La reciente reglamentación por el Poder Ejecutivo para la instalación de la Comisión de Expertos en Seguridad Social de 15 integrantes que elaborará un diagnóstico y hará un planteo de reforma jubilatoria, es el puntapié inicial de un período de recopilación de datos y análisis con vistas a producir un proyecto –no vinculante– para abordar una problemática que requiere respuestas profundas y una actualización no solo al presente, sino sobre todo de cara al futuro.
Aunque en este año de pandemia la atención está centrada en la problemática relacionada con la COVID-19, tanto desde el punto de vista sanitario como de sus consecuencias socioeconómicas durante la coyuntura y su proyección en el futuro inmediato, igualmente es fundamental poner en el tapete y procurar avances en determinados temas importantes de mediano y largo plazo, pese a las urgencias de la hora.
Entre los importantes figura la seguridad social y más precisamente la reforma que seguramente deberá darse el Uruguay, con una base amplia y participativa, ante la diversidad de elementos e intereses en juego, desde que desde hace ya varios años se conjugan factores que en algún momento harán crujir el sistema desde el punto de vista estructural y no solo coyuntural.
En el decreto reglamentario a que nos referimos se establece que la comisión se relacionará con “los ministerios competentes, el Banco de Previsión Social (BPS), los demás servicios estatales de previsión social, las tres personas públicas no estatales de seguridad social y cualquier otro organismo que estime pertinente, en forma directa”.
Asimismo, “la información requerida” por la comisión “tendrá adecuada prioridad, debiendo brindarse con la máxima diligencia toda aquella que se solicitare, salvo las limitaciones que imponga la normativa vigente”.
A su vez, respecto a las decisiones de la comisión, éstas se adoptarán prioritariamente por consenso o por una mayoría de nueve votos conforme a lo establecido en la Ley de Urgente Consideración, y de no lograrse, hacerlo por mayoría.
Entre los 15 integrantes de la comisión figuran técnicos de diversas áreas, entre los cuales tres abogados: Rodolfo Saldain (expresidente del BPS, especializado en derecho del trabajo y seguridad social, representando al Partido Nacional), Nelson Loustanau (exministro y subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, representante del Frente Amplio) y Renán Rodríguez (quien también es escribano, participó en la redacción de la reforma previsional de 1996, exsubsecretario de Trabajo y Seguridad Social y exministro de la Corte Electoral).
En la comisión de expertos figuran asimismo ocho economistas, dos contadores y un escribano, los que deberán conciliar elementos técnicos y también políticos, por cuanto las respuestas en esta problemática no se limitan solo a números ni a cuadro normativo, sino asimismo a compatibilizar la teoría con la realidad socioeconómica y visiones a veces muy distantes entre sí.
De esta forma, con el decreto habilitante, en los próximos meses ya nuestro país comenzará a transitar por este proceso de reforma mediante el trabajo de un equipo que será el encargado de elaborar primero un diagnóstico de la situación, para luego evaluar y recomendar posibles respuestas ante un gran desafío para el que difícilmente se puedan diseñar soluciones definitivas, sino más que nada esquemas que necesitarán ajustes con el paso del tiempo y los nuevos escenarios que los precipiten.
El presidente de la comisión de expertos, Dr. Rodolfo Saldain, tuvo participación en el grupo que estudió y redactó la reforma de la seguridad social que se aprobó en 1996 y que está vigente, con algunas correcciones. Fue presidente del Banco de Previsión Social (BPS) entre 1990 y 1993, director del organismo el período previo y consultor internacional sobre temas previsionales. Según ha expresado, “hay suficientes debilidades como para justificar un examen global”, a la vez que ya “hay situaciones que no son sostenibles” respecto a las cajas paraestatales. Además, es partidario de hacer modificaciones tanto en el tramo jubilatorio que administra el BPS como en el que gestionan las AFAP.
En una primera aproximación al tema, Saldain ha evaluado que hoy hay un nivel de conocimiento acumulado y masa crítica “bastante mayor que el que había en 1995. Es bastante más fácil hablar de este tema, en 1995 la academia tenía mínima participación y hoy hay sectores académicos, organizaciones no gubernamentales, que han venido trabajando estos temas. Hay un conjunto también de expertos que en aquel momento era bastante más limitado. Eso es una diferencia importante”.
A su juicio la reforma previsional de 1996 “intentó preparar” al sistema para esta nueva realidad demográfica, que implica la nueva forma de pirámide de edades con una base bastante más angosta y una cúspide cada vez más ancha de envejecimiento de la población, aspecto que precisamente es el nudo gordiano que promueve que haya necesidad de reajustar el esquema previsional.
Adelantó que “hoy el sistema mixto tiene menores detractores que en el pasado, hay muy pocas personas en el Uruguay que sean capaces de sostener que todo el sistema deba reposar en las finanzas públicas, en el BPS. Podremos discutir cuál es la mejor forma de diseñarlo, probablemente hoy no sea la forma que tiene el actual sistema mixto dividiendo el salario por niveles, que por encima de un nivel es obligatorio y por debajo voluntario. En lo personal ya hoy pienso que no es lo mejor ese sistema sino ir a un sistema más de tipo de corte longitudinal donde se aporte al sistema de reparto por ejemplo el 8% o 7,5% del 15% del aporte personal, y que el otro tanto que se aporte a un sistema de ahorro individual. Es probable que tampoco sea (la ideal) la forma en que se diseñó el segundo pilar y haya oportunidades de mejoras”.
Con la experiencia del período previo a la reforma y los problemas detectados durante su vigencia, se debería delinear el nuevo sistema aterrizando la teoría en la porfiada realidad, sin voluntarismos que son pan para hoy y hambre para mañana. Hasta 1996 había únicamente un BPS que tenía un esquema de reparto solidario intergeneracional en el que no se alentaba el aporte individual ni tampoco estar en la legalidad, y por lo tanto el sistema se iba desfinanciando y se requería cada vez más recursos desde Rentas Generales, a la vez de haberse otorgado generosamente pasividades sin los aportes correspondientes, por notorio manejo político-electoral del sistema previsional.
El escenario actual no es el ideal ni mucho menos, con exigencias financieras al sistema que han crecido sobre todo por efectos de la mayor expectativa de vida como de una menor relación activo-pasivo, que implica que los aportes se estrechen ante los requerimientos de las prestaciones, y que el sistema se resienta cuando se entra en un período de decaimiento de la actividad y los aportes, con creciente desfasaje entre lo que ingresa y las exigencias en erogaciones.
Una comisión de estas características es un ámbito fundamental para que el sistema político responda con madurez y amplitud mental para establecer los correctivos que se necesitan, con aportes plurales para ponderar y tratar de coincidir en fórmulas que permitan llegar a la mayor base de apoyo posible, sin recaer en posturas populistas y demagógicas de seguir pateando la pelota para adelante para que otros se hagan cargo, llegado el momento, de adoptar decisiones traumáticas por no hacer las cosas bien para tratar de evitar los costos políticos.
