamente 400 millones de dólares y lo ubica en el último lugar. La oposición calcula que el monto invertido en la contingencia es similar a los recortes presupuestales en el gasto público y en políticas sociales.
La Cepal estima que el impacto en la región será peor al previsto y la economía caerá aproximadamente 9.1%. Solo nuestro país y Paraguay tendrán una contracción mucho menos profunda que los demás, en el continente latinoamericano. Sin embargo, por estos lares, insistimos en hacer una lectura lineal y sacada de contexto. Y, por supuesto, bien “a la uruguaya”.
Mientras otros destacan que Uruguay logró controlar la pandemia sin cuarentena obligatoria –a pesar de las insistencias de algunos líderes de izquierda– y comenzar una reapertura de actividades con el regreso de los estudiantes a sus centros educativos en forma paulatina, hay quienes promueven los números fríos. Pero, a veces, la matemática tiene bastante más memoria que la historia que cuentan y ese pasado reciente forma parte de este resultado.
El continente más desigual del planeta crecía lentamente, y eso pasaba antes que se dieran cuenta de estos resultados y los instalaran como un relato colectivo en tiempos electorales.
Porque ahora, con la pandemia, el retroceso será de al menos una década. La Cepal calcula que el nivel del PBI per cápita será similar al de 2010. O, como mejor lo define el director de la División de Desarrollo Económico del organismo, Daniel Titelman: “Será una nueva década perdida”.
Y como la crisis sanitaria no elige ideología, vemos que Argentina, Brasil y Perú tendrán caídas más pronunciadas. Por supuesto que Venezuela figura como una excepción, con un descenso del 26% aproximado porque los datos presentados sobre su economía no son confiables. Estamos ante el peor escenario de recesión, desempleo y marginalidad de los últimos cien años y ese aspecto, a estas alturas, es de difícil discusión. A menos que haya otros intereses y se impida una visión con madurez política. Una cuestión que ya no extraña.
Lo cierto es que la recuperación a un escenario anterior a la pandemia llevará años y no todos los países se encuentran en igualdad de condiciones para enfrentarlo con espalda política y cintura económica.
Como Uruguay, que antes del coronavirus tenía un déficit fiscal del 5% que nunca pudo retraerse, sino que se consolidó por un gasto público discrecional. O con un desempleo que venía en crecimiento porque al 29 de febrero se encontraba en dos dígitos (10,5) y, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) era el más alto de los últimos 13 años. Todo esto, antes de la pandemia.
Ahora es más fácil calcular que en la región, el desempleo trepará al 13,5% al cierre de este año. Pero para el caso uruguayo, el escenario ya estaba complicado. Y no es posible presentar análisis serios sin contar el panorama anterior a la crisis sanitaria e incluirlo en el contexto actual.
Por su lado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacó específicamente la respuesta sanitaria del país, ante una situación para la cual no estaban preparados ni los países más avanzados o con mayores recursos.
A comienzos de este mes, en una rueda de prensa, el gerente de incidente para COVID-19 de la OPS, Sylvain Aldighieri, dijo que “Uruguay es el único país de América del Sur que tiene una tasa de incidencia que baja de manera regular durante las últimas semanas”.
El punto de mira de los técnicos es el manejo de la crisis desde el 13 de marzo hasta el presente, en vez de los reportes diarios, porque incluso definen que la cantidad de fallecidos corresponden a “una tasa de letalidad baja”.
Por eso, las peores consecuencias para Uruguay no son sanitarias sino económicas. El Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República relevó los datos hasta abril y estimó que entre 94.000 y 127.000 personas cayeron por debajo de la línea de pobreza, como resultados de corto plazo por COVID-19. En la región se incrementará por encima de 45 millones y pasará de 185,5 que estaban en esta situación el año pasado a casi 231 millones a finales de 2020.
Es que no estamos ante cualquier recesión, sino frente a una de las más devastadoras. El Banco Mundial asegura que solo es superada por la crisis de 1914 a comienzos de la Primera Guerra Mundial, por la Gran Depresión entre 1930-1932 y por la desmovilización de las tropas de la Segunda Guerra Mundial entre 1945-1946. El coronavirus está en cuarto lugar, en una historia de 150 años de relevamiento económico. Ese dato no es menor.
Y, claramente, no sería descabellado pensar en un incremento de las tensiones políticas y las movilizaciones de los sectores que atraviesan por dificultades. Porque no hay una sola crisis, sino dos. Por eso, la clase política –ahora mismo– está llamada a contrarrestar los efectos negativos sobre las democracias de los pueblos. En vez de aportar a la manija, aún en tiempos electorales como los nuestros, deben estar por encima de las situaciones coyunturales y por una vez –solo por esta vez– aportar a la causa común que se llama Uruguay.
