La Junta Departamental dio “la anuencia al Ejecutivo Departamental para constituir un fideicomiso para obras alternativas para hasta un presupuesto máximo de 250 millones de Unidades Indexadas, a pagar en 20 años”, como reza el artículo primero del decreto aprobado, con 26 votos afirmativos en 31 ediles presentes.
La bancada oficialista votó en su totalidad a favor (16 votos) y fue secundada por 10 votos afirmativos del Partido Nacional. En contra votaron José Pedro Illia, Carlos Balparda, Pablo Bentos y Jorge Genoud del Partido Nacional, así como Edgardo Quequín del Partido Colorado.
El edil Illia anunció que iba a presentar ante los organismos competentes la nulidad del decreto por ser inconstitucional, en la medida que se refiere a una norma presupuestal (a través de un préstamo) que la Constitución establece que no puede aprobarse en el último año de gobierno. De inmediato su anuncio fue secundado por Balparda y Bentos.
La principal característica es que el decreto aprobado coloca en un mismo nivel a todas las obras inscriptas en la respectiva lista, con la excepción que asegura el 20% del presupuesto que el próximo Ejecutivo decida utilizar para obras en el interior del departamento. Establece el monto económico máximo pero deja en total libertad al próximo intendente para ejecutar las obras que crea más importantes.