El senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, participó en un plenario organizado por la Intersocial Paysandú, donde explicó los alcances de la recolección de firmas para derogar 135 artículos de la Ley 19.889 de Urgente Consideración (LUC). El legislador criticó el “retroceso” que plantea la ley y precisó que algunos artículos “van en contra” de lo que señalan expertos en Derecho Penal y en Derechos Humanos.
Explicó que uno de sus artículos refiere a “la reglamentación del derecho de huelga. Creo que si los trabajadores del citrus se manifiestan frente a la empresa no puede ser despedidos, eso está mal. La LUC establece que eso es notoria mala conducta y permite que el empresario lo pueda despedir”. Según Andrade, “esas medidas sobre derechos humanos fundamentales nos parece que no se pueden tomar de esa manera porque termina generando una condición de discrecionalidad patronal”.
El senador comparó esa realidad con las medidas tomadas por el gobierno, “para que el BPS deje de controlar los laudos en beneficio de las empresas que falsifican documentación, achicando sus multas a la mitad. O el recorte a la mitad del plazo para el reclamo de un trabajador. Ha recortado casi a la mitad el viático a los desocupados que hacían cursos de formación profesional y acaba de tomar una medida para que IRPF se pague más caro”.
Reconoció que la LUC “es un programa de gobierno que encierra un conjunto de componentes que no estaba en el programa de gobierno y, por lo tanto, no fueron puestos a consideración de la ciudadanía. Lo reviso y en ninguna parte de la campaña electoral estuvo planteado que la respuesta al hurto podía ser el homicidio”.
Andrade consignó que “el hurto está muy mal pero no puede ser que ante cualquier bien patrimonial se establezca el sentido de legítima defensa. No solo a nosotros, que juntamos las firmas con esto, sino a la cátedra de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de la República, a la cátedra de Derecho Penal de la Universidad Católica y a todos los especialistas en Derechos Humanos, les parece una barbaridad”.
Recordó que “el pueblo uruguayo votó en contra de la baja de la edad de imputabilidad. Duplicarle la pena a los adolescentes, las penas mínimas y las máximas, es generar una condición tremendamente regresiva. Se da la posibilidad al juez que incremente las penas, cuando tenemos la menor cantidad de adolescentes privados de la libertad de la última década”.
ARTÍCULOS A CONSIDERACIÓN
El senador enumeró que recogen firmas para considerar “si un funcionario tiene la discrecionalidad para resolver qué informaciones sean secretas y no pueda acceder a esta información ni la Suprema Corte de Justicia ni el Parlamento, aunque esta información pueda estar relacionada a Derechos Humanos”.
Aseguró que “no quiero vivir en un país donde se adjudiquen adopciones de hecho, sin participación del Estado, porque eso genera condiciones para la trata donde no participan los servicios del INAU”.
Por otro lado definió que el país “retrocede y pierde una tradición de cien años, relacionado a la integración de los consejos de educación por parte de los docentes. Por primera vez no tendremos a los maestros integrados al Consejo de Educación Primaria. Es un retroceso contra las mejores tradiciones varelianas, batllistas y a las mejores corrientes educativas blancas de Pivel Devoto, que defendió largamente la autonomía”.
Según el legislador, “las medidas relacionadas a la legítima defensa, que va a hacer explotar al sistema penitenciario, tiene a sus especialistas en contra. Un sistema tan grande termina siendo infinanciable y muy pobre en respuestas educativas, que multiplica los problemas de seguridad”. Agregó que la LUC, contiene “medidas para alivianar el control financiero de activos. Los expertos en lavados de activos nos reconocieron que traerá problemas. El narcotráfico precisa donde lavar”.
Opinó que esta ley afectará al Instituto Nacional de Colonización (INC). “En la LUC tenemos la desafectación de cerca de cien mil hectáreas. Recordemos que 160.000 hectáreas fueron entregadas en los últimos 30 años y hay que relacionarla con el presupuesto. Se le recortó el 90 por ciento de los recursos. Ningún área del Estado fue tan golpeada como el INC”.
Destacó “el desalojo exprés” y aseguró que “hay más de 2.000 familias que hoy tienen alquiler sin garantías, desde antes de la LUC”. Detalló que en relación a este aspecto, contenido a partir del artículo 421, “lo único que se agregó es que, aunque el inquilino sea buen pagador, en pocos días terminan en la calle y en medio de una pandemia. Nosotros criticamos ese nivel de mercantilización de la vivienda. Ese mismo nivel hizo que pasáramos en la Ley de Presupuesto de una inversión de 317 millones a otra de 167 millones. Es un recorte brutal”.
Lo que votó el FA
El Frente Amplio votó al menos el 48% del contenido de la LUC. Andrade reconoció que la votación afirmativa correspondió, “por ejemplo, a una tímida mejora de las pensiones de las víctimas de violencia, que fueron creadas por el Frente Amplio. Votamos la creación del Instituto de Bienestar Animal, una vez que logramos que se sacara de la versión original la práctica de métodos no eutanásicos. Hay decenas de artículos que nos parecen una medida sensata”.
Opinó que “es una lectura no sustantiva de la cantidad de artículos votados por el Frente Amplio. En la versión original, había un artículo que tenía la desmonopolización de Ancap. Un solo artículo trataba el derecho de huelga, dos artículos trataban la manifestación callejera y dos artículos trataban Antel. Esos 6 artículos pesaban más que cientos de artículos en la LUC”.