Si bien el ejercicio del gobierno en coalición se aplica en numerosos países, sobre todo en el Viejo Continente, por regla general esta modalidad de gobierno con respaldo en la Constitución y fuerte institucionalidad, responde a sistemas en los que la jefatura de gobierno puede corresponder a un primer ministro, un canciller, y también los hay de corte netamente parlamentarista, donde el primer ministro o el canciller caen al depender del apoyo parlamentario que tenga, y nadie se rasga las vestiduras por ello.
En nuestro país, en cambio, desde el fondo de la historia el protagonismo ciudadano ha estado expresado a través de partidos históricos fuertes, tanto en el régimen presidencialista como en el colegiado, con apoyo parlamentario propio en la gestión en carácter mayoritario o eventualmente con el apoyo de legisladores de otros partidos, permanente u ocasional.
Este escenario cambió radicalmente a partir de 1971, cuando se creó la coalición de izquierdas Frente Amplio. Y decimos de izquierdas y no de izquierda porque se trató de la integración en un frente común de vertientes diversas, que van desde la izquierda radical tradicional hasta la de partidos de esencia socialdemócrata y asimismo de dirigentes escindidos de los partidos tradicionales.
En aquel entonces, se nuclearon en esta oferta electoral, bajo el lema del Partido Demócrata Cristiano (PDC), corrientes como el Partido Comunista, el Partido Socialista, otros partidos y grupos de izquierda radical y movimientos de tendencia socialdemócrata y centroizquierda, entre otras etiquetas, además de disidentes de los partidos Nacional y Colorado.
El corsé legal condicionante para comparecer en una elección hizo que esta coalición se presentara bajo un lema común ya existente ante la imposibilidad de integrar un partido como tal, pero con el tiempo, bajo un programa común básico, y superando diferencias, se generó una creciente acumulación de fuerzas con respaldo electoral que permitió al Frente Amplio llegar al gobierno hace dieciséis años.
No ha sido fácil cobijar bajo un mismo lema a grupos con diferencias significativas, como es el caso de la creencia cristiana en conjunción con el Partido Comunista, lo que se vio en el ejercicio del gobierno, pero sin que la sangre llegara al río. Sin embargo, tales han sido las diferencias que en cierto momento se creó una especie de equipo de economía paralelo como alternativa dentro de la coalición de izquierdas, que precisamente trató de disimular estos encontronazos en aras de no perder imagen ante la ciudadanía y sobre todo por los desafíos electorales próximos.
En fin, de lo que se trata, aunque sea a los tumbos, es de procesar los disensos en aras de un objetivo supremo y cuando se trata de partidos diferentes, llegar a una expresión común en determinados temas fundamentales, como se hace en las naciones democráticas en las que los electores confían el ejercicio del gobierno sin mayorías absolutas.
En Uruguay, donde hay efectivamente dos grandes bloques de opinión y/o ideológicos, más o menos por mitades que pueden inclinarse con escasa diferencia hacia un lado o hacia otro en cada contienda electoral, nos encontramos con que a partir del 1º de marzo ejerce el gobierno una coalición de partidos que encabeza el presidente Luis Lacalle Pou y que sustituye a la coalición de izquierdas que gobernara el país por espacio de los últimos quince años, y que sin embargo no tiene una conducción orgánica como tal.
Este es un aspecto que hasta ahora no ha sido clarificado, por cuanto salta a la vista que si bien se gobierna a través del Poder Ejecutivo y el Parlamento, es preciso contar con una coordinación previa, una mesa representativa de los partidos integrantes de la coalición que formulen aportes para que las eventuales diferencias se procesen en ese ámbito y se llegue a los tiempos de decisiones con los acuerdos necesarios.
Hasta ahora este aspecto no se ha instrumentado más allá de los contactos informales que se dan entre los más connotados dirigentes partidarios, incluso en contacto directo con el mandatario y el secretario de la Presidencia, y ello puede derivar en un desgaste de interlocutores y en sorpresas para el tratamiento de determinados puntos cuando se llegue a la instancia parlamentaria, lo que obligaría a negociaciones en plena marcha y eventuales disidencias que son incluso el lastre de toda coalición de partidos.
Con estos elementos de juicio, no puede extrañar que el Partido Colorado haya solicitado mediante una carta al presidente Luis Lacalle la instalación de un “ámbito superior de coordinación política que asegure el mejor cumplimiento del Compromiso por el País”, documento que fuera firmado por todos los partidos de la coalición.
“Advertimos la necesidad de un ámbito político de diálogo, que aborde el accionar y a la vez canalice las iniciativas particulares para lograr consensos sólidos que a todos nos representen”, sostuvo la carta firmada por el secretario general del partido Julio María Sanguinetti, y la presidenta de turno Agustina Escanellas.
El mismo reclamo es formulado por Cabildo Abierto desde hace meses y entre estos dos partidos se cuenta con un amplio número de legisladores que resultan vitales para poder gobernar con mayorías parlamentarias.
Hasta ahora, sobre todo por imperio de las urgencias, Lacalle Pou ha manejado la situación en diálogos mano mano con los dirigentes socios y dilucidado con inteligencia determinados disensos y desafíos, pero más temprano que tarde van a llegar los tiempos en que se necesite otro grado de consulta, planteos y coordinación a medida que se avance en la gestión.
El punto es que naturalmente el presidente es el piloto de la coalición y por lo tanto quien tiene la mayor responsabilidad por lo que se haga y deje de hacerse. Pero también necesita de un equipo de apoyo, de un parlamento receptivo y donde no aparezcan francotiradores dentro de la propia mitad representada por la coalición, con algún sesgo de poner condiciones si no sale tal o cual cosa, como ha ocurrido en más de una oportunidad en el pasado.
Y si bien no pone totalmente a cubierto de riesgos ni de sobresaltos, una mesa de coordinación es un ámbito necesario y de excelente relación costo-beneficio, tanto por lo que puede hacer como por lo que puede evitar, si se actúa a la altura de las circunstancias, por lo que no debería demorarse más tiempo en crear esta instancia de consulta.
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“Esta reunión ha sido una gran señal de compromiso de la comunidad de Paysandú, con que la cárcel sea un barrio más, y un lugar donde se generan oportunidades”, dijo el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, al salir de la reunión mantenida el miércoles en el Establecimiento Nº 16 del INR, en Payandú.
