Esta semana llegó al país la primera de las dos unidades Hércules C-130 H, adquiridas por nuestro país al gobierno de España y, como no podía esperarse otra cosa, se reactivaron los cuestionamientos desde la oposición acerca de esta operación, en la que se invirtieron 21 millones de euros, con más un millón adicional en repuestos. Todo ello pagadero en tres cuotas. El primer cuestionamiento es el monto que se destinó a esta operación, muy pocos meses después que el mismo gobierno se desprendiera de otro avión, con otras características, otras dimensiones y, en definitiva otro tipo de usos a los que destinarlo, por lo que, en suma, no tiene punto de comparación una cosa con otra, salvo porque se trata de “máquinas que vuelan”.
Cabe, en todo caso, preguntarse por la oportunidad del gasto en plena pandemia, cuando se sabe que la economía está sufriendo embates y que el estado debe asumir erogaciones extraordinarias para ayudar mediante subsidios y otros instrumentos a diferentes sectores para que se mantengan a flote. Aquí, como argumento a favor de la compra, puede pesar el sentido de la oportunidad, es decir, que hay negocios que se presentan en determinadas circunstancias y se aprovechan o no. En este caso la oportunidad se presentó porque España estaba sacando de operación su flota completa de Hércules para pasarse a unidades más modernas y esto supone mejores condiciones que si fuese Uruguay el que saliera al mercado a buscar un avión de este tipo.
Otro de los cuestionamientos refiere a la antigüedad de los aparatos, al punto que se los ha señalado como “reliquias” o “chatarra”, pero, ¿es esto tan así? Sin ir más lejos, este lunes la página especializada española Gaceta Aeronáutica (gacetaeronautica.com), publicaba un artículo firmado por José Luis Lezg, donde comentaba la salida de los aviones Hércules C-130H, a los que definió como “la espina dorsal” de la flota de transporte del Ejército del Aire.
En efecto, el primero de los 12 aviones Hércules C-130H se incorporó en noviembre de 1973 y durante los años 80 se completó la adquisición. Destaca Lezg que durante los años 90 toda la flota se sometió “a un proceso de modernización, actualizando principalmente equipos de aviónica, navegación y algún elemento estructural”.
Agrega que “en 47 años de servicio los Hércules han realizado unas 210.000 horas de vuelo y como media cada avión tiene sobre 17.000 horas de vuelo. Son aparatos que gracias a los cuidados con los que han sido operados y al continuo meticuloso mantenimiento del personal de tierra, se encuentran en un excelente estado” y sostiene que toda la flota “podría continuar operativa durante muchos años más”. En este sentido menciona que “Reino Unido dio de baja sus Hércules con más de 35.000 horas de vuelo por célula” y que “no resulta complicado encontrar por el mundo aviones con 50.000 y 60.000 horas de vuelo que siguen operando con normalidad”.
Pero una vez arribado ya el primero de los dos aeroplanos a suelo uruguayo, nos encontramos con una serie de trascendidos que vienen a traer nuevas preguntas acerca de la adquisición. En concreto, el legislador opositor Gerardo Núñez, quien citó un párrafo del informe en minoría del integrante del Tribunal de Cuentas que se opuso a la compra de los aviones. En ese párrafo se recoge parte de un informe de la asesoría jurídica de la Fuerza Aérea, en el que se cuestiona que el Reino de España no haya aceptado designar la intervención de un tercero en caso de controversia, así como que ese estado no acepte responsabilidad y no brinde garantía sobre los aviones, lo que considera un “extremo objetable”.
Más allá de la filiación política del diputado que plantea los cuestionamientos, le asiste razón al transmitir estas inquietudes que son las mismas que a escala doméstica podría plantearse alguien al adquirir un bien automotor de uso familiar. Y, acaso, si en esas circunstancias es válido que alguien compre un auto en las condiciones en que se encuentra y sin garantía, después de hacerlo revisar por un mecánico de confianza, por supuesto, no es el tipo de trato que uno espera se lleve adelante entre dos estados y la responsabilidad por aceptar o no el trato es, como siempre, del comprador.
Ante estos cuestionamientos, García respondió afirmando que “El Partido Comunista y el diputado Núñez no creen en las Fuerzas Armadas y no están de acuerdo con que haya Fuerzas Armadas que estén armadas. Prefieren fuerzas desarmadas. Es una cuestión ideológica”, según publicó Montevideo Portal.
Agregó el ministro que el gobierno “cree en la institucionalidad” y en la función que deben cumplir las Fuerzas Armadas al servicio del país, “como hicieron estos aviones Hércules que, en plena pandemia, repatriaron centenares de uruguayos para unirlos con sus familias, que hacen traslados sanitarios o de laboratorios, como trasladamos al Interior del país en medio de la pandemia o para participar de rescates humanitarios. Eso es parte de la institucionalidad”.
García insistió en que “creemos en la institucionalidad y, dentro de la institucionalidad democrática y republicana, nuestra Constitución prevé Fuerzas Armadas al servicio de la sociedad”.
Estas respuestas no son aceptables, puesto que el ministro olvida que también forma parte de la institucionalidad y la democracia el contralor que debe ejercer el Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, y en este caso hubiese correspondido responder acerca de las condiciones del negocio llevado adelante por el Estado. Si hay un error en la información que manejó el diputado Núñez, desmentirlo, y si en cambio, fueron esas las condiciones en las que se llevó adelante la transacción, asumirlo.
“Es la hora de hacernos cargo”, dijo el 1º de marzo el presidente Luis Lacalle Pou. Es momento de demostrarlo en los hechos, señor ministro.