La Intersocial de Paysandú rechazó la contratación de un funcionario con antecedentes por “explotación sexual y proxenetismo” y divulgó un comunicado, donde repudia la decisión del gobierno departamental.
“Con los antecedentes de estas personas, está en juego los derechos de niños, niñas y adolescentes porque está en un lugar público y si bien sabemos que cumplió su pena, su caso está relacionado a la trata y explotación de personas, es decir, la vulneración de los derechos humanos”, dijo a EL TELEGRAFO, Silvia Portugal, integrante de la Intersocial.
Enfatizó que el funcionario se encuentra “en un lugar comprometedor para la sociedad. Y más allá que reconocemos que hay hombres que consumen estos servicios, sabemos las lesiones físicas, emocionales y afectivas –más allá de las físicas– que quedan en estas adolescentes”.
El comunicado relata los hechos “relacionados a la contratación por parte de la Intendencia del Sr. Sergio Escobar” y “expresa su repudio ante esa decisión que deja de lado el asesorameinto transparente y adecuado de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali)”. Expresó que “pone un signo de interrogación sobre los criterios con que se resuelve una incorporación de personal con un prontuario de estas características”.
“Creemos que el cumplimiento de una pena no borra los sufrimientos de cientos de mujeres explotadas, maltratadas y abusadas en reiterados delitos comprobados de proxenetismo, trata de personas, lavado de dinero y explotación sexual de menores. La memoria de esas mujeres continúa clamando por una justicia social que no se agota en los procedimientos institucionales, sino que exige una respuesta ética que hoy vemos ausente, especialmente, en este caso por la IDP”, dice el comunicado.
Expresa que “nos preocupa sobremanera que desde la propia Intendencia se de una señal que minimiza la gravedad de este tipo de delitos, que no son delitos comunes. Manifestamos nuestra solidaridad con todas las víctimas de explotación sexual y expresamos nuestro apoyo a todas las mujeres que luchan por sus derechos y contra toda violencia ejercida desde el poder masculino y/o institucional”.
“Bregamos y recordamos a la IDP, que buscamos construir una sociedad donde nunca más haya ‘casitas del parque’, trata y explotación de menores, mujeres agredidas y maltratadas, personas esclavizadas y memorias olvidadas. La IDP, como ejecutivo departamental, se aleja cada vez más de la ciudadanía sanducera y de la tan exaltada transparencia, con gestos políticos como los de estas características”, concluye el comunicado.