El ministro de Desarrollo Social (Mides) Pablo Bartol, junto al subsecretario Armando Castaingdebat y a la directora del programa Uruguay Crece Contigo, la sanducera Cecilia Sena, recorrió en la víspera algunos barrios en situación de fragilidad social y luego se trasladó a Quebracho para el lanzamiento del programa “Quebracho Cuida”. La delegación fue acompañada por el director departamental del Mides, Ignacio Ifer.
En Paysandú realizó además una visita a EL TELEGRAFO, donde fue recibido por el director, Alberto Baccaro. Dijo que tras la pandemia las zonas que siguen siendo las más afectadas en el país son “toda la zona metropolitana y los departamentos del norte del país en frontera con Brasil, Artigas y Rivera. Especialmente Rivera por su período de cuarentena adicional voluntaria, un llamado a ‘Quedate en casa’ cuando el resto del país comenzaba a salir. Eso generó un problema social bastante profundo”.
Castaingdebat agregó al departamento de Salto entre los más afectados. “En la ciudad de Salto llegaron a alimentarse en ollas populares 9.000 personas y actualmente son 6.000. A una olla popular no se va por gusto. Hay 35 asentamientos en la ciudad, que concentra más del 90% de la población. Me impactó lo que vi, porque en el Interior -y soy del Interior- siempre hubo pobreza. Pero lo que vimos fue miseria. Creo que la alta zafralidad laboral tiene mucho que ver, con las producciones de arándanos, naranjas, cáñamo y las termas. Eso genera gran inestabilidad en los ingresos y provoca estas situaciones extremas que hemos apreciado”.
UN MILLÓN DE CANASTAS
Anunciaron que “en los próximos días llegaremos al millón de canastas entregadas, lo que significa un derrame de entre 25 y 30 millones de dólares, que especialmente beneficia al mediano y pequeño comercio”.
“Porque al principio la modalidad era entregar una canasta con los productos, pero eso solo beneficiaba a las grandes superficies. Cuando decidimos utilizar la aplicación (TuApp) tanto para los beneficiados como para comerciantes, entonces fue posible que muchos comercios en todo el país pudieran vender esos productos y obtener ingresos”.
La necesidad de entregar canastas para paliar la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 dejó en evidencia, dijo Bartol, “la fragilidad social que tenía el país. Es claro que el país tenía una insospechada fragilidad social que quedó en evidencia a la semana de aparecer casos de coronavirus en Uruguay”.
Esa situación está especialmente vinculada a “la informalidad. Hoy el país tiene 400.000 personas sin trabajos formales. No todas en situación de pobreza, eso hay que aclararlo. Porque por ejemplo, hay lo que se llaman bagayeros, que están en la informalidad, pero no en la pobreza”
“El gran desafío que tenemos por delante -explicó Pablo Bartol- es lograr que este gran grupo de uruguayos abandone esa situación de informalidad y en muchos casos también de fragilidad social. Incluso nosotros mismos como Mides tenemos que actuar en la manera que entregamos los programas. Porque algunas prestaciones se brindan solamente si el nivel de otros ingresos no sobrepasa determinada cantidad. Entonces eso incentiva el trabajo en negro. Estamos trabajando precisamente en modificar eso para que ser formalidad no impida tener una prestación del Mides y si esta debe ser retirada que lo sea de manera progresiva”.
URUGUAY SOCIAL TENDRÁ VIGENCIA POR DOS AÑOS
Lo que se detecto es que hay un uso inadecuado de la tarjeta Uruguay Social “porque no hay un contralor adecuado. Hay gente que hace más de 8 años que no se la visita. A modo de ejemplo, en Salto se detectó cuando se fue a visitar a una familia que tenía la tarjeta que ahora es propietaria de un gran almacén. Se la había otorgado en otras condiciones, que la familia superó. La falta de seguimiento hace que muchas familias que ya no la necesitan la sigan recibiendo” aseguró el Ministro de Desarrollo Social, quien reveló que “de las tarjetas entregadas hace más de 8 años, el 70% ya no califica”.
Ante esta realidad “la tarjeta Uruguay Social tendrá una vigencia de 2 años. Transcurrido ese plazo se deberá hacer el trámite nuevamente y se incorporará la declaración jurada. Cuando llegamos al ministerio había 16.000 entrevistas pendientes de quienes querían acceder al beneficio. Pero resulta que se lo estamos dando a quienes ya no lo necesitan”.
ADMINISTRARÁ PLAN DE EQUIDAD
Actualmente el presupuesto del Mides es de 9.500 millones de pesos pero en el presupuesto nacional a estudio ascenderá a 18.000 millones de pesos. No se trata empero de una duplicación de ingresos sino que “tendremos una responsabilidad adicional, porque vamos a administrar las asignaciones familiares del Plan de Equidad, actualmente en el BPS. Pero no será solamente un asiento contable sino que le otorga la posibilidad al ministerio de rediseñar la política social detrás de ese beneficio”.
Por otra parte, hay programas que destinan la menor parte a los beneficiados y el resto se distribuye entre técnicos y costos administrativos. Un caso es Uruguay Trabaja que “de cada diez pesos, efectivamente llegan 3 pesos a sus bolsillos.
“Detrás de esto hay una discusión académica de quienes dicen -en parte con razón- que no solo es importante el efectivo, sino el apoyo en capacitación y acompañamiento”, agregó. El programa tiene un costo anual de 15 millones de dólares, pero a los 3.000 beneficiarios se les paga el 28% de esa suma.