Los ediles departamentales José Pedro Illia, Carlos Balparda, Pablo Bentos, Jorge Genoud y Edgardo Quequín están en la etapa final de recolección de firmas para pedir a la Cámara de Representantes la derogación del decreto 8093/2020 que habilita la firma de un fideicomiso de hasta 250 millones de UI (unos 25 millones de dólares) a ser amortizado en un plazo de 20 años, actuando como fiduciario República Afisa (Rafisa).
José Pedro Illia expresó que “estamos esperando completar las firmas para mandar esa acción de nulidad a la Cámara de Diputados. Actualmente estamos en 850 de las 1.000 necesarias. Sabemos que el momento no es el mejor porque está en plena discusión el presupuesto. Sabemos que la tarea de juntar firmas tampoco se hizo en el mejor momento con toda la ebullición de las elecciones departamentales. Pero asimismo hubo gente muy interesada y que sigue interesada en que se obtenga esta nulidad”.
“Nosotros nos opusimos y tenemos el aval de algunos juristas que piensan igual que nosotros; así como material bibliográfico doctrinario y jurisprudencial en el mismo sentido. Tenemos normas en la Constitución, en el Tocaf, informes del Tribunal de Cuentas”.
Ahora falta “un órgano a nivel nacional como la Cámara de Diputados que tenga la valentía y la objetividad de aplicar el derecho en un país que creemos que se rige precisamente por el estado de derecho”, subrayó el edil del Partido Nacional.
Para presentar las mil firmas ante la Cámara de Diputados hay un plazo de “15 días desde la promulgación del decreto ley de la Junta Departamental con fuerza de ley en su jurisdicción” reconoció Illia antes de asegurar que “la promulgación, es decir la firma del intendente y el secretario general ya se hizo. A partir de ahí quedan 15 días corridos. Pero esa promulgación para la Constitución dice que debe interpretarse en el sentido de publicación. Tiene que ser un acto público, tiene que publicitarse frente a terceros y la forma es la publicación en el Diario Oficial. No se ha hecho, por lo tanto no ha comenzado a correr ese plazo”.
TAMBIÉN ANTE LA CORTE SUPREMA
Por otra parte, “estamos planteando también la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Es otra acción vinculada al mismo tema pero que está limitada a quien le pueden plantear lo que se llama legitimación activa”.
Esa legitimación activa la tienen solamente “aquellas personas que tienen interés personal, legítimo y directo, que en este caso somos solamente los ediles que votamos en contra en aquel momento. Somos cinco habilitados a plantear la acción de nulidad, porque la legislación no permite que un ciudadano común pueda accionar en la medida que aun el fideicomiso no se firmó. Sería casi imposible jurídicamente probar una afectación a ese interés, cuando en realidad el contrato de fideicomiso aún no se otorgó”.
“La legitimación de poder hacer el reclamo ante la Suprema Corte de Justicia corresponde a quienes en el momento de la votación tenían legitimidad activa. La norma entonces me habilitaba y al haber votado en contra del decreto puedo elevar el caso a un tribunal superior. Es cierto, ninguno de los cinco renovamos nuestra condición de ediles para el próximo período y que la resolución será en forma posterior al termino del período. Pero la legitimación activa no la perdemos”, concluyó Illia.