El Arco Minero del Orinoco (AMO) fue creado el 24 de febrero de 2016, por el gobierno de Nicolás Maduro y en su sitio web, el Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico lo define como “un modelo de minería responsable”.
Desde hace más de cien años, la extracción petrolera supera a la comercialización de sus cultivos, como café o cacao y basa sus ingresos en la renta energética. El contexto de crisis económica actual impulsó al gobierno a diversificar la extracción para recibir buenos dividendos en el corto plazo. El punto en cuestión es que lo ha hecho a “cualquier precio”.
La geografía ubica este territorio al sur del río Orinoco, con una gran biodiversidad y una población indígena que, según el censo de 2011, alcanzaba a casi 55.000 personas. Y es un área con yacimientos de coltán, diamante, bauxita, oro, hierro y cobre, entre otros, que comercializan y explotan capitales trasnacionales o mixtos. Sin embargo, la Constitución venezolana tantas veces mostrada desde el púlpito, fue ignorada en uno de los requisitos de efectuar estudios de impacto ambiental para evitar el daño de sus ecosistemas. Además de otro, no menos relevante, que es el consultar a sus habitantes originales.
A pesar del rechazo de las organizaciones sociales y ambientalistas, Maduro ignoró las alertas porque, en forma paralela, otros sucesos dieron paso a las noticias. Mientras ocurría un éxodo histórico hacia el resto de América Latina, también se incrementaba la minería ilegal, con un aumento en el tránsito de personas y –por ende– una crisis que también es sanitaria. Además de la falta de medicamentos y de centros de atención a la salud, ya habituales desde hace años en aquel país, deben sumarse los casos de paludismo o malaria, por ejemplo.
Lo que ocurre en esa zona no es nuevo, si nos remontamos a los “Garimpeiros”, que minan la margen sur del río Orinoco en la búsqueda de oro y piedras preciosas desde hace décadas. Pero en este caso, las actividades que se llevan a cabo en el espacio creado hace cuatro años, está a cargo de “cooperativas” o “sindicatos” que son verdaderas mafias y grupos armados que han llevado adelante grandes masacres por la disputa de su territorio.
Sin contar las violaciones constantes y continuas a los derechos humanos, a las condiciones de esclavitud y a la precariedad en el trabajo. El último informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dice que los mineros “están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia”.
“A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería”.
Los “sindicatos” aplican crueles castigos, mantienen controles en la zona y resuelven quiénes salen o entran de ese territorio por sobornos, que incluyen a militares. La tarea se distribuye en turnos de 12 horas, dentro de pozos sin protección y deben pagar entre 10 y 20% de lo que extraen a estos grupos de poder. Los mineros no tienen agua potable, electricidad o servicios básicos. Sin olvidar que han sufrido envenenamientos por el uso del mercurio, utilizado en los yacimientos de oro.
También trabajan niños, algunos tienen menos de diez años. Se incrementó fuertemente la prostitución y explotación sexual de adolescentes. El informe documenta 16 casos de tortura entre junio del año pasado y mayo de 2020, pero las desapariciones forzadas aún ocurren. Por lo tanto, la cifra puede aumentar en forma significativa.
Y nada que ya no conozcamos: “Las personas detenidas también estuvieron expuestas a bajas temperaturas y/o luz eléctrica constante, esposadas y/o con los ojos vendados durante largos períodos y sometidas a amenazas de muerte contra ellas y sus familiares”, señala el documento presentado por Bachelet la semana pasada. Con las consecuencias obvias: los detenidos desarrollaron depresión, insomnio, ansiedad, estrés postraumático e ideas de suicidio a raíz de la tortura.
En este “Chernobyl ecológico” –tal como lo denominan las organizaciones ambientalistas– ocurren otras cosas desde hace años. Pero el espacio de poder, que no viene desde afuera, mira hacia otro lado. La presencia de guerrilleros y grupos paramilitares hacen uso y abuso de los minerales, en medio de balaceras con grupos de control que se disputan el poder por el territorio. Y las tierras se invaden día tras día, a pesar de que “en teoría” están protegidas por la ley, en tanto pertenecen a los pueblos originarios.
Esto, que ocurre dentro del territorio, no admite la lectura habitual –y cómoda– que asegura que la denuncia de estas violaciones tajantes es el resultado de la presión de Estados Unidos. De lo contrario, continuaremos elucubrando las razones por las cuales el territorio es tan rico, el gobierno tienen tanto poder y la población está tan empobrecida.
Es la eterna diatriba por la que deambulan algunos defensores del régimen que hace pocos días sacaron sus garras para rechazar la posición del presidente de Argentina, Alberto Fernández, de condenar estos atropellos.
Porque, a diferencia de otros países, su gobierno nunca dejó de reconocer a Maduro como “autoridad legítima” del gobierno venezolano. En todo caso, agrega el matiz de la “profunda preocupación por la situación de los derechos humanos así como por la grave crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela”, de acuerdo a las declaraciones del embajador argentino, Federico Villegas, en Ginebra.
La evidencia por encima de la ideología. De lo contrario, siempre recurriremos al argumento pueril para juzgar a Bachelet y diremos que así como juzgó a Venezuela, no investigó lo ocurrido en Chile, con las intensas represiones ocurridas a fin de año.
¿O de igual modo dejaremos pasar la falta de independencia del poder judicial venezolano? Porque existe inseguridad en la titularidad de los jueces y en la transparencia de su elección, así como en la presión política y las restricciones a su libertad sindical.
¿Tampoco eso existe? En realidad, apena y duele mucho más, saber que se defiende lo indefendible.
