Canadá y Uruguay son los países menos corruptos de las Américas según el Índice de Percepción de la Corrupción, un ranking mundial creado en 1995 como producto de investigación insignia de Transparencia Internacional, con sede en Alemania, que se considera el principal indicador mundial de la corrupción del sector público. En su actualización 2020 el informe pone de manifiesto la influencia de la corrupción en la acción de los gobiernos frente a la COVID-19 y advierte sobre el debilitamiento de las normas e instituciones democráticas durante la pandemia.
A nivel mundial, los países con mejores puntuaciones son Dinamarca y Nueva Zelanda, con 88 puntos, seguidos de Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza con 85 cada uno. En las Américas Canadá y Uruguay tienen los mejores resultados, con puntajes de 77 y 71 respectivamente, mientras que Nicaragua, Haití y Venezuela son los peores resultados, con puntajes de 22, 18 y 15 respectivamente.
La pandemia, por su parte, no solo ha puesto de relieve profundas desigualdades sociales y económicas en las Américas y afectado fuertemente las poblaciones más vulnerables, sino que también agravó la corrupción en muchas zonas del mundo.
Al igual que en otras regiones, los gobiernos americanos han tomado medidas extraordinarias para combatir la COVID-19 que generalmente restringieron derechos civiles como la libertad de expresión y reunión, debilitaron los controles y equilibrios institucionales y redujeron el espacio para la sociedad civil.
El informe denuncia la existencia de “una concentración alarmante de poder” en los poderes ejecutivos en países como Colombia y El Salvador, que ha contribuido a una explosión de irregularidades y casos de corrupción asociados con las adquisiciones relacionadas con COVID-19.
Las prácticas de corrupción que destapa el informe son lastimosas y altamente preocupantes en numerosos países latinoamericanos. Por ejemplo, El Salvador sufrió un serio revés cuando se suspendió una importante ley para brindar acceso a la información debido a la pandemia, la cual permitía que los grupos de la sociedad civil pudieran monitorear los fondos del gobierno para las compras relacionadas con COVID-19 para garantizar que el dinero se gaste bien. En este país se descubrió un contrato entre el gobierno y una empresa española de autopartes por valor de 12 millones de dólares para adquirir suministros médicos a un precio excesivo y por otra parte, existen criterios poco claros para elegir a los beneficiarios utilizados en la entrega de cupones de transferencias de efectivo de emergencia.
En Guatemala el Congreso amenazó el derecho a la información con reformas y los ciudadanos se manifestaron contra los recortes presupuestarios a la educación y la salud, y la forma secreta en que estos recortes se negociaron y aprobaron.
En tanto, en Venezuela, la pandemia agravó la crisis humanitaria y la escasez de medicamentos, suministros médicos y equipos esenciales y deterioró la infraestructura hospitalaria. “Durante las últimas dos décadas, el país perdió al menos U$S 5 mil millones debido a la corrupción en el sector de la salud, lo que amenaza la salud y la vida de millones de venezolanos”, señala el informe.
En Ecuador existen 141 investigaciones en curso de contratos corruptos, malversación de fondos y precios inflados de suministros médicos como mascarillas y bolsas para cadáveres y, según el informe, se espera que la aplicación adecuada de la ley anticorrupción aprobada recientemente por la Asamblea Nacional permita mejorar los procedimientos de contratación pública y limitar los abusos.
En relación a Estados Unidos, que fue calificado con 67 puntos -10 puntos por debajo de Canadá y 4 por debajo de Uruguay- el informe destaca como preocupante el ataque de la administración a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, a la ley antisoborno, el desafío de la supervisión de los fondos de ayuda para la pandemia y los esfuerzos para promover afirmaciones falsas de fraude electoral generalizado para socavar una elección presidencial libre y justa”. Específicamente se señala “el despido de los inspectores generales por identificar la corrupción y el fraude en las operaciones gubernamentales y la intervención personal del presidente para presionar a los funcionarios electorales e incitar a la violencia a fin de cambiar los recuentos de votos certificados a su favor se encuentran entre las desviaciones más graves de la práctica democrática ética”.
En relación al COVID-19, en muchos países de las Américas los ciudadanos luchan por acceder a información confiable y actualizada sobre estadísticas de salud y adquisiciones de emergencia. Otro desafío fundamental es garantizar que los fondos y programas para el alivio de la pandemia no se pierdan debido a la corrupción y, fundamentalmente, lleguen a los destinatarios previstos. “No entregar esta ayuda corre el riesgo de aumentar el descontento social, aviva el populismo dañino y crea una pobreza y desigualdad aún mayores”, dice el documento.
En este sentido, agrega que “los gobiernos también deben garantizar que el desarrollo, la compra y la distribución de los tratamientos y vacunas COVID-19 sean transparentes y equitativos” y que “es fundamental que los gobiernos permitan que las organizaciones de la sociedad civil y la prensa funcionen como perros guardianes, haciendo que los políticos y las empresas rindan cuentas” ya que lamentablemente, “con demasiada frecuencia, los gobiernos buscan utilizar estas crisis para obtener ventajas políticas a expensas de la sociedad civil”.
En este sentido y a pesar del buen posicionamiento de nuestro país en materia de transparencia, preocupa la existencia de denuncias de situaciones que podrían afectarla –realizadas recientemente por la oenegé CAinfo-, tales como la negativa del gobierno nacional a informar sobre el volumen de las donaciones y los donantes que contribuyeron al fondo COVID-19, la resolución de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, del 23 de diciembre, en la que declara como “información reservada” todo dato que surja del informe producido por el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable referido al relevamiento de datos en las unidades de transporte colectivo de pasajeros o, para citar otro caso, la sesión “secreta” de la Comisión de Salud del Senado al recibir al ministro Daniel Salinas y al secretario de la Presidencia Álvaro Delgado para hablar de las gestiones por compra de vacunas.
El acceso y la libre circulación de la información constituyen dos pilares fundamentales del funcionamiento democrático y, en el contexto actual constituyen un elemento central para la protección de la salud de la población. Sigamos por la buena senda en la que estamos desde hace unos años como uno de los países menos corruptos de nuestro continente y el mundo.