Ha quedado disimulada entre el fárrago de información respecto a la evolución, medidas y consecuencias respecto a la pandemia del COVID-19, el pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones en lo civil por el que se mantuvo la sentencia de pago –aunque redujo el monto– de indemnización al exdirigente tupamaro Héctor Amodio Pérez, condenado a prisión por una jueza pero que fuera luego absuelto por la Suprema Corte de Justicia al anular el insólito fallo inicial.
En julio del 2018, la defensa del extupamaro Amodio Pérez presentó una demanda contra el Estado por los días en que estuvo en prisión, luego de que la Suprema Corte de Justicia lo absolviera, demanda que era de seis millones y medio de pesos netos y nueve millones considerando intereses y reajustes.
Amodio Pérez señaló que en contra de lo que tenía previsto –que era venir a presentar su libro y salir del país en 48 horas– debió quedarse 778 días, de los cuales estuvo en prisión 360. El dinero que se pedía por daño moral era de 1.377.900 pesos, por daño emergente 1.613.701 y por lucro cesante más intereses 3.551.868 de pesos, pero finalmente el Tribunal de Apelaciones dejó la indemnización en 1.219.000 pesos.
La Justicia entendía en su apelación que correspondía resarcir a Amodio Pérez por los días de prisión efectiva y no por la prisión domiciliaria, pero el Tribunal consideró que la prisión indebida a la que fue sometido abarca también el confinamiento del extupamaro en su casa.
De acuerdo a la sentencia a la que accedió El País, se tuvo en cuenta la edad de Amodio Pérez, su larga residencia en el extranjero y los resultados de una pericia psicológica para determinar la indemnización en $ 1.219.000.
Hasta aquí un breve resumen de lo acaecido en cuanto al desenlace que ha tenido este sonado episodio, que es apenas uno de los coletazos –y por supuesto está lejos de ser el más importante– del desgraciado período de caos y atropello a las instituciones que vivió nuestro país en la década de 1970, por la irrupción del terrorismo tupamaro y la posterior dictadura que se extendió desde 1973 hasta 1985.
En lo que refiere a este episodio concreto, la jueza Julia Staricco había procesado en 2015 con prisión al extupamaro Héctor Amodio Pérez por “reiterados delitos de atentado de privación de libertad especialmente agravado”, haciendo lugar a parte del pedido de la fiscal Stella Llorente.
Staricco no hizo lugar al pedido de la fiscal de que fuera procesado por delitos de lesa humanidad, así como tampoco hizo lugar al argumento de la defensa de Amodio Pérez, la que ya había anunciado que en caso de un fallo desfavorable hacia su cliente, recurriría al Tribunal de Apelaciones o la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Amodio Pérez volvió al país después de más de 40 años para presentar el libro Palabra de Amodio, a principios de agosto. Tenía previsto estar solamente 24 horas pero las citaciones judiciales que recibió y su procesamiento con prisión extendieron su “estadía” en Uruguay.
Lamentablemente, lo que se dilucidó en la Justicia –y que ahora deberá dar lugar a una indemnización que saldrá inevitablemente del bolsillo de todos los uruguayos– como dijimos en su momento, es producto de la acusación a Héctor Amodio Pérez por los propios subversivos de la década de 1960 de traicionar a sus compañeros, cuando a la vez fue naturalmente protagonista directo en los crímenes cometidos junto a sus excompañeros a partir de 1963, es decir durante un gobierno democrático y que siguió haciéndolo, a medida que iba creciendo la guerrilla, hasta antes de la dictadura de 1973. Los detractores a ultranza de Amodio en la izquierda hacen hincapié en que éste delató, sin haber sido torturado, a sus excompañeros y negoció por esta vía con los militares su exilio en España, pero en lo que al escenario macro refiere y visión retrospectiva, podemos evaluar claramente que sigue ausente en todo momento la autocrítica de los exguerrilleros, –tanto de Amodio como de quienes han salido a terciar en su comparecencia ante la Justicia– por haberse levantado en armas contra la democracia con el objetivo exclusivo de instalar en nuestro país un gobierno como el encabezado por Fidel Castro en Cuba, que lo había logrado unos pocos años antes, en 1959.
Por lo tanto, en estas instancias judiciales por el caso Amodio surgieron versiones contradictorias involucrando a los excabecillas del movimiento subversivo, con acusaciones cruzadas, pero en todos los casos confirmando que la etiqueta de “traidor” que se maneja hacia la interna corresponde a un grupo irregular, de ideólogos y ejecutores de menor cuantía que actuaba absolutamente al margen de toda norma, que cometían actos delictivos con el argumento de servir a una ideología pero burlándose de las instituciones “burguesas”, sin que nadie se los pidiera y a su entera responsabilidad. Nada que ver con la Justicia.
En realidad, se trajo al exdirigente para dilucidar en la Justicia viejas rencillas y pase de facturas entre guerrilleros que protagonizaron lamentables hechos de violencia por motivos ideológicos en democracia. No estamos ante algo que no se sepa, pero sí es lamentable y cuestionable que en la Justicia todavía haya funcionarios que hagan lugar a estos reclamos delirantes y argumentos retorcidos hacia hechos del pasado con fallos absurdos y tan burdos que no resistirían incluso análisis básicos de estudiantes de derecho.
Y en esta ocasión, además, el episodio de Amodio ha expuesto la anarquía, las rivalidades, los actos criminales, las intrigas, de un movimiento que sus ideólogos y simpatizantes se habían encargado de idealizar ante quienes no vivieron aquellos tiempos de intolerancia y violencia, con un doble discurso y la hipocresía de muchos personajes que han hecho de ese período de la historia una forma de vida, contándola de una forma funcional a sus intereses.