En lo que va del año, se han registrado 34 muertes dentro de las unidades pertenecientes al Instituto Nacional de Rehabilitación, más conocidas como cárceles, aunque su designación cambió al formarse el INR. También se intentó modificar el léxico: en vez de decir “presos” se instaló el concepto de “persona privada de libertad”, aunque en la práctica todo sigue igual y las condiciones dentro de las rejas es la misma; además de que la violencia sigue siendo el común denominador.
El tal sentido, el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit analizó las causas de la escalada de violencia, ya que entrando a setiembre se está a tan solo 10 muertes para superar las ocurridas durante 2019. El último caso ocurrió en el Penal de Libertad, donde asesinaron a Nicolás Gabriel Midón, de 21 años, que llevaba seis meses encarcelado.
Para entender la realidad dentro del penal, Petit dijo que se trata de una cárcel situada a 50 kilómetros de Montevideo, donde son pocos “los actores que llegan de afuera”. “Hay muy poca llegada de oenegés, instituciones voluntarias, agentes externos, y en su estructura, sobre todo en el celdario 1, es totalmente inadecuada”, explicó a El País. Petit sostuvo que “es muy difícil que haya actividades educativas, de trabajo, de taller y hay una violencia concentrada donde por cuestiones diversas se producen enfrentamientos en el patio o en el horario de visita”.
El comisionado parlamentario comentó que para cada recluso debe haber un plan individual de tratamiento así como “cada paciente de un hospital hay una historia clínica y una terapeuta. No lo hay porque faltan técnicos, programas y el Penal de Libertad es un gran expresión de ello”.
“Lo peor que puede pasar es poner todo en una misma bolsa. Hay mucha gente logrando que haya internos que vayan a leer, escribir o aprender un oficio”, explicó.
Pero lo cierto es que la escala de violencia en las cárceles lejos está de terminar. En lo que va del año ya van 15 homicidios en centros penitenciarios. Por otra parte se llevan registradas 34 muertes dentro de cárceles, de las cuales 28 fueron catalogadas como “muerte violenta”, que puede incluir homicidios, suicidios o accidentes dentro de la prisión. Solo seis están dentro de la categoría de muerte “no violenta”. Estas cifras ya casi alcanzan a todas las muertes violentas ocurridas en 2019 donde hubo 31, en un total de 44. Pero lo más llamativo de estos números es que en la Unidad N°4 Santiago Vázquez (exComcar) sucedieron 16 de las 28 “muertes violentas” en este año.
VARIOS FACTORES EN CONTRA
Según el comisionado, la violencia de las cárceles no se debe a un solo factor sino a varios problemas acumulados de muchos años. “Yo creo que tenemos problemas acumulados de muchos años y sectores de exclusión social que se extienden en el territorio, en los cuales las trayectorias tienen una escala en la cárcel, pero circulan por la sociedad”, sostuvo Petit. En tanto, agregó que “tratar de entender los episodios solo como un problema institucional carcelario es una mirada muy parcial”.
Para Petit, el exComcar es como una gran ciudad porque “son 12 módulos con 3.500 personas.
“La cárcel es un barrio más, ya no es un lugar lejano donde la gente va y se toma un ómnibus. Es un barrio donde las familias van a pasar la tarde los domingos, dialogan, intercambian palabras, códigos y cultura y si no intervenimos en ese barrio más, donde tiene que haber deporte, cultura, recreación, vamos a seguir errándole y pegándole a la víbora en la cola y no en la cabeza del problema”, indicó el comisionado.
EL EJEMPLO DE PAYSANDÚ
La Cárcel Departamental de Paysandú fue inaugurada el 22 de agosto de 1979 por el jefe de Policía, el coronel Carlos Berois. Desde siempre ha sido considerada como “modelo”, en comparación con las restantes del país.
Cuenta con cerca de 5.000 metros cuadrados de construcción, con 18 pabellones, comedores, cocina, sala de visitas conyugales, alojamiento de personal, patios de recreo y dos apartamentos. Atrás en el tiempo quedaron las 9 celdas disciplinarias y 6 de seguridad que funcionaron hasta hace unos años.
Aloja actualmente a casi 300 internos, entre ellos mujeres que están en su correspondiente pabellón. Alrededor del 40% de los internos desarrolla tareas, ya sea en el exterior, en uso de salidas transitorias, o en el mismo recinto en los talleres. Pese a que la población incluye personas que han caído al sistema por diversos delitos, entre ellos homicidio, rapiñas, hurtos y venta de drogas, las relaciones interpersonales escapan de la realidad que se vive en las unidades de la capital o incluso la de Rivera, conocida como Cerro Carancho, donde la violencia se hace sentir.
En su historia se han registrado varios incidentes, tales como un motín ocurrido el 1º de marzo de 2006 que duró casi 7 horas y terminó con once guardias heridos –uno de ellos de entidad–, y la posterior remoción de su director ante el uso excesivo de la fuerza policial para amedrentar a los internos. Sin embargo, pese a este tipo de hechos, no ha habido jamás un caso de muerte violenta; por lo que sigue siendo un ejemplo en comparación a otras unidades.