El pasado 1º de julio Gustavo Castro, de 31 años, falleció por hipotermia, tirado en la calle en la ciudad de Montevideo. Se trata de la segunda muerte por frío en el lapso de 30 días. Este tipo de fallecimiento –que pone de manifiesto el más crudo desamparo y la falta tanto de políticas de Estado efectivas en esta materia, como de la empatía individual de muchos ciudadanos– resulta particularmente doloroso porque deja en claro hasta qué punto existen en nuestro país sectores de la población en una situación de máxima desprotección.
De acuerdo con la renombrada Clínica Mayo, la hipotermia es una urgencia médica que ocurre cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce y sus signos y síntomas comprenden los siguientes: escalofrío, balbuceo o murmullo, respiración lenta y poco profunda, pulso débil, torpeza o falta de coordinación, somnolencia o muy poca energía, confusión o pérdida de memoria y pérdida del conocimiento. (…) Una persona con hipotermia, por lo general, no se da cuenta de su afección debido a que los síntomas se presentan de manera gradual. Además, la confusión de pensamiento relacionada con la hipotermia evita que uno sea consciente de lo que le ocurre. La confusión de pensamiento también puede provocar una conducta arriesgada”.
Lamentablemente este tipo de fallecimiento se produce casi todos los años y han existido bajo gobierno de todos los partidos políticos, por lo que ninguno de ellos puede golpearse el pecho y gritar a los cuatro vientos “A mí no me pasó”. Esta clase de desamparo ha existido siempre y si bien la creación y el trabajo desarrollado por el Ministerio del Desarrollo Social (Mides) ha logrado importantes avances en la materia, lo cierto es que tampoco los esfuerzos de esa secretaría de Estado pudieron impedir la muerte por hipotermia de algunas personas durante los quince años de gobierno del Frente Amplio. Así las cosas, resulta claro que este tema no puede ser abordado en términos futboleros en los cuales se cuenten los muertos de cada bando para saber quién gana o quien pierde. Con la muerte de Gustavo Castro y de todos aquellos que tristemente le precedieron, perdimos todos y cada uno de los uruguayos, pero sobre todo perdió la Humanidad como tal, porque formamos parte de una unidad a la cual debemos proteger en este y en otros temas, como por ejemplo los relacionados con el ambiente. La conciencia global debe traducirse en acciones locales, concretas, tangibles. Acciones que en este caso podrían haber sido acercarse a esa persona que está tirada en el piso tiritando de frío para acercarle comida o abrigo o bien llamar a las autoridades competentes para que le brinden la ayuda necesaria.
Lo cierto es que esta muerte trae consigo un reclamo que no puede ser dejado de lado: nadie puede ni debe “sacarle la pata al lazo” a las responsabilidades que le hayan tocado en el caso. No importa si se trata del Mides, de la Policía, de la Fiscal que ordenó la liberación de Gustavo sin tomar otras medidas o de la oenegé que estaba a cargo del refugio que lo rechazó, del mismísimo ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, o de su antecesora Marina Arismendi cuando la misma ocupó tal responsabilidad. Quien haya sido responsable por no otorgarle la debida protección a nuestro conciudadano –porque eso era Gustavo Castro: nuestro semejante y también nuestro conciudadano– debe enfrentar ante la Justicia la consecuencia de sus actos. El Parlamento debe investigar y convocar a interpelación a las respectivas comisiones o a quienes corresponda, dejando de lado las mezquindades político partidarias y tomando las medidas necesarias para que este tipo de situaciones no vuelva a repetirse. Esto no es un partido de fútbol y no se trata de hinchadas gritando por su ministro favorito y guardando sus muertos en el placard mientras se ponen de manifiestos los fallecidos ajenos. De ninguna forma. Nada más lejos del funcionamiento sano y enriquecedor que debería garantizarnos un sistema democrático republicano.
Un paso importante para visualizar cabalmente la problemática de las personas que viven en la calle es entender que se trata, antes que nada, de seres humanos que forman parte de nuestra república, ya que como lo establece el artículo primero de la Constitución Nacional, “la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio” y eso incluye a todas las personas que se encuentran en la misma situación de vulnerabilidad en la cual se encontraba Gustavo, porque antes que cualquier otra cosa, era un igual a todo el resto de los uruguayos. Dormir en la calle o consumir pasta base no lo transformaba en una persona de segunda clase, en un “intocable” o en un “efecto colateral” de una sociedad que está más preocupada por el último modelo de teléfono celular –clara muestra del “apocalipsis zombi” al que se refiere el Cuarteto de Nos en uno de sus últimos discos– que por el bienestar de alguien que realmente necesita asistencia y apoyo para superarse y dejar atrás situaciones muchas veces traumáticas. ¿Acaso se ha transformado en letra muerta la disposición constitucional según la cual los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad (de los cuales no pueden ser privados salvo leyes que se establecieren por razones de interés general)? ¿Qué ha pasado con el artículo de nuestra Carta Magna que dispone que todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes? ¿Acaso no regían para Gustavo Castro? Claro que sí. A la protección que le correspondía en tanto ser humano, a Gustavo Castro lo amparaban adicionalmente las normas constitucionales que no podían dejar de aplicarse por su condición de adicto o de persona que vive en la calle. Se trata de una clase de protección que explica y justifica la existencia del Estado, en tanto organización política cuya finalidad debe ser proteger a sus integrantes, porque son ellos los que le han dado facultades para hacerlo. No debemos ni podemos olvidar que en su esencia “el “contrato social” (al que hiciera referencia Jean-Jacques Rousseau en su libro homónimo publicado en 1762) incluye a todos los Gustavo Castro de nuestro país, pero también a otros colectivos que sufren la discriminación en otras formas.
Alfredo Zitarroza, uno de los exponentes más destacados de la música uruguaya y latinoamericana cantaba, en su obra “Milonga del contrapunto” unas estrofas que hacen referencia a una época violenta de nuestro país, pero que lamentablemente cobran vigencia ante el espectáculo mezquino de quienes quieren sacar tajada política de la injusta y evitable muerte de Gustavo Castro, un compatriota, que antes que nada, era un ser humano: “Yo me pregunto si es cierto que somos todos iguales, al ver a los orientales cambiando muerto por muerto”. Ese es el desolador espectáculo que brindan muchos de nuestros políticos actualmente en un tema que exige mano férrea con los responsables, pero espíritu humano con quienes sufren esa desgracia.
