El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) solicitó la regularización de los efectivos policiales que permanecen en juntas médicas por un período indeterminado, luego de resultar lesionados en el cumplimiento de un acto de servicio, en una reunión mantenida por dirigentes con el director nacional de Asuntos Sociales del Ministerio del Interior, el comisario general retirado José Pedro Delgado.
“Un efectivo puede pasar años en junta médica por una lesión ocurrida en un acto de servicio hasta obtener el denominado servicio transitorio de incapacidad parcial que, de acuerdo a la ley vigente, pasan a cobrar el 65% del salario. Los policías no resultan incapacitados, sino lesionados durante un procedimiento. Sin embargo, las juntas médicas no lo consideran vinculado al resultado de un acto de servicio, de acuerdo al artículo 10 de la Ley 18.405”, dijo el dirigente Alejandro Álvarez a EL TELEGRAFO.
Delgado “conoce la situación porque hace tiempo que elevamos el planteo, incluso el de efectivos que recibieron el alta por parte de la junta médica y no fueron reintegrados”. Al jerarca también le presentaron su preocupación por el destino de los recursos que van al Fondo de Vivienda y que son obtenidos a través de los descuentos salariales mensuales. Sin embargo, “no se han construido viviendas” sino que las cooperativas mixtas –integradas por civiles y policiales– “se han formado en todo el país a instancias del SUPU”, destacó. Según el dirigente, “en estos momentos hablamos de más de 12 millones de dólares y por eso presentamos una denuncia penal”, señaló.
SIN PROTOCOLO
El SUPU reclamó, además, “la necesidad de cumplir con el protocolo para los funcionarios policiales que actúan en el traslado de personas sospechosas de COVID-19 activo. Hemos monitoreado la situación en varios departamentos y vemos que no se ha aplicado el protocolo cuando hay contacto con personas sometidas a un hisopado. Porque en otros casos, los funcionarios o personas que estuvieron cerca deben cumplir una cuarentena y eso no lo hacen con los policías. Los efectivos policiales, al igual que los funcionarios de la salud, también estamos en la primera línea de contagio”, precisó. En tal sentido, el sindicato solicitó de oficio una reunión con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga.
IMPAGOS
El SUPU denunció “la grave situación que se ha generado por el impago de los servicios de sanidad o cobertura médica de los funcionarios policiales” que acumulaba cinco meses de atraso, en un hecho “reiterativo, ya que esta grave situación también se suscitó en la administración anterior”.
A aproximadamente 23.000 usuarios, entre activos, retirados y pensionistas se les retiene mensualmente por el concepto de sanidad policial que en el Interior del país cubren diferentes mutualistas nucleadas en Fepremi, “por lo que es injustificable que se haya generado este grave atraso en el pago”. El sindicato no descartó “tomar algún tipo de medida, como así también acciones legales al respecto”, además de gestiones para que las autoridades “competentes y responsables, se pronuncien al respecto y den a los trabajadores policiales las debidas explicaciones”.
EL MINISTERIO
El Ministerio del Interior emitió un comunicado referido a la contratación de servicios de asistencia médica para policías en actividad y en retiro del Interior del país a través de FEMI. La secretaría de Estado informó que “el 22 de julio Presidencia de la República efectuó la reiteración del gasto, requisito necesario para efectuar los pagos correspondientes”. “Ningún beneficiario quedó ni quedará sin atención”, señala el texto difundido por el ministerio.
