El déficit en las redes de saneamiento –ni que decir en plantas de tratamiento de fluentes cloacales– es una problemática que se arrastra desde siempre en nuestro país, y salvo avances que se han registrado por ejemplo en áreas urbanas que se han integrado a la red sucesivamente, como es el caso de Paysandú, sin dudas las mejoras tienen significativo retraso ante la demanda y las necesidades de la población.
Es que pese a tratarse de un servicio esencial, las obras que se encaren en el marco de proyectos integrales son realmente costosas, a la vez que en el marco de la acción política de cara a la contienda electoral, son obras que no se pueden exhibir, quedan enterradas, y por ende no son visualizadas por el común de la población, salvo la directamente beneficiada por el emprendimiento de marras.
Lo sabemos bien además en Paysandú, desde que los cuellos de botella, pese a existir proyectos, dan como común denominador una demora que se hace eterna. La planta de efluentes cloacales de la ciudad de Paysandú, que se dio como un hecho durante los últimos tres gobiernos, con proyectos aprobados y prácticamente prontos para ponerse en ejecución, fueron sucesivamente aplazados porque evidentemente las prioridades en el uso de recursos pasaba por otro lado.
Así, pese a fechas concretas anunciadas en su momento para el inicio, la única realidad es que en todos estos años no se ha movido un ladrillo para concretar la obra, y nada indica que en época de restricción presupuestal como la que se está instrumentando, esta vez por la condicionante impuesta por el COVID-19 y sus consecuencias en la economía, pueda hacerse realidad el proyecto.
Esta situación se da en todo el país, menos en Montevideo, donde por su carácter urbano y sucesivos préstamos blandos de organismos internacionales, hay una cobertura de casi el 90 por ciento, y su gestión está a cargo de la Intendencia, que para eso cobra el impuesto correspondiente.
En el Interior, en cambio, la responsabilidad por el saneamiento corresponde a OSE, y la realidad es disímil a la que se da en el área metropolitana, desde que la cobertura por red de saneamiento es del 47 por ciento y el restante 53 por ciento tiene soluciones de fosa séptica o pozo.
El actual subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, José Luis Falero, y el presidente de OSE, Raúl Montero, han considerado en forma conjunta esta problemática con la visión de procurar respuestas en menor plazo a los problemas más acuciantes, apuntando a compatibilizar los requerimientos con la disponibilidad de recursos y la perspectiva de generar respuestas en plazos razonables, en lugar de seguir adelante con proyectos para los que luego no se cuenta con dinero a efectos de su ejecución.
Si bien ambos jerarcas tienen en claro que el tendido de redes de saneamiento es la solución ideal, son conscientes de que para las concreciones deberán pasar décadas, de acuerdo a los antecedentes, debido a lo costo de las obras y las necesidades en la materia en decenas de pequeñas poblaciones del Interior.
Así, según da cuenta el semanario Búsqueda, el presidente de OSE estima que universalizar el servicio de redes de alcantarillado costaría unos dos mil millones de dólares, pero la empresa apenas tiene margen para destinar anualmente unos 15 millones de dólares para obras de este rubro, por lo que de tratarse de un escenario estable, llevaría más de cien años concretar esta universalización, siempre y cuando la demanda no se acelere.
El paliativo en las poblaciones del Interior y periferia de las ciudades es el servicio de barométricas, tanto estatales como privadas, pero se trata de una respuesta a medida de una solución imperfecta, que por sí es cuestionable desde el punto de vista sanitario para el hogar o el emprendimiento que sea. Pero además con el agregado de que los vertidos de las barométricas también dejan qué desear, y en un alto porcentaje se efectúa de forma irregular, con serias dificultades para poder controlar las empresas que se dedican a esta actividad. En este sentido explicó el jerarca que OSE tiene distribuidas en el Interior más de 40 plantas de tratamiento o pretratamiento, y unos cuatro puntos de vertido directo de afluentes. El tema es que la mayoría de estos puntos están en el entorno de las grandes localidades y muchas veces lejos de los poblados más pequeños.
Además, al ser un emprendimiento privado en su gran mayoría, para las empresas de barométricas deja de ser rentable un servicio en el que los camiones deban desplazarse más de 30 kilómetros para depositar su carga, lo que determina que las aguas negras terminan volcándose en vertidos irregulares.
Se trata pues de un desafío con muchas puntas, en el que es preciso conciliar lo mejor con lo posible, y de ahí el dilema en cuanto a las respuestas a ensayar en el marco de políticas consecuentes que atiendan esta realidad tanto desde el punto de calidad de vida de la población como medioambiental.
En este contexto, el subdirector de la OPP señaló que impulsa un proyecto para estas pequeñas localidades, el que tiene su origen en una consultoría que el organismo encargó durante el gobierno anterior, y de la que surgió como un alternativa viable una serie de soluciones de acuerdo al destino del agua tratada, (por ejemplo riego o infiltración) y del tamaño de la localidad, con costos que oscilan entre los 17 y 54 millones de pesos.
En cuanto a la financiación, Falero propone como la opción más viable que los usuarios de estas localidades comiencen a pagar una cuota a OSE, de no más del 50 por ciento de la factura, y que estos fondos se vuelquen a solventar las obras que van a permitir regularizar los vertidos, por lo que se tendría la certeza de que estas aguas servidas no van a dar a la calle.
Esta propuesta sería presentada en breve al congreso de Intendentes, y de manera informal se cuenta ya con el apoyo de varios jefes comunales para aprobar la iniciativa. Fundamentalmente, se trata de obras que no son de gran envergadura que podrían abordarse por OSE y las intendencias sin necesidad de licitar, y que podrían ponerse en marcha rápidamente a través de la firma de convenios entre las partes.
No estamos ante una solución definitiva sino una respuesta temporal y en el mejor de los casos un paso intermedio hacia un proyecto integral, con perspectiva de que sean compatibles con futuras redes de saneamiento, según razonó el presidente de OSE.
Bueno, un paso que si bien es posible y una mejora respecto a lo que se está viviendo, en sus características lleva implícito cual es el grado de las carencias que se viven en el Interior en materia de saneamiento y la orfandad de inversiones en que se ha desenvuelto durante tantas décadas.