(EL OBSERVADOR)
La Justicia comenzó a imputar a aquellas personas que se quitan y destruyen las tobilleras electrónicas, lo que constituye un nuevo delito incluido en uno de los artículos de la Ley de Urgente Consideración, aprobada por el Senado el 8 de julio. Hasta el momento, según informó el Ministerio del Interior, tres personas de distintos departamentos fueron condenadas. El primer caso fue protagonizado por una mujer, oriunda de Maldonado, que fue detenida luego de dañar y sacarse el dispositivo, cerca de la casa de su expareja, que la había denunciado.
Tras un acuerdo con la fiscalía, por el que aceptó los hechos y firmó que su caso se resolviera mediante un proceso abreviado, fue condenada el 1º de octubre a dos meses de prisión y otros 13 de libertad vigilada. Una situación muy similar ocurrió dos días después en Cerro Largo con un hombre que tenía un antecedente penal, quien pagará con el delito con tres meses de cárcel.
El tercer caso ocurrió el 5 de este mes en Florida. De acuerdo a un comunicado de la jefatura de ese departamento, se trata de un hombre de 30 años que había sido condenado a 16 meses de prisión –por un delito no especificado–, pena que se había sustituido por el beneficio de la libertad vigilada. Sin embargo, el 26 de setiembre llegó la notificación a la policía de que el dispositivo había dejado de funcionar, por lo que se lo volvieron a instalar. También llegó a un acuerdo con la fiscalía, y esta vez deberá cumplir 10 meses de prisión efectiva, y además pagar una multa de 30 Unidades Reajustables, que equivalen a $ 38.636.
El subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, dijo a la Unidad de Comunicación de la cartera de servicios que este delito “es muy importante, porque es un artículo que está para proteger a las víctimas, (y) no tanto por el aspecto material, que también cuenta”. En ese sentido, apuntó que el costo que conlleva el daño a las tobilleras o pulseras electrónicas, algo que ocurre con frecuencia, es de U$S 7.000.
CITAN A RESPONSABLES DE CENTROS RELIGIOSOS
(SUBRAYADO)
Las autoridades sanitarias del departamento de Rivera citaron a los responsables de los centros religiosos para plantear las medidas a tomar con el fin de evitar el aumento de los casos de coronavirus. Según informaron las autoridades, de los 57 casos activos de COVID-19 que tiene el departamento, 34 corresponden a centros religiosos.
En una reunión en la que participaron 100 líderes de diferentes centros religiosos, las autoridades expresaron que deberán ajustar las medidas sanitarias. En primer lugar, se deberá tener un registro del número de centros religiosos y la ubicación de cada uno de ellos, así como también se pidió que en cada uno de ellos se cumplan “estrictamente” los protocolos.
Además, se prohibió el vínculo con centros religiosos que se ubiquen cerca de Santana Do Livramento.
Ante los planteos de las autoridades sanitarias, los líderes de los centros religiosos aseguraron que es difícil evitar el contacto y la distancia en las ceremonias; pero de a poco están empezando a cumplir con el distanciamiento.
“Hemos logrado que la gente responda bien y que mantengan la distancia en las reuniones” explicó Blanca Montero, de la asociación de Pastores; y remarcó la importancia de enseñarle a la gente que no debe aglomerarse y debe respetar las normas.
En medio de su visita al departamento de Flores el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se refirió a la situación de COVID-19 surgida a partir de reuniones religiosas. En conferencia de prensa expresó que hay un foco originado en los cultos religiosos y sobre esto dijo que “a veces se quiere tapar la realidad con la mano”. “A veces decían ‘al culto asistieron tres personas’ y tras una indagación epidemiológica se empiezan a sumar casos”.
Salinas manifestó que es “un foco interesante que sigue bajo control estricto”.
VEINTINUEVE CASOS NUEVOS
(SINAE)
Ayer se realizaron 2.819 análisis y se detectaron 29 casos nuevos de COVID-19. De ese total, 15 son de Montevideo, diez de Rivera, tres de Colonia y uno de Soriano. Hay 267 personas cursando la enfermedad, una internada en cuidados intensivos.
Los departamentos con casos activos son 13: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rivera, Rocha, Salto, San José y Soriano. El departamento que más casos tiene es Montevideo con 137. Le siguen Rivera con 64 y Colonia con 35.
MOVILIZACIONES EN TORRE EJECUTIVA
(RADIO URUGUAY)
Este miércoles fue una jornada de movilizaciones frente a Torre Ejecutiva. La colectividad armenia en Uruguay reclama una condena más contundente de la comunidad internacional a la escalada bélica que se está dando en los últimos días en esa región del Cáucaso.
Si bien destacaron la posición histórica del Estado uruguayo y las recientes expresiones en el mismo sentido, tanto del gobierno como del Poder Legislativo, en defensa del pueblo armenio, entienden que la débil respuesta internacional perjudica a Armenia y envalentona a la otra parte. “Por eso mismo es que nos estamos movilizando. (…) Estamos buscando un fuerte pronunciamiento para que cesen las hostilidades”, indicó el vocero del grupo.
Más temprano, los trabajadores de Artes Gráficas se movilizaron y concentraron frente al edificio de gobierno. En este caso, para expresar su rechazo y no reconocimiento a los Consejos de Salarios. Según expresaron, no fueron tomados en cuenta en el acuerdo tripartito que les implica pérdida de salarios.
Por esto, piden la reapertura de los Consejos y anunciaron que para apoyar el reclamo definirán paros y nuevas movilizaciones.
Finalmente, un grupo de madres alojadas por el Mides en varios hoteles se acercaron hasta Torre Ejecutiva para protestar porque en la víspera se les anunció el recorte por tiempo indeterminado de los tickets de alimentación que recibían. También denunciaron que ya han sufrido faltante de productos alimenticios en diversas ocasiones.
Ante el reclamo, un par de madres del grupo fueron recibidas por funcionarios de Presidencia, quienes se comprometieron a trasladar su planteo a las autoridades.
